Beneficiarios del TPS concentrados este martes frente a la Casa Blanca para pedir a la Administración Biden una reasignación del estatus y otras vías legales de permanencia en Estados Unidos ante las dificultades económicas que atraviesan sus países. [Foto: Tomás Guevara, VOA]

Las condiciones económicas y sociales, el impacto del cambio climático, la violencia y la falta de empleos en Honduras y El Salvador son elementos considerados por un equipo de expertos que ven «complicado» el retorno forzado de emigrantes en EEUU si termina el TPS.

WASHINGTON — La salvadoreña Doris Landaverde trabaja como guarda de seguridad en la prestigiosa Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS) que adjudicó Estados Unidos en 2001 a cientos de miles de ciudadanos de El Salvador; por ello, su trabajo y su vida penden de cada decisión del gobierno estadounidense sobre si revalidar o no este permiso con lo que la “amenaza” de ser deportada a su país ensombrece su situación y la de su familia.

El volver a El Salvador lo ve como el “peor de los escenarios” con todo su vida laboral y sus aportaciones a Estados Unidos. “Aunque aquí la situación de nosotros como trabajadores es complicada por el costo de vida que aumenta y aumenta, no se compara con los que nos esperaría de ser obligados a retornar a nuestros países”, dice.

A la fecha, El Salvador es el país con el mayor número de inmigrantes amparados por el TPS a partir de los registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que -hasta la cancelación del beneficio en el año 2018- calculaba unos 198.000 salvadoreños protegidos por este estatus legal, seguido de Honduras con unos 60.000.

El economista William Pleites, que hasta 2021 dirigió la segunda fase del programa Fomilenio en El Salvador con la dotación de más de 700 millones de dólares de la Corporación Retos del Milenio (MCC) en Washington, considera en el informe ‘El Salvador: condiciones de país’ que la vuelta forzada de cerca de 200.000 salvadoreños y sus grupos familiares sería difícil de absorber para una economía que no logra ni suplir las necesidades de empleo de sus nacionales, con un déficit superior a las 40.000 plazas de trabajo cada año.

“Deportar a inmigrantes salvadoreños residentes en EEUU profundizaría las ya terribles condiciones socioeconómicas de El Salvador y crearía condiciones propicias para el malestar político y la desestabilización”, considera el estudio, que desglosa algunas variables para entender la dimensión del problema.

Landaverde se ve reflejada en esos datos y dice que “nosotros somos parte fundamental de la economía de Honduras y El Salvador”, por las aportaciones que como inmigrantes “hacemos” a esos países a través de remesas destinadas a las familias.

Landaverde habló con la Voz de América este lunes en el marco de una asamblea general de beneficiarios del TPS organizados en comités de apoyo de todo Estados Unidos y reunidos en las afueras de Washington para mantener “la lucha” para la vigencia del estatus legal cancelado por la administración del expresidente Donald Trump entre 2017 y 2018 a seis países que tenían el programa.

La investigación, que los tepesianos usaron este martes en múltiples encuentros en oficinas de congresistas y senadores también apunta a una disminución en remesas que supondría hasta 1.200 millones de dólares cada año, lo que fomentaría un incremento en la pobreza.

“Las tasas de pobreza aumentarían en 10 puntos porcentuales, el desempleo y subempleo afectaría aproximadamente a dos tercios de la población económicamente activa”, dice la investigación.

Múltiples factores

Cecilia Menjívar, socióloga y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), coordinó el estudio en la parte de Estados Unidos y revisa la situación de la clase del TPS para consolidar los datos y el impacto que supone en los países.

Al presentar los resultados este lunes en una presentación virtual para los miembros de la Alianza Nacional del TPS, reunidos en Maryland, dijo que está claro que “ninguno de los dos países” reúne las condiciones necesarias para recibir a sus emigrantes ante una terminación definitiva del TPS que les obligaría a volver.

En la actualidad unos 350.000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal siguen amparados en Estados Unidos mientras corren en cortes federales litigios con demandas interpuestas contra la anterior Administración aduciendo ilegalidad en la cancelación del beneficio migratorio.

Para Menjívar las condiciones socioecómicas en los países con el mayor número de beneficiarios del TPS indican que se van sumando nuevas preocupaciones que hacen más difícil el retorno de los inmigrantes.

Ya no sólo es la pobreza, violencia y la inseguridad –dijo- temas más actuales se suman a las preocupaciones como los efectos del cambio climático.

“Una cosa que encontramos en el caso de Honduras y también en El Salvador -pero más amplificado en el primero- es que el cambio climático es otro factor nuevo que se agrega al impacto a las condiciones existentes. Honduras ocupa el segundo lugar de mayor riesgo de vulnerabilidad a este fenómeno, y en los últimos años este país ha perdido un 3,3 de su Producto Interno Bruto (PIB) debido al cambio climático”, dice la experta.

Menjivar y Pleites basan su investigación en datos oficiales de los gobiernos de las dos naciones centroamericanas y los de organismos internacionales que compilan bases de datos para leer las perspectivas de empleo, inversión extranjera, atención en salud, educación, seguridad social y los reportes de violencia e inseguridad en esos países.

Datos para no volver

José Palma otro salvadoreño beneficiario del TPS y organizador nacional del movimiento que busca soluciones a la cancelación del estatus, le dice a VOA que los datos de esos estudios refuerzan los planteamientos que como colectivo hacen a las autoridades de Estados Unidos para mantener activo el beneficio.

Esos estudios -dice Palma- permiten mostrar “ese ángulo económico” porque aunque los gobiernos de los países centroamericanos digan que “están en buena dirección, estas clases de reportes muestran que nuestros países todavía necesitan apoyo de la comunidad tepesiana porque no está en capacidad de recibirnos con nuestro grupo familiar”, opina.

El estudio concluye que tanto las economías salvadoreña y hondureña “no están generando los empleos necesarios para absorber la demanda”, en los 25 años pasados la economía salvadoreña solo ha generado un promedio de 13.000 empleos cada año y la economía formal ha ido decreciendo en comparación con el crecimiento de su población desde 1989.

Según datos comparativos de diferentes fuentes “un 60 % de la fuerza laboral está subempleada”, muy parecido con Honduras, con la diferencia que el vecino salvadoreño encara aún más retos por extrema pobreza generalizada.

Cecilia Menjívar agrega que antes de iniciar la pandemia de COVID-19 Honduras tenía un 71,5 % de la población en pobreza, es decir unos 9,5 millones de habitantes, y “un 25,2 % en pobreza extrema”.

A un año de haber iniciado la pandemia los indicadores se habían disparado “Para 2021, el 73,6 % de la población del país vivía en la pobreza; la parte de aquellos que vivían en la pobreza extrema habían aumentado a un asombroso 53,7 % de la población» razonó la investigadora”.

Mardoel Hernández, hondureño beneficiario del TPS comenta a la VOA que ver esa información que pone en línea a dos países lleva a entender que “compartimos esos índices” y que atrás de esos números se refleja la migración forzada que sigue saliendo de las naciones, especialmente con la intención de llegar a Estados Unidos un país que cuestiona si continuar o no con el estatus legal para miles de centroamericanos.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Cientos de trabajadores beneficiario del TPS en concentración frente al Capitolio en Washington DC el lunes 20 de septiembre en petición por una residencia permanente ante su estatus temporal de más de dos décadas. [Foto VOA/Tomás Guevara]

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal presionan en Washington para que el Senado discuta legislación que facilite paso a la residencia permanente.

WASHINGTON DC —Cientos de beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) agrupados en la Alianza Nacional volvieron a Washington DC este lunes para hacer presión por un paquete de ajuste que les facilite un camino al a residencia permanente cuando en cortes federales siguen litigios luego de que se les cancelara la protección en 2018.

El coordinador nacional de la organización José Palma, quien llegó a Washington DC desde Boston, Massachussets, consideró en declaraciones a la Voz de América que la apuesta de impulsar una legislación que les ampare y evite que más de 319.000 trabajadores entren en listas de deportación es «una decisión política».

”Sabemos que la decisión de darnos residencia permanente es una decisión política, y todavía el Partido Demócrata puede empujar una residencia permanente para nuestra comunidad inmigrante”, comentó Palma.

En la antesala de la actividad de este lunes, la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó los planes del ala demócrata de incluir en el proyecto de Ley de Presupuesto un plan para que beneficiarios de TPS y del Programa de Acción Diferida (DACA) y otros inmigrantes con posibilidades de tener acceso a la residencia permanente entraran dentro del proyecto general.

La noticia cayó como balde de agua fría a la organización de beneficiarios del TPS que llegaron a Washington DC para persistir en el que consideraban el tramo final de su lucha por obtener un estatus permanente.

MacDonough es una intérprete imparcial de las reglas de procedimiento del Senado, cuyo cargo no es de elección popular y llegó a la silla de la Cámara Alta en 2012 bajo la presidencia del pleno del senador demócrata Harry Reid.

Con el escenario trastocado, los cientos de manifestante, entre ellos jóvenes hijos de beneficiarios del TPS recorrieron las calles céntricas de Washington DC para llegar a la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca y luego al pie del Capitolio de cara a la Explanada Nacional.

La joven Crista Ramos, demandante en la querella Ramos vs. Nielsen habla con la Voz de América sobre el caso por el que se mantiene vigente el TPS bajo las medidas cautelares de las cortes federales, que obligan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a emitir prórrogas automáticas mientras no exista un veredicto judicial definitivo.

Dice que las malas noticias han estado ahí desde el año 2017 cuando la administración del entonces presidente, Donald Trump, decidió cancelar el TPS a los primeros países que les iba venciendo la última reinscripción de la era Obama, pero Ramos asegura que cada paso les hace más fuerte en su lucha.

Esta joven californiana cree que cada fase les genera más fortaleza, pero también dice que a los jóvenes cuyos padres están amparados por el TPS, les impulsa a un mayor compromiso de seguir luchando al gozar ellos de plenos derechos como ciudadanos estadounidenses.

“Yo les digo a los niños de tepesianos que no se han unido a nuestra lucha que se unan porque nosotros tenemos una voz diferente, muchos de nosotros somos menores de edad y es una violación a nuestros derechos que nos quieran hacer decidir entre nuestro país y nuestras familias”, dijo Crista a la VOA.

Los beneficios del TPS llegados desde Nebraska, Carolina del Norte, Georgia, California y ciudades de la costa este y el Área Metropolitana de Washington coinciden en que no descansarán; hoy por hoy acuñan el lema “nuestras vidas no son temporales”.

Cecilia Martínez, salvadoreña y organizadora de la Alianza Nacional TPS en Long Island, Nueva York, comentó a la Voz de América que los altibajos en los procesos judiciales que han recibido durante cuatro años de organización les han hecho más fuertes. Sin embargo, reconoce echar de menos que no se sumen más beneficiarios del TPS para impulsar la lucha.

Según un estudio presentado el 16 de septiembre por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) los datos actualizados del TPS indican que el padrón actual reúne 319.500 inscritos, la mayoría salvadoreños 198.400, seguido de hondureños con otros 60.400. Nicaragua aún tiene unos 3.200 con lo que los centroamericanos representan el 82% de todos los beneficiarios del TPS entre los 11 países designados.

Ante el revés del domingo al plan demócrata de incluir en el plan de 3,5 billones de dólares del presupuesto una vía para los TPS, los liderazgos en ambas cámaras del legislativo federal mostraron decepción ante la decisión tomada por la parlamentaria que frenó el proceso porque violaba las reglas de procedimiento.

Los jefes en la Casa de Representantes y el Senado han dicho que intentarán encontrar otras formas para encaminar hacia el estatus legal a los “soñadores” y a los beneficiarios del TPS considerados “trabajadores esenciales del país”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Activistas en favor de la comunidad TPS se manifiestan en Freedom Plaza, en Washington DC, el 30 de abril de 2021. Foto: Cortesía

WASHINGTON DC – Decenas de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) culminaron este viernes una huelga de hambre de 43 días en el centro de Washington DC, con la que han buscado enfatizar su lucha y hacer que la Casa Blanca y Senado no olviden que hay más de 300.000 trabajadores inmigrantes con al menos 400.000 niños nacidos en Estados Unidos, por tanto ciudadanos estadounidenses que esperan una acción legislativa.

Los representantes de la Alianza Nacional TPS que aglutinan a decenas de comités de portadores del estatus legal, a los que les fue cancelado el beneficio entre finales de 2017 y principios de 2018, ven ahora que su lucha tiene eco en los círculos políticos de Washington; pero dicen que es momento de incentivar a más tepesianos a nivel nacional a no despegar el pie de acelerador si quieren lograr su objetivo.

En un acto celebrado la tarde de este viernes en Freedom Plaza, a escasas tres cuadras de la Casa Blanca y a dos millas del Congreso, dirigentes de la Alianza Nacional, procedentes de al menos 35 estados, miraron en perspectiva su lucha y dicen estar listos para seguir articulando esfuerzos para su causa.

Mardoel Hernández coordinador de la organización en el Área Metropolitana de Washington comentó a la Voz de América que se ha llegado a un punto en el que no hay marcha atrás, y que quedarse sentada y esperar acción propia desde los políticos sería un craso error.

“No podemos quitar el pie del acelerador, entendemos que estamos cerca de conseguir nuestro objetivo, pero también entendemos que si nos quedamos sentados nada va pasar y vamos a volver otra vez a la incertidumbre y donde cualquier persona puede llegar a la administración y terminar con nuestro beneficio, pero solo juntos lo vamos a lograrlo”, explica Hernández.

Sus palabras se sustentan ante el reto que hiciera el presidente Joe Biden, en su discurso ante ambas cámaras del Legislativo en el marco de los primeros 100 días de su mandato, donde instó a los legisladores a aprobar este año una legislación que de a unos 300.000 inmigrantes con TPS, y a los más de 600.000 jóvenes amparados al Programa de Acción Diferida (DACA) un camino a la residencia permanente.

El salvadoreño Arenivar Cruz, quien llegó a la capital estadounidense este día desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, un estado hostil por la retórica antiinmigrantes que tomó mayor auge durante la era de Donald Trump, quien canceló el beneficio migratorio a los miles de trabajadores procedentes de seis países; El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sundán y Nepal.

Pero Cruz dice que de forma proactiva los comités de la Alianza Nacional TPS en ese estado sureño se han acercado a los dos senadores republicanos, Richard Burr y Thom Tillis, quienes se han comprometido a apoyar una legislación que beneficie a los trabajadores con TPS.

Sin embargo, hasta ahora el liderazgo demócrata de la Cámara Alta dirigido por el senador Chuck Schumer no ha puesto en agenda para discutir ninguna de las propuestas de ley que ofrecen un camino a la residencia permanente con paso a la ciudadanía para los grupos de inmigrantes amparados al TPS y DACA, como les pidió Biden la noche del miércoles.

Cecilia Flores Ayala, demandante en uno de los procesos judiciales que mantienen vigente el TPS, opina a la VOA que ante la falta de acción política para resolver su situación, impera aún el miedo en estos inmigrantes. Sostiene que esperaban más de la Administración Biden, acciones como les prometió durante la campaña.

Flores Ayala confiesa que esperaba que en los primeros 100 días de la era Biden el TPS fuera reactivado mientras se seguían las discusiones para propiciar una ley que facilitara la residencia permanente en base a que, no solo son los más de 300.000 inmigrantes directamente afectados, sino que cualquier decisión arrastra a sus núcleos familiares, donde hay al menos unos 400.000 niños hijos de tepesianos y nacidos en Estados Unidos con derechos de ciudadanos.

Fuente: Voanoticias.com

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Beneficiarios del TPS y sus familiares marcharon en Washington DC para pedir al gobierno del presidente Joe Biden una solución permanente a su situación. Foto: VOA/Iacopo Luzi

WASHINGTON DC – Cientos de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus familias protestaron el martes en Washington DC, frente a la Casa Blanca, pidiendo al Congreso y al presidente Joe Biden que adopten medidas para ofrecer una vía a la ciudadanía a los casi medio millón de personas bajo el programa.

El jueves, el gobierno de Biden presentó en el legislativo una propuesta de ley de reforma migratoria que incluye un camino a la ciudadanía para los cientos de miles de personas que tienen el TPS en el país.

Los familiares de las personas beneficiarias del TPS pidieron a los líderes del Congreso que se tome “acción inmediata” respecto al proyecto de ley.

«Por la experiencia que hemos tenido ya en el pasado, sabemos que si no pasa en estos días, nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS», dijo a la Voz de América, Doris Mandaverde, beneficiaria del TPS y originaria de El Salvador

“Después de vivir en EE.UU. por casi dos décadas, tener hijos estadounidenses y ser contribuyentes claves a la economía creemos que una residencia permanente está pendiente”, reclamaron los organizadores de la marcha en un comunicado.

El gobierno del expresidente Donald Trump buscó acabar con el TPS, que beneficia a nacionales de 10 países, pero fue desafiado en las cortes por organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes.

«Gracias a Dios que ya lo conseguimos y sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA. Pues, vamos a continuar luchando por una residencia permanente que ya es hora», contó a la VOA Ricardo Monroy, miembro del la organización Alianza Nacional TPS.

El TPS es un beneficio migratorio que permite a los migrantes de determinadas naciones, que ya están en EE. UU., vivir y trabajar legalmente en el país. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el TPS se asigna a países en los que hay un conflicto armado, haya sucedido un desastre natural o otras “condiciones extraordinarias”.

Actualmente, EE. UU. concede el TPS a los nacionales de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití. Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, actualmente hay más de 417.341 inscritos en el TPS en todo EE. UU., de los cuales el 90% son de El Salvador (251.445), Honduras (80.570), Haití (56.114) y Nicaragua (4.508).

Fuente: voanoticias

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