ARCHIVO – Beneficiados del TPS aglutinados en la Alianza Nacional realizan con frecuencia actos para mantener vivas sus demandas en Washington DC.

Organizaciones y abogados de beneficiarios del TPS anunciaron esta semana la ruptura de las negociaciones que durante 16 meses llevaron con funcionarios de la Administración Biden para buscar una salida a las querellas en curso. El DHS ha rechazado la posibilidad de deportaciones por el momento.

WASHINGTON — Más de 300.000 inmigrantes -en su mayoría centroamericanos- corren el riesgo de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos después de anunciar que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana.

El equipo legal dijo a la VOA que la razón por la que se rompió la negociación es que los abogados de los TPS en la demanda estaban buscando una “protección modesta” para sus clientes y el gobierno de EEUU no estuvo de acuerdo en brindar ni siquiera una protección modesta a los titulares de TPS. Por eso – agregó- después de casi un año y medio, «la negociación se interrumpió».

La Alianza Nacional del TPS, organización que aglutina a inmigrantes amparados a este beneficio, dijo que las negociaciones llevadas a cabo durante 16 meses “habían colapsado” el martes, con lo que se pone en riesgo la revalidación de los permisos de trabajo y de estancia legal en el país, que vencen a finales de este año, y por ende se corre el riesgo “de ser deportados”.

José Palma, quien forma parte del equipo de trabajo de la Alianza Nacional con los abogados de la Casa Blanca, dijo a la Voz de América que la negociación buscaba encontrar una salida a la demanda Ramos Vs Mayorkas, en referencia al actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, interpuesta en una corte federal de California cuando el TPS fue cancelado por la administración del expresidente Donald Trump en 2018.

“La decisión más que legal es una decisión política. Pareciera que la administración Biden y el Partido Demócrata están pensando más en el impacto que un apoyo pueda tener en las elecciones que en el bienestar de las familias Tepesianas”, lamentó Palma.

Ha trascendido que llegados a ese punto muerto de negociaciones la querella vuelve a los tribunales donde ya ha sorteado varias fases durante cuatro años , las que van desde la decisión inicial y los procesos posteriores de Corte de Apelaciones.

Erasmo Ramos otro líder de la Alianza Nacional expresó a la VOA los riesgos a los que se enfrentarían las familias de perder el estatus. “Al no redesignar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer por las familias migrantes”, sostuvo.

Considera que por el contrario “está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, acotó.

La inmigrante salvadoreña Doris Landaverde, beneficiaria del TPS, mostró su decepción ante la situación al considerar que con el triunfo de Joe Biden en 2020 se proyectó muchas esperanzas y que ahora las ve rotas.

“Pensamos que ya habíamos salido de este martirio. Que las familias tepesianas estuvieron viviendo el miedo de ser separadas de sus hijos. Yo soy madre de tres niñas: 16, 11 y 9. Y es bien difícil”, expresó

Tras anunciarse la ruptura de los diálogos, la VOA solicitó una reacción de la Casa Blanca al respecto, pero no hubo respuesta.

Por su parte, ante solicitud de comentario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) agencia que gestiona la cuestión migratoria, señaló que no comentaba sobre litigios en curso, pero aseguró que “los titulares actuales de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras estarán protegidos durante los próximos meses”.

Datos compilados hasta 2018 indican que unos 180.000 salvadoreños seguían hasta entonces amparados al beneficio migratorio, unos 60.000 hondureños, más de 50.000 haitianos, y 4.000 nicaragüenses, más grupos menores de inmigrantes de otros países.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes que buscan asilo, en su mayoría de Venezuela, salen del río Bravo después de cruzarlo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. México, 6 de octubre de 2022 REUTERS/José Luis González.

Actualmente los nicaragüenses que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos no serán regresados a México, a diferencia de lo que estaría sucediendo con venezolanos.

WASHINGTON/SAN JOSÉ, COSTA RICA — La crisis migratoria de venezolanos que se registra en la frontera sur de Estados Unidos, tras entrar en vigor una nueva política bilateral que ha empujado a miles de regreso a México, podría expandirse a nicaragüenses, advierten expertos y analistas.

El nuevo programa aplicado por la administración del presidente Joe Biden establece que los venezolanos sean regresados a México bajo el Título 42, una medida para evitar la propagación de COVID-19 que establece la expulsión de todas las personas que crucen irregularmente a territorio estadounidense, y que aplica también para migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Blas Nuñez-Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala a la Voz de América que este proceso de momento es sólo para ciudadanos de Venezuela y sus familiares, pero advierte que “vamos a estar revisando muy de cerca cómo funciona este proceso y si funciona, y tiene el efecto que esperamos que va a tener, se podría expandir”.

Actualmente los nicaragüenses que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos no serán regresados a México, a diferencia de lo que sucede con los venezolanos a consecuencia del nuevo programa de permisos humanitarios, explica Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del American Immigration Council (AIC), una organización con sede en Washington DC que aboga por los inmigrantes.

“Los nicaragüenses están en gran parte exentos del Título 42 porque Nicaragua no los aceptará y México tampoco (…) Desde que comenzó el Título 42, técnicamente se ha aplicado a los nicaragüenses, pero es muy importante entender que el Título 42 solo puede funcionar con la cooperación de gobiernos extranjeros”, explicó el abogado.

Según Reichlin-Melnick, para que una persona sea expulsada de Estados Unidos bajo Título 42, debe haber un país que esté dispuesto a aceptar al migrante. “Estados Unidos no puede expulsar unilateralmente a un nicaragüense a México, por ejemplo, sin el permiso de ese gobierno”, agregó al detallar que al no tener un país donde enviar a los migrantes, se crea una exención basada en la realidad geopolítica.

El experto en política migratoria agregó que el gobierno estadounidense sí podría implementar para nicaragüenses un programa similar al permiso humanitario para venezolanos. Sin embargo, “solo vendría junto con un acuerdo similar con México”.

“Hoy, un migrante nicaragüense puede cruzar la frontera. Y debido a que están en gran parte exentos del Título 42 debido a estas razones diplomáticas, geopolíticas y logísticas, los migrantes nicaragüenses que cruzan la frontera hoy no son expulsados bajo el Título 42 y en su mayoría son liberados directamente en la frontera o enviados a los centros de detención de ICE donde pueden solicitar asilo si así lo desean”, concluyó Reichlin-Melnich.

Según datos oficiales, Estados Unidos se ha convertido en 2022 en el principal destino de los nicaragüenses que huyen de la crisis política que se vive en el país centroamericano, sustituyendo a Costa Rica.

Entre enero y agosto de este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha detenido a más de 108 mil nicaragüenses, según datos oficiales.

Mientras que en Costa Rica –que era el principal destino de los nicaragüenses– los solicitantes de refugio en la misma fecha suman 54,465, según datos de Migración y Extranjería.

Piden un programa de apoyo a nicaragüenses

El exembajador de México en los EEUU, Arturo Sarukhan, comenta “no está claro por qué los nicaragüenses, que enfrentan muchos de los mismos factores que llevan a los venezolanos a migrar hacia la frontera entre México y Estados Unidos, fueron finalmente excluidos” de esta nueva medida de la administración de Biden.

“Puede ser en última instancia un asunto de mera magnitud o puede que se relacione con la política electoral de la Florida y la creciente diáspora venezolano ahí”.

El exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields ha abogado por un Estatus de Protección Temporal (TPS) que permitiría que las personas que “huyen de un régimen de terror y violencia” a como tilda a la administración del presidente Daniel Ortega puedan ingresar a Estados Unidos sin problemas.

“Cuando vienen aquí a Estados Unidos, muchos nicaragüenses vienen a comenzar desde cero. Yo creo que se debe considerar mucho la situación de los nicaragüenses y de los tres países de dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en el caso de Nicaragua, la situación es muy particular”, agrega.

“Creo que habría que considerar mucho la situación de nuestros migrantes y sería lamentable que se le aplicara una medida migratoria restrictiva a los nicaragüenses similar a la que se le está aplicando a los venezolanos. Yo tengo fe y tengo esperanza de que la actual administración va a tratar de forma humanitaria a los nicaragüenses, y que se van a buscar mejores alternativas”, concluye el exdiplomático.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes de Haití, que regresaron al lado mexicano de la frontera para evitar la deportación, hacen cola para desayunar en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Acuña, México, el 25 de septiembre de 2021./ Foto: Reuters.

En cualquier caso, la Administración Biden se inclina por poner fin a la orden a raíz de las recientes decisiones judiciales que complican su aplicación, pero no se ha tomado ninguna decisión.

WASHINGTON DC — El Gobierno del presidente Joe Biden presentará una nueva y amplia regulación que pretende acelerar la tramitación del asilo y las deportaciones en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando un número récord de migrantes está intentando entrar en su territorio.

El anuncio se hace después que autoridades estadounidenses debaten si poner fin a otra política de la era del COVID-19 que ha bloqueado la mayoría de solicitudes de asilo en la frontera y que podría ser contrarrestada por la nueva normativa, dando celeridad a esos trámites.

La norma final sobre el asilo, que entrará en vigor a finales de mayo o principios de junio, autorizará a los funcionarios a aceptar o rechazar solicitudes de protección de los inmigrantes poco después de que crucen la frontera, evitando así los tribunales de inmigración, donde los casos suelen tardar años en ser resueltos por los jueces.

La mayoría de los migrantes atrapados en la frontera suroeste de Estados Unidos proceden de México y Centroamérica, pero cada vez son más los que llegan de lugares más lejanos buscando refugio, incluidos en las últimas semanas los ucranianos que huyen de la invasión rusa de su país, una acción que Moscú califica de «operación militar especial».

«El sistema actual de tramitación de las solicitudes de asilo en nuestras fronteras necesita ser arreglado desde hace tiempo», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. La cuestión ha provocado ataques de los republicanos que buscan lograr el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.Según la nueva norma, emitida conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, un mayor número de inmigrantes, incluidas las familias, entrarán en un proceso conocido como «expulsión acelerada» para solucionar los casos más rápidamente. No se aplicará a los niños no acompañados.

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes se oponen al cambio, cuyo objetivo es tramitar los casos en 90 días, por temor a que provoque más deportaciones. Aunque los inmigrantes a los que se les niegue el asilo tendrán otra oportunidad de exponer su caso ante un juez de inmigración, esos procesos también se acelerarán para ser resueltos en tres meses.

Un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que informó a periodistas el miércoles bajo condición de anonimato, explicó que el nuevo sistema se introducirá gradualmente y se aplicará inicialmente sólo a un pequeño número de migrantes.

Biden ha mantenido un polémico decreto conocido como Título 42, puesto en marcha en marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump, y que permite expulsar rápidamente hacia México u otros países a la mayoría de los migrantes sorprendidos cruzando la frontera para limitar la propagación del COVID-19.

Washington se inclina por poner fin a la orden a raíz de las recientes decisiones judiciales que complican su aplicación, pero no se ha tomado ninguna decisión definitiva ante el inminente plazo de la semana que viene para renovarla, modificarla o ponerle fin.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Xabiel, un migrante venezolano de 9 años, camina con su hermano Yilber Gabriel mientras se unen a la caravana que se dirige a la frontera sur de EE. UU., cerca de Villa Comaltitlán, México, el 20 de noviembre de 2021.Foto: Reuters.

«Se espera que los vuelos a Colombia con nacionales venezolanos que previamente hayan residido en Colombia se lleven a cabo de manera regular”, según informó a la Voz de América un funcionario de DHS.

WASHINGTON —Estados Unidos está enviando en vuelos a Colombia a algunos migrantes venezolanos que han sido detenidos en la frontera con México, según confirmó el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)

Para el 27 de enero, Estados Unidos había devuelto a Colombia a dos venezolanos que previamente residieron en ese país, pero el gobierno estadounidense espera llevar a cabo estas devoluciones de manera regular.

«Se espera que los vuelos a Colombia con nacionales venezolanos que previamente hayan residido en Colombia se lleven a cabo de manera regular”, según informó a la Voz de América un funcionario de DHS.

El funcionario explicó que la decisión de devolver a los migrantes se tomó después de haber tenido conversaciones con el gobierno colombiano. La agencia gubernamental citó el Título 42— una orden de emergencia aún vigente que permite al gobierno rechazar la entrada de la mayor parte de las personas que llegan a la frontera— como justificación para los vuelos.

Desde mediados del año pasado, el gobierno del presidente Joe Biden comenzó a realizar vuelos para devolver a algunos de los migrantes detenidos en la frontera a sus países de origen como Honduras, El Salvador, México o Haití.

La cifra de venezolanos arrestados en la frontera con México ha aumentado en los últimos meses: solo en el mes de diciembre fueron detenidos aproximadamente 25,000, según datos de la Patrulla Fronteriza.

La administración Biden aprobó en marzo del año pasado un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, reconociendo que existe una “crisis humanitaria compleja” en el país.

México, que ha reportado un incremento de más del 1,000% en comparación con los últimos cinco años en el flujo de migrantes venezolanos, decidió exigir un visado a los nacionales de este país. DHS explicó que la capacidad de México para recibir a “individuos de ciertas nacionalidades” se ha visto reducida.

Colombia, el país del mundo que más migrantes venezolanos ha recibido con más de 1.7 millones, aprobó a principios de año un estatuto de protección temporal para regularizar sus u situación.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del país. La crisis venezolana ha obligado a más de seis millones de personas a salir del país, según datos de ACNUR.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Honduras es el país de Centroamérica desde donde más migrantes buscan llegar a EE. UU. [Foto de archivo]

México es el país que más hondureños ha expulsado a la fecha, unos 40.547, en lo que va de año.

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Miles de inmigrantes haitianos se apostaron ´bajo el puente internacional de Del Río, en la frontera mexicana con EE. UU. a mediados de septiembre. / Foto: Reuters.

El nuevo procedimiento de deportación de EE. UU. busca estar en concordancia con los anuncios de la Casa Blanca de implementar una ley migratoria más humana.

El gobierno de Estados Unidos ha publicado una guía para que los agentes de inmigración tomen en cuenta, caso por caso, a quién deportar y a quién no, atendiendo principalmente a los que constituyan una amenaza para la seguridad del país.

“Por primera vez, nuestras pautas, en la búsqueda de la seguridad pública, requerirán una evaluación del individuo y tomarán en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, en un memorando.

El anuncio se adhiere a las promesas de campaña del presidente Joe Biden de poner un enfoque más humanitario al tema de la inmigración, en contraste, como ha subrayado repetidas veces, con su predecesor, el republicano Donald Trump.

Al evaluar cada caso, explica el memorando, los agentes deberán de tener en cuenta los atenuantes de la persona en cuestión. Mayorkas recalcó que entre los no ciudadanos hay personas que han trabajado en la primera línea contra la pandemia, lideran congregaciones de fe o enseñan en las escuelas.

Una referencia puntual es la de los dreamers, o “soñadores”, unos 640.000 inmigrantes que batallan desde hace años por hacerse con la ciudadanía estadounidenses sin que este paso llegue a ser aprobado por el Congreso.

“El hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible no será por sí solo la base de una acción de ejecución en su contra”, explicó Mayorkas.

La pasada administración implementó duras políticas migratorias, que se tradujeron en el atraso de miles de casos de solicitudes de asilo, la construcción de un muro fronterizo y la implementación del Título 42, una recomendación de las autoridades sanitarias que permite la expulsión inmediata de los inmigrantes a fin de evitar la propagación del COVID-19.

Sin embargo, el presidente Biden ha sido criticado por destensar la política anterior. Los republicanos lo acusan de crear una crisis en la frontera sur, lo que se vio agudizado con la reciente llegada de miles de inmigrantes, principalmente haitianos, por el lado mexicano limítrofe con Texas.

Biden ha negado que haya “una crisis”, aunque la Casa Blanca aceptó la semana pasada que la situación con los haitianos suponía «un desafío”.

El memorando insiste en que las pautas para aplicar la ley de inmigración necesitan proteger los derechos y libertades civiles.

“Estas nuevas pautas permitirán al @DHSgov lograr de la manera más eficaz nuestra misión de hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, promover el bienestar de nuestro país reconociendo las invaluables contribuciones de millones de personas que forman parte del tejido de nuestras comunidades”, dijo Mayorkas por medio de un tuit.

Se espera que la nueva guía entre en vigor el próximo 29 de noviembre, y el secretario Mayorkas emitará nuevos comentarios al respecto.

Fuente: Vozdeamerica.com

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