Patrick Jackson, esposo de la jueza Ketanji Brown Jackson, y su hija Leila reaccionan cuando la jueza responde una pregunta de la Comisión Judicial del Senado de EE. UU. en el Capitolioi en Washington, el 23 de marzo de 2022.

Los legisladores escucharán declaraciones de testigos externos, incluidos funcionarios de la Asociación de Abogados de EE. UU., profesores de derecho y representantes de grupos de derechos civiles, fuerzas del orden y derechos religiosos.

La Comisión Judicial del Senado de EE. UU. celebra su último día de audiencias de confirmación el jueves para la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson a un puesto en la Corte Suprema.

Los legisladores escucharán declaraciones de testigos externos, incluidos funcionarios de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, profesores de derecho y representantes de grupos de derechos civiles, fuerzas del orden y derechos religiosos.

Después de la sesión del jueves, los miembros de la comisión considerarán la nominación de Jackson antes de votar si enviarla al pleno del Senado para su consideración.

En el tercer día de audiencias de confirmación el miércoles, Jackson defendió una vez más su historial ante los miembros republicanos, y el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, sugirió que Jackson poseía una naturaleza amable que la hacía demasiado indulgente al dictar sentencias como jueza federal.

Jackson dio una respuesta larga, diciendo que a menudo buscaba explicarles a los acusados el impacto de sus acciones con el objetivo de reducir la probabilidad de que cometieran más delitos cuando fueran liberados.

El senador Lindsay Graham, republicano por Carolina del Sur, se mostró más combativo mientras seguía preguntándole a Jackson sobre sus decisiones de sentencia como jueza, interrumpiéndola repetidamente cuando intentaba responder. También mencionó las polémicas audiencias de confirmación de 2018 para el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

Un interrogador más amistoso, el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, le preguntó a Jackson por qué sentía que era importante que las instituciones democráticas estadounidenses, como los tribunales, reflejaran la diversidad de la nación.

Jackson respondió que, entre otras razones, «refuerza la confianza del público en nuestro sistema».

“Tenemos una sociedad diversa en Estados Unidos. Hay gente de todas partes que vienen a esta gran nación y se ganan la vida”, dijo.

[Parte de la información de este informe provino de The Associated Press y Reuters.]

Fuente: Vozdeamerica.com

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Los jueces sopesan si defender una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de 15 semanas y anula el Roe v. Wade, decisión histórica de 1973 que declaró el acceso al aborto es un derecho constitucional hasta que el feto sea viable fuera del útero.

La Corte Suprema asumió el miércoles la discusión que determinará el futuro legal del aborto en EE. UU. Los argumentos se centran en Mississippi, estado que aprobó una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo, sin excepción por violación o incesto.

Pese a que el tribunal tiene hasta junio para confirmar la sentencia de la legislatura de Mississippi, activistas pro vida rodearon ya hoy la sede de la Corte para hacer presión, en un sentido u otro.

El caso capta la atención nacional puesto que las conclusiones del que algunos jueces llaman “el debate social más contencioso de Estados Unidos” definirá pautas legales de este tema en todo el país. En los próximos días se espera que más de dos docenas de otros estados de EE. UU. busquen restringir también el aborto.

Según Kimberlyn Schwartz de Texas Right to Life, organización contra el aborto, parece muy probable que la Corte revoque el derecho al aborto. “Estamos realmente alentados de que este pueda ser nuestro cambio, ojalá para revertir el rol por completo sino para debilitarlo sustancialmente», señaló a la Voz de América.

Como esta, otras organizaciones conservadoras se sienten alentadas por el hecho de que la actual conformación de la Corte -con seis magistrados conservadores y tres liberales- podría favorecer su postura.

Mientras que la abogada Julie Rikelman, que aboga por el Centro de Derechos Reproductivos, asegura que la ley de Mississippi es «rotundamente inconstitucional».

«Que un estado tome el control del cuerpo de una mujer y exija que pase por el embarazo y el parto, con todos los riesgos físicos y las consecuencias que alteran la vida, es una privación fundamental de su libertad», aseguró Rikelman.

Más voces encontradas

La procuradora general Elizabeth Prelogar, en representación de la Administración del presidente Joe Biden, argumentó ante los magistrados que la corte «nunca ha revocado un derecho que es tan fundamental para tantos estadounidenses».

Sonia Sotomayor, una de las tres juezas liberales de la corte, apuntó que «el derecho de una mujer a elegir, el derecho a controlar su propio cuerpo, ha sido claramente establecido».

Mientras que Amy Coney Barrett, quien fue nominada por el presidente Donald Trump, preguntó repetidamente por qué la adopción no puede considerarse como una alternativa viable al aborto.

El juez Brett Kavanaugh, también nominado por el expresidente Trump, dejó claro que creía que los estados deberían regular el acceso al aborto.

«¿Por qué esta corte debería ser el árbitro en lugar del Congreso, las legislaturas estatales, las cortes supremas estatales, el pueblo?», cuestionó Kavanaugh.

Por su parte el procurador general de Mississippi, Scott Stewart, instó a la corte a mantener la prohibición estatal de 15 semanas y anular los casos históricos que consagraron el derecho constitucional de una mujer a decidir sobre el nacimiento de un hijo y la familia.

Stewart también reconoció el tema que se debate es «difícil» y argumentó que se debería permitir que los estados individuales establezcan sus propias reglas.

«Cuando un tema afecta a todos y cuando la Constitución no toma partido en él, es del pueblo», dijo. «Este tribunal debería invalidar a Roe y Casey y respetar la ley estatal».

El fallo de 1973, Roe v. Wade, la Corte Suprema, por un voto de 7-2, sostuvo que el acceso al aborto es un derecho constitucional hasta que el feto sea viable fuera del útero, lo que normalmente es entre las 22 y las 24 semanas.

En un fallo de 1992, Planned Parenthood v. Casey, la corte confirmó el fallo de Roe y determinó que los estados no pueden imponer una «carga indebida» sobre la capacidad de una mujer para abortar.

* Con información de Laura Sepúlveda, desde Nueva York, y AFP

Fuente: Vozdeamerica.com

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Dado lo que está en juego en el caso, es probable que cualquiera de las partes apele ante la Corte Suprema.

Los abogados del expresidente Donald Trump intentarán persuadir a un tribunal federal de apelaciones para que impida que el Congreso reciba registros de llamadas, borradores de discursos y otros documentos relacionados con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos encabezada por sus partidarios.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia escuchará los argumentos de los abogados de Trump y la Comisión de la Cámara de Representantes que buscan los registros como parte de su investigación sobre el motín.

Los abogados de Trump quieren que el tribunal revoque el fallo de un juez federal que permite a la Administración Nacional de Archivos y Registros entregar los registros después de que el presidente Joe Biden renunció al privilegio ejecutivo.

La jueza Tanya Chutkan rechazó las afirmaciones de Trump de que podría ejercer el privilegio ejecutivo anulando a Biden, y señaló en parte que «los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente». El tribunal de apelaciones emitió una suspensión administrativa después de la decisión de Chutkan de revisar el caso.

Presidentes demócratas nominaron a los tres jueces que escucharán los argumentos el martes. Patricia Millett y Robert Wilkins fueron nominados por el presidente Barack Obama, y Ketanji Brown Jackson es designado por Biden.

Dado lo que está en juego en el caso, es probable que cualquiera de las partes apele ante la Corte Suprema.

[Con información de AP]

Fuente: Vozdeamerica.com

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El Tribunal Supremo rechazó el martes el pedido de la Administración Biden para poder suspender el programa de Protocolos de Protección al Migrante, más conocido como “Permanecer en México”, implementado por el expresidente Donald Trump en diciembre de 2018.

El Gobierno del presidente Joe Biden había solicitado a la Corte que permitiera mantener en suspenso el programa, ante diversas demandas presentadas en tribunales inferiores en la que magistrados habían fallado a favor de reinstaurar este programa

La Corte Suprema suspendió temporalmente el viernes la orden de un juez que hubiera obligado al Gobierno a reintroducir la política de la administración Trump y se dio de plazo hasta este martes para que las partes pudieran debatir sus argumentos ante el máximo tribunal.

Previamente, un tribunal federal había ordenado reimponer el programa. El juez Matthew Kacsmaryk, en Texas, ordenó reinstaurar el programa en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri, cuyos gobernadores ansían volver a aplicar las duras medidas antiinmigración de la administración Trump.

La política obliga a los miles de migrantes que pedían asilo en la frontera sur estadounidense a permanecer en México mientras sus casos eran considerados. La idea era desalentar el pedido de asilo pero los críticos denunciaban que privaba a la gente de su derecho legal de pedir protección a Estados Unidos, y les obligaba a permanecer en condiciones inhóspitas en ciudades mexicanas fronterizas.

La administración Biden había argumentado que el presidente tiene “la clara autoridad de determinar las políticas migratorias” y que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas tiene la discreción de decidir si a los solicitantes de asilo se les debe regresar a México.

En su argumento ante la Corte Suprema el viernes, el Gobierno de Biden argumentó que la política había quedado en suspenso por más de un año y reinstaurarla abruptamente “causaría perjuicio a las relaciones entre Estados Unidos e importantes aliados regionales, entorpecería gravemente sus operaciones en la frontera sur y podría crear una crisis diplomática o humanitaria”.

La administración Trump dejó de aplicar la política “Permanecer en México” al inicio de la pandemia del COVID-19, ya que desde ese entonces rechazó prácticamente a todos los que llegaban a la frontera sur bajo otro argumento, el de la salud pública, lo que sigue en vigencia. El presidente Biden suspendió la política en su primer día en el cargo y el Departamento de Seguridad Nacional la cesó en junio.

Fuente: Voanoticias.com

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Estudiantes universitarios en Minneapolis se prepararn para la final del campeonado de baloncesto en el US Bank Stadium, en 2019. / Foto: Reuters.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes en contra de los límites de la asociación nacional de atletas universitarios, National Collegiate Athletic Association’s (NCAA), la entidad que reúne a los estudiantes atletas en el país, en una demanda sobre los beneficios relacionados con la educación que pueden recibir los educandos.

En un fallo de 9-0, el tribunal confirmó una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California que amplió la compensación educativa para los atletas universitarios de EE. UU. más allá de las becas deportivas a beneficios como computadoras gratuitas y matrículas de posgrado.

La NCAA determina las reglas y regulaciones de las competencias universitarias de EE. UU. en 1268 escuelas en todo el país, una de las características principales de las cuales son las restricciones en la compensación de los atletas. En la corte, la organización argumentó que tales límites ayudaron a mantener el aspecto amateur de los deportes universitarios.

El fallo del tribunal determinó que las regulaciones de la NCAA relacionadas con los beneficios educativos son anticompetitivas y violan la Ley Sherman Antimonopolio, que impide que las organizaciones tengan el monopolio de un mercado.

El juez Neil Gorsuch, quien redactó la opinión para el tribunal, escribió que en la mayoría de las otras industrias estadounidenses, el modelo comercial de la NCAA sería ilegal.

“El trabajo de fijación de precios es normalmente un problema antimonopolio de libros de texto porque extingue el libre mercado en el que las personas pueden obtener una compensación justa por su trabajo”, escribió Gorsuch.

El tribunal no abordó otros problemas que han planteado los críticos de la NCAA y demandas anteriores, como la regla de la organización de que no se puede pagar a los atletas por el uso de su nombre, imagen y semejanza.

Fuente: Voanoticias.com

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WASHINGTON D.C. – El  fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en contra de otorgar la residencia permanente a los beneficiarios del TPS que entraron de forma irregular al país, encendió la alarma entre los miles de inmigrantes amparados y solicitantes de este estatus.

De acuerdo con la ley, este beneficio les protege de la deportación, pero no elimina el hecho de que ingresaron ilegalmente.

“La Corte Suprema es contraria a otros jueces que sí han decidido que obtener el TPS es un beneficio y es considerado una entrada a EE. UU. para calificar y pedir a largo plazo la residencia. Ha habido cortes de los circuitos de EE. UU. como el noveno que ha dicho que tener TPS es como una forma de admisión. Ahora eso se acabó. Ahora con la decisión de la Corte Suprema que es la corte más alta de EE. UU., dicta para todos los estados y para todos los circuitos”, dijo la abogada experta en migración Julia Toro a la Voz de América.

De esta forma, el dictamen del Supremo, que afecta solo a aquellos que entraron de manera irregular a Estados Unidos, entierra de por vida las esperanzas de quienes opinaban que la concesión del TPS sí permite obtener el estatus de Residencia Legal Permanente a pesar de su entrada ilegal.

Sin embargo, según los expertos, la decisión de la más alta instancia judicial del país podría impulsar la lucha por la reforma migratoria presentada por Joe Biden al Congreso en su primer día como presidente.

Según Toro, “aunque hubo esta decisión de la Corte Suprema que no permite que los TPS puedan ajustar su estatus, sabemos que en el Congreso y con nuestro presidente Biden hay un proyecto de leyes donde quieren legalizar el status de todos los que tienen TPS, de cualquier país que vengan”.

El proyecto de ley, conocido como “Acta de Ciudadanía Estadounidense 2021”, permitiría eventualmente a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos obtener la ciudadanía, incluyendo a los que entraron de forma irregular.

No obstante, a pesar de tener mayoría en las dos cámaras, la iniciativa de la administración Biden podría enfrentar obstáculos en el Congreso. Según Claudia Flores, analista de migración del Center for American Progress, “el problema que tenemos y el desafío que tiene la administración es que en el Senado se necesitan completamente todos los votos demócratas en adición a 10 votos republicanos”.

Sin embargo, para los sectores progresistas, la alta presencia de venezolanos en estados clave como Florida y Texas, y la cercanía de los comicios de medio término, podría decantar la papeleta de algunos senadores a favor de la reforma de Biden.

De acuerdo con Flores, “para impulsar una reforma migratoria en el congreso tenemos que ver que puede suceder en estos dos años, sabemos que vienen las elecciones de medio término. Y los estados como la Florida que es donde reciben muchos venezolanos, muchos tepesianos, existen algunas personas que ya son ciudadanas, que ya van a poder votar en las elecciones de medio término. Entonces esta es una buena oportunidad para que sus senadores impulsen estas reformas en el Congreso”.

Pero concebido para ser un beneficio temporal, renovable por plazos de 6, 12 y 18 meses, el TPS ha despertado el recelo de algunos sectores conservadores que sí ven con buenos ojos el fallo del Tribunal Supremo.

“Como dice el título, se suponía que iba a ser temporal. Pero en múltiples administraciones, este beneficio se ha extendido una y otra vez, por lo que se ha vuelto bastante permanente. Pero esa no era la intención del programa, por lo que la Corte Suprema tiene razón», según Lora Ries, investigadora senior de la Heritage Foundation.

Aunque el presidente Joe Biden se ha mostrado a favor del cambio en la ley de migración, el debate queda ahora en manos del Congreso, donde los legisladores deberán defender su posición, signada por visos de partidismo y promesas de campaña.

Fuente: Voanoticias.com

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