Solicitantes de asilo proyectan sombras en una pared mientras forman una cola para ser procesadas por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. después de cruzar el Río Bravo hacia los Estados Unidos desde México en Roma, Texas, el 12 de agosto del 2021. / Foto: Reuters.

WASHINGTON D.C. El gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer una propuesta el miércoles para acelerar el manejo de las solicitudes de asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para abordar un récord de aproximadamente 1,3 millones de casos acumulados.

Según el plan propuesto, los solicitantes de asilo que establezcan que tienen un temor creíble de persecución y se coloquen en procedimientos de deportación acelerados podrán hacer que sus casos sean escuchados y decididos por los oficiales de asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), en lugar de por jueces de inmigración, que suelen estar abrumados por los casos.

La nueva directriz cambia lo que sucede después de la evaluación inicial, que se espera que ahora se considere una solicitud de asilo.

«Las personas que son elegibles recibirán ayuda más rápidamente, mientras que las que no sean elegibles serán expulsadas ​​rápidamente», dijo el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. «Estamos construyendo un sistema de inmigración que está diseñado para garantizar el debido proceso, el respeto la dignidad humana y promover la equidad».

En cualquier caso, quienes reciban un resultado negativo en la etapa inicial podrán apelar ante los tribunales de inmigración administrados por el Departamento de Justicia.

Aunque no se espera que la regla se implemente durante meses, tiene el potencial de cambiar la dinámica del sistema de asilo de EE. UU., lo que lleva a decisiones de asilo más rápidas y a una disminución de los casos que abarrotan el atraso de la corte de inmigración.

Pero algunos defensores de la inmigración y los derechos humanos se muestran escépticos ante la reestructuración propuesta del sistema.

Algunos acogieron con agrado la propuesta, pero expresaron su preocupación por el uso repetido del término “expulsión acelerada”, un proceso en el que se acelera la expulsión de los migrantes a sus países de origen si los oficiales de inmigración estadounidenses concluyen que no presentan casos de asilo válidos.

Esa determinación también se toma sin que los migrantes comparezcan ante un juez de inmigración. Los niños no acompañados que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos están exentos de la política.

«La regla propuesta podría usarse y abusarse para apresurar a los solicitantes de asilo a través de adjudicaciones sin tiempo suficiente para asegurar representación legal, reunir pruebas o preparar sus casos, lo que lleva a las agencias estadounidenses a volver a perseguir a las personas que realmente califican para el asilo», dijo a la Voz de América en un correo electrónico, Eleanor Acer, directora de protección de refugiados de la organización Human Rights First.

También explicó que la pauta propuesta le daría a un migrante solo la oportunidad de una «revisión» de la corte de inmigración en lugar de una audiencia real si el oficial de USCIS no aprueba la solicitud de asilo de la persona.

Bajo el sistema actual, aquellos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y son colocados en un proceso de deportación acelerada reciben una entrevista de “temor creíble” con un oficial de asilo. Si el funcionario de inmigración aprueba el caso, el migrante es trasladado al sistema judicial de inmigración donde se presenta la solicitud de asilo. Un juez de inmigración decide sobre el caso, un proceso que puede tardar años en resolverse.

Si un migrante no pasa la entrevista inicial de “temor creíble”, la persona es expulsada del país sin ver a un juez. Sin embargo, Mayorkas dijo que se espera que la regla le dé al gobierno de Estados Unidos la «capacidad de considerar más rápida y eficientemente las solicitudes de asilo de personas capturadas en la frontera o cerca de ella al tiempo que garantiza una equidad fundamental».

Fuente: Voanoticias.com

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La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, habla junto a líderes comunitarios durante su primer viaje a la frontera sur, en El Paso, Texas, en junio de 2021. / Foto: Reuters.

Varios meses después de nombrar a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de la política migratoria, la administración del presidente Joe Biden ha sacado a relucir, a modo de seguimiento de la situación, los avances en su gestión, en un momento en que el país se enfrenta a un notable aumento de llegadas por la frontera sur.

Según dijo un alto funcionario durante una conferencia telefónica, la Casa Blanca ha destinado 300 millones de dólares en ayuda humanitaria para Centroamérica, epicentro del flujo de inmigrantes irregulares que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Al menos 250 millones de dólares tienen como fin ayudar a los necesitados en toda la región.

La política inmigratoria de Biden se ha centrado en potenciar las oportunidades económicas de los países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) para hacer que la gente no huya de esos lugares.

Los republicanos han criticado a la administración demócrata por permitir lo que consideran una «crisis» en la frontera sur, mientras que el gobierno de Biden ha negado que la situación sea crítica. La vicepresidenta Harris también fue criticada por tardar meses en visitar la frontera con México.

En este sentido, se informó que Harris ha establecido los contactos pertinentes con socios internacionales de Estados Unidos “para resaltar las necesidades de esta región”. Harris visitó en mayo Guatemala y México, en lo que fue su primer viaje oficial a la región, donde habló de la necesidad de cooperación entre las partes interesadas en el tema migratorio.

La importancia de la inversión privada

El gobierno de Estados Unidos, informaron los funcionarios durante la llamada, sigue trabajando para promover un entorno favorable para la inversión en la región y que así los nacionales no tengan que apelar a la opción de emigrar, aquejados muchas veces por el azote de los desastres natural.

Otro alto funcionario de la administración dijo que Estados Unidos busca construir una coalición con el sector privado para así poder implementar la estrategia de ayuda a Centroamérica. “Si Estados Unidos busca promover un clima de inversión sólido en estos países, querrá crear empleos en los que la gente quiera quedarse”, apuntó.

La semana pasada el Ministerio Público de Guatemala destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval, quien estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La medida ha sido calificada por Estados Unidos como una muestra de falta de compromiso con la independencia judicial en la nación.

Al respecto, una de las funcionarias dijo el miércoles que Washington ha decidido “suspender algún tipo de asistencia a la oficina del fiscal general” en aquel país.

Además, adelantó otra funcionaria, Washington busca “fortalecer el asilo en toda la región, como México y Costa Rica, para que las personas tengan varias opciones donde puedan acceder a los oficiales de protección internacional”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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