El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos por un período de tiempo limitado.

Más de medio año después de que la administración Biden echara a andar, el futuro de un programa humanitario estadounidense de décadas de antigüedad, y el destino de cientos de miles de inmigrantes que dependen de él, sigue siendo turbio, lo que siembra confusión y ansiedad entre sus beneficiarios.

Concedido a ciudadanos de ciertos países devastados por conflictos armados o desastres naturales, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos por un período de tiempo limitado.

La administración del expresidente Donald Trump buscó poner fin a las protecciones temporales para los ciudadanos de varios países, lo que provocó desafíos judiciales y generó dudas sobre el futuro del programa, que el Congreso estableció en 1990.

La administración Biden ha utilizado su autoridad ejecutiva para extender el TPS y eliminar la amenaza inmediata de deportaciones. Pero a pesar de la «postura amistosa» de la administración actual hacia los beneficiarios del TPS, persisten preguntas sobre la funcionalidad a largo plazo del programa mientras continúa la mediación derivada de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), según Julia Gelatt, analista de políticas senior del Instituto de Políticas Migratorias.

«No sabemos qué se está negociando exactamente, cómo sería un acuerdo», dijo Gelatt a la Voz de América. «¿Restauraría el TPS para todos estos países o para algunos de estos países?»

Si bien la administración Trump hizo hincapié en el componente «temporal» del TPS, los defensores de los inmigrantes están presionando a la administración Biden para que proteja a los beneficiarios durante el mayor tiempo posible y amplíe el programa.

«Hay una campaña activa para persuadir a la administración Biden-Harris para que otorgue una nueva designación de TPS para personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que ya residen en los Estados Unidos», dijo Oscar Chacón, director ejecutivo del grupo de defensa de inmigrantes, Alianza Americas, en un correo electrónico a la Voz de América. «Tal decisión mantendría cubiertas a las personas actualmente protegidas, pero también extendería la protección a más personas».

Chacón agregó que si bien el estatus migratorio de la mayoría de los beneficiarios de TPS es seguro por ahora, las interrupciones han afectado la capacidad de algunos para renovar permisos de trabajo y obtener otros documentos.

«Los empleadores pueden negar el empleo o incluso rescindir el empleo debido a ello. Otra área de desafíos se relaciona con las tarjetas de identificación o las licencias de conducir estatales. Las agencias de vehículos motorizados pueden denegar la emisión de identificaciones o licencias de conducir debido a la incapacidad de presentar documentos de autorización de empleo que demuestren que son válidos», dijo Chacón.

Antecedentes variados

Actualmente, 12 países tienen designaciones de TPS: El Salvador, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Las circunstancias que traen a los beneficiarios a Estados Unidos son tan variadas como los países de los que parten.

Yanira Arias huyó de la violencia de género y el acoso casi constante en El Salvador, y llegó a Nueva York en 2000 a los 27 años.

«No fue solo una lucha satisfacer mis necesidades, sino también asegurarme de llegar sana y salva a casa. Entonces, todo eso junto fue mucho estrés, y tomé la decisión de irme del país «, dijo a la VOA.

Un año después, El Salvador fue devastado por poderosos terremotos que dejaron más de mil personas muertas y más de un millón sin hogar. El costo de reconstrucción se estimó en 2.800 millones de dólares.

El desastre llevó al gobierno de Estados Unidos a designar a El Salvador para TPS. Arias le dijo a VOA que inicialmente se mostró escéptica al respecto.

«No sabía sobre el TPS. No estaba muy segura de si debía hacerlo. Tenía tantas preguntas, pero al mismo tiempo, también estaba ansiosa porque sabía que no tenía un estatus [legal], y ya sabía lo que significaba ser alguien sin estatus en Estados Unidos y el riesgo de ser indocumentado”, explicó.

Finalmente, solicitó y recibió la protección, lo que le permitió trabajar para grupos sin fines de lucro que abogan por las mujeres latinas, las víctimas del SIDA y las comunidades de inmigrantes.

El TPS se ha renovado repetidamente para los nacionales de El Salvador y otros países, generalmente a intervalos de 18 meses. Aunque agradecida por el programa, Arias dice que la planificación a largo plazo es imposible para ella.

«No puedo invertir en algo permanente (…) La incertidumbre de: ¿y si este año, esta es la última vez que voy a recibir una extensión de 18 meses? ¿Qué voy a hacer?», sostiene. «Ya hui de El Salvador porque casi me matan. Entonces, volver a eso es un mundo muy aterrador».

La residencia permanente solicitada

Octubre promete ser un mes fundamental para los titulares de TPS, ya que expirarán las extensiones de protección ordenadas por la corte. Los defensores de los inmigrantes esperan que las negociaciones con la administración Biden produzcan acuerdos que protejan a aquellos cuyo estatus fue amenazado durante la administración de Trump.

En medio de la incertidumbre, Chacón, Arias y otros instan a los legisladores estadounidenses a enmendar el TPS para que los beneficiarios a largo plazo sean elegibles para la residencia legal permanente en los Estados Unidos.

«Estamos tratando de explicarles a los miembros del Congreso que, independientemente de tener nuestras prórrogas -y sí, no se nos ha entregado una orden de deportación- es muy difícil vivir de esta manera», dijo Arias.

Los demócratas del Senado están presionando para otorgar estatus legal a potencialmente millones de inmigrantes indocumentados, intentando incluir la medida en una propuesta de presupuesto emergente. Los defensores de los inmigrantes dicen que las reformas del TPS debería agregarse al documento.

En un tuit reciente, el líder republicano del Senado Mitch McConnell criticó la provisión de «amnistía en medio de una crisis fronteriza» y condenó la propuesta de presupuesto como «una serie de malas ideas».

Fuente: Vozdeamerica.com

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El TPS es un permiso migratorio que permite a los nacionales de determinados países donde ha habido un desastre natural o un conflicto armado vivir y trabajar en EE.UU. Foto: Reuters

WASHINGTON DC – Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron reacios el lunes a permitir que beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que hayan entrado al país de manera irregular puedan recibir una residencia permanente.

Los abogados de una pareja de salvadoreños, José Sánchez y Sonia González, apelaron el caso en última instancia después de que una corte federal en Filadelfia fallara en su contra, impidiéndoles recibir una residencia porque entraron de manera irregular al país.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el partido Demócrata enviaron al Congreso un proyecto de ley de reforma migratoria en el que se incluye ofrecer una vía a la residencia permanente para los más de 400.000 beneficiarios del TPS, sin importar si entraron de manera irregular al país en algún momento.

No obstante, el Departamento de Justicia, que representa al Gobierno estadounidense en el caso, está argumentando en contra de las demandas de los beneficiarios del TPS en la corte, siguiendo la misma línea tomada por la administración del expresidente Donald Trump.

La ley federal requiere que las personas que solicitan una residencia permanente hayan sido “admitidas” en EE. UU. y la pregunta en este caso es si las personas a las que les fue concedido el TPS y que hayan entrado al país de manera irregular califican como tal.

Sánchez y González entraron en territorio estadounidense de manera irregular en los 90 y se acogieron al TPS en 2001, cuando el gobierno estadounidense concedió el beneficio migratorio a los salvadoreños después de una serie de terremotos que azotaron su país.

En 2006, la empresa donde trabaja Sánchez presentó un permiso de trabajo para ella y los funcionarios de migración lo aprobaron, pero su posterior petición de residencia permanente fue rechazada porque había entrado de manera irregular al país anteriormente.

Los jueces más conservadores de la corte expresaron sus dudas sobre si se debe permitir que las personas como Sánchez y González reciban la residencia permanente, conocida también como green card.

“Claramente no fueron admitidos en la frontera, entonces ¿es eso una ficción? ¿es algo metafísico? No lo sé”, dijo el juez Clarence Thomas en la audiencia celebrada el lunes, según las transcripciones publicadas por la corte.

En la misma línea, el juez Brett Kavanaugh expresó sus dudas sobre la interpretación de la ley migratoria: “Eso me planteó la cuestión de que tenemos que ser cuidadosos con modificar los estatutos de migración tal cómo están escritos”.

Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, nombrada por el expresidente Barack Obama, se posicionó a favor de los beneficiarios del TPS: “Simplemente me parece que, si nos están pidiendo que encontremos la mejor lectura de un estatuto, deberíamos ceñirnos a sus términos. Esa gente ha sido admitida”, dijo al abogado del Departamento de Justicia, Michael Houston.

El TPS es un permiso migratorio que permite a los nacionales de determinados países donde ha habido un desastre natural o un conflicto armado vivir y trabajar en EE.UU. Actualmente el gobierno mantiene este estatuto para los nacionales de 12 países, incluyendo Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Fuente: Voanoticias.com

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