El presidente ruso Vladimir Putin, participa en una videoconferencia durante la Cumbre virtual de Líderes del G-20, que organizó Arabia Saudita este año. Sábado 21 de noviembre de 2020./Foto: Reuters

El primer ministro italiano, Mario Draghi, será el anfitrión de la cumbre virtual.

Con Afganistán enfrentando crisis humanitaria y económica, los líderes del G-20 se reunirán virtualmente el martes para discutir formas de satisfacer las necesidades de ayuda y abordar las preocupaciones de seguridad luego de la toma de posesión de los talibanes en agosto.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, será el anfitrión de la cumbre, con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro indio Narendra Modi y líderes de las naciones europeas del G-20 entre los que se espera que participen.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, prometió ayuda el lunes y dijo en una reunión ministerial de la UE que «la situación humanitaria y socioeconómica en Afganistán está al borde del colapso».

“Hoy acordamos tener un enfoque calibrado para brindar apoyo directo a la población afgana con el fin de prevenir una catástrofe humanitaria, sin reconocer ciertamente a los talibanes”, dijo Borrell. «Entregaremos la ayuda a través de nuestros socios multilaterales respetando nuestros principios de compromiso acordados».

Guterres dijo el lunes que Afganistán se enfrenta a «un momento decisivo» y pidió al mundo que actúe.

Antes de la toma de posesión de los talibanes, la ayuda internacional representaba el 75% del gasto estatal de Afganistán, pero los gobiernos y las organizaciones internacionales han cortado esa financiación y congelado los activos de Afganistán.

Guterres dijo el lunes que los bancos en Afganistán están cerrando y que la atención médica y otros servicios esenciales han sido suspendidos en muchos lugares. Advirtió que la crisis humanitaria, que está afectando a la mitad de la población del país, va en aumento.

«El pueblo afgano no puede sufrir un castigo colectivo porque los talibanes se portan mal», dijo Guterres.

[Parte de la información para este informe provino de Associated Press y Reuters.]

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes de la caravana que atraviesa México reciben ayuda en el camino. Foto cortesía del Instituto Nacional de Migración de México.

CIUDAD DE GUATEMALA – Ante violentas acciones contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula, México, con la intención de llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican la situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados.

Ante el aumento del flujo migratorio el gobierno de México había dado a conocer que tiene activos unos 14.000 elementos de seguridad provenientes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Medios de prensa reportaron el domingo incidentes de violencia contra los migrantes por parte de la Guardia Nacional de México, algo que fue condenado después por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, dijo que “es triste, lamentable y totalmente cuestionable que se ponga a las fuerzas públicas para recibir a los flujos migratorios, cuando se sabe la complejidad de las crisis que esos migrantes enfrentan en sus naciones, como Nicaragua y Haití”.

Recordó además que no hay que olvidar que quienes integran la caravana buscan refugio por situaciones humanitarias.

“Son personas que estaban haciendo la gestión de asilo en el propio México y México no está atendiendo las solicitudes, solamente está deportando, al igual que lo está haciendo Estados Unidos, contrario a la promesa del presidente Joe Biden de poder restituir el sistema de asilo y refugio”, explicó Roldán.

Por su parte, el sacerdote José Luis González, coordinador de la Red Jesuita de Migrantes, considera que “no hay voluntad política y ese es el problema”.

“Lo que estamos observando es que se está provocando el sufrimiento de los migrantes conscientemente, es decir, todas las políticas que estamos viendo recientemente, como las deportaciones que vienen a la frontera El Ceibo o El Carmen, de personas de Honduras, El Salvador y Nicaragua, dejarlas tan lejos de sus países, eso es algo que nunca se había visto, incluso con gobiernos de Peña Nieto (México) y Donald Trump (EE.UU)”, recalcó.

El religioso señaló que estos migrantes estaban viviendo en Tapachula pidiendo ser recibidos, no están llegando con armas, ni entraron en la frontera con violencia, sino que después de meses de estar en Tapachula no ven otra solución más que caminar hacia el norte y “se les ha recibido con palos y patadas”.

“Esto demuestra una vez más que el sufrimiento de los migrantes no se debe a los ríos y los desiertos, se debe a las políticas migratorias”, agregó.

Tanto Úrsula Roldán como el sacerdote González consideran que los gobiernos deben implementar políticas públicas humanitarias, pero también la incorporación a programas de empleo y atención social en las regiones de donde están saliendo los migrantes, pues “es indignante la indiferencia que están mostrando”, aseguraron.

De momento autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto.

Por otro lado, el INM informó que fueron suspendidos de sus funciones dos agentes federales adscritos en el estado de Chiapas, por su actuación contra los migrantes y que no tolerará ninguna conducta que atente contra el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

Amnistía Internacional pidió en Twitter a México que «actúe con un enfoque humanitario ante la llegada de migrantes centroamericanos y haitianos que huyen de la violencia y crisis generadas por desastres naturales».

En respuesta al organismo, la Guardia Nacional respondió vía Twitter que han «aumentado los controles de supervisión para mejorar los procedimientos y prevenir abusos».

La Corte Suprema de Justicia ordemó día atrás restablecer el programa de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) o «Permanecer en México», pero el gobierno del presidente Joe Biden insiste en su desacuerdo con la medida.

“Se ha presentado una apelación a la decisión de la Corte de Distrito”, anunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el miércoles 24 de agosto ante los reporteros.

Fuente: Voanoticias.com

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El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 1 de marzo de 2021.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, viajará el jueves al sur de Estados Unidos para «recibir información operacional actualizada y encontrarse con el personal fronterizo», informaron fuentes oficiales.

«El jueves, 12 de agosto, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas visitará el sur de Texas para recibir información operacional actualizada y encontrarse con el personal fronterizo. Durante su estancia en Texas, el secretario Mayorkas se reunirá con funcionarios locales y líderes comunitarios», informó la cartera de Seguridad Nacional a través de un comunicado.

A pesar de que la Administración Biden ha insistido en que las fronteras no están abiertas, tal y como puso de manifiesto la reciente decisión de seguir aplicando el Título 42, que al amparo de la permite la expulsión de migrantes sin el debido proceso, la realidad es que en lo que va de año se ha producido un notable incremento de entradas irregulares a través de la frontera sur del país.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), solo en el mes de junio fueron detenidos más de 188.000 migrantes y, en julio, el número podría alcanzar cerca de 210.000, de acuerdo con proyecciones realizadas por el secretario adjunto para la política de frontera e inmigración del DHS, David Shahoulian.

La estrategia inmigratoria del presidente Joe Biden enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza, y que consideran que la política impulsada por Biden ha llevado a una “crisis humanitaria” sin precedentes, una caracterización que rechaza la Casa Blanca.

Fuente: Voanoticias.com

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Un grupo mixto de inmigrantes en busca de asilo en EE. UU. es interceptado por la patrulla fronteriza tras cruzar el Río Grande hacia La Joya, Texas, el 20 de mayo de 2021. / Foto: Reuters.

WASHINGTON D.C. – La Administración del presidente Joe Biden estaría contemplando un plan de vacunación en las zonas fronterizas, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registra los niveles más altos de cruces irregulares.

La noticia reportada por el diario The Washington Post, cita a funcionarios del DHS, quienes afirman que las vacunas se “proporcionarían a quienes enfrentan deportación, así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos a espera de una audiencia judicial”.

Aunque la medida está bajo revisión y no existe una decisión al respecto, funcionarios consultados por la Voz de América no descartan su efectividad.

Vivek Murthy, director general de salud pública EE. UU. dijo este miércoles a la VOA que «hacer que la vacuna esté disponible para todas las personas es absolutamente lo mejor» y consideró que es una «estrategia impulsada por la ciencia» que se debe seguir.

“Cualquiera que esté en nuestro país, ya sea que haya vivido aquí durante generaciones o que haya estado aquí durante unos días, es alguien que puede tener el potencial de ser infectado por covid y transmitirlo a otros”, agregó Murthy.

La revisión de los protocolos de salud pública ocurre en momentos en que Estados Unidos registra los mayores índices de cruces irregulares en la frontera con México en dos décadas.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), solo en el mes de junio fueron detenidos más de 188.000 migrantes y, en julio, el número podría alcanzar cerca de 210.000, de acuerdo con proyecciones realizadas por el secretario adjunto para la política de frontera e inmigración del DHS, David Shahoulian.

«El mes de julio también probablemente tuvo un récord en el número de detenciones de menores no acompañados, más de 19.000″, indicó Shahoulian en un documento judicial en el que describió las preocupaciones de salud pública.

Hasta la fecha, un total de 17.117 menores bajo la tutela del Departamento de Salud ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid, según datos a los que tuvo acceso la VOA.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recibido 10.000 vacunas de la farmacéutica Johnson & Johnson para administrarlas a una población de más de dos decenas de miles migrantes detenidos; 25.848 reportados por ICE hasta el 30 de julio, para ser exactos.

Una «catástrofe»

El Partido Republicano responsabiliza a la Administración Biden por fomentar una “política de fronteras abiertas” y crear lo que denominan como una «catástrofe» y una “crisis humanitaria” sin precedentes.

En un comunicado emitido el pasado 4 de agosto, el partido cuestiona a la bancada demócrata aduciendo que mientras “presionan por más mandatos y restricciones relacionados con el covid para los ciudadanos estadounidenses, ignoran hipócritamente a los miles de migrantes no examinados y no vacunados que están cruzando ilegalmente la frontera, en muchos casos, contagiados positivamente con el covid”.

La oposición del mandatario demócrata denuncia que «migrantes indocumentados portadores del virus están siendo transportados en autobuses y aviones por todos Estados Unidos, mientras que otros, de manera secreta, están siendo alojados en hoteles».

La Casa Blanca, no obstante, se ha mantenido firme en su mensaje de que “las fronteras no están abiertas” e insiste que “este no es el momento” para llegar a la frontera sur de Estados Unidos, mientras la gran mayoría de quienes lo intentan son retornados a México.

Fuente: voanoticias.com

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