Una multitud de migrantes se presenta durante una ceremonia de naturalización del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU en el Brooklyn Cyclones Maimonides Park en Nueva York, el 3 de mayo de 2022./Foto: Reuters.

La norma de la «carga pública» fue ampliamente criticada por dificultar de sobremanera la vida de miles de inmigrantes que, en última instancia, aspiran a obtener el permiso de trabajo en Estados Unidos.

La regla que permitía denegar la residencia legal a los inmigrantes por haber recibido ciertos beneficios sociales tras llegar a Estados Unidos fue echada abajo el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“Esta acción garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

La normativa anterior, impuesta bajo la administración del presidente republicano Donald Trump, se refería como “carga pública” a las ayudas que reciben algunos inmigrantes a costa del contribuyente estadounidenses al solicitar algunas ayudas.

Antes del mandato de Trump esta regla estaba sujeta a la tenencia de efectivo o el apoyo de instituciones gubernamentales por parte del inmigrante. Sin embargo el gobierno republicano amplió este tipo de asistencia a medidas de apoyo no monetario , como los sellos de comida y el seguro de salud, Medicaid, entre otros.

La normativa fue impugnada insistentemente hasta que el gobierno del presidente Joe Biden dejó de aplicarla en 2021.

“De acuerdo con los valores de nuestra nación, esta política trata a todos aquellos a quienes servimos con justicia y respeto”, dijo el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, Ur Jaddou, citado en el mismo comunicado.

La suspensión de esta normativa supone un alivio para los millones de inmigrantes que buscan una residencia legal en EEUU.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Los migrantes que buscan asilo salen del río Bravo después de cruzarlo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EEUU para solicitar asilo en El Paso, Texas, EEUU, visto desde Ciudad Juárez, México, el 13 de abril de 2022. REUTERS/José Luis González

El nuevo procedimiento busca agilizar los trámites de asilo que tienen atascos de hasta varios años, reconoce la Casa Blanca.

Las últimas medidas establecidas por la Casa Blanca para aligerar los atascos en las solicitudes de asilo en Estados Unidos entraron en vigor este martes.

“A medida que implementamos esta regla transformadora en un enfoque por fases, reduciremos los tiempos de procesamiento y el atraso de años en los tribunales de inmigración”, explicó la semana pasada el secretario del Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés) Alejandro Mayorkas.

Ahora los inmigrantes que lleguen a la frontera de EEUU tienen que demostrar «miedo creíble». Los funcionarios de Seguridad Nacional y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considerarán las solicitudes de asilo de las personas “sujetas a deportación acelerada que establecen un temor de persecución o tortura durante su evaluación de temor creíble requerida”, señala una hoja informativa publicada por DHS.

Hasta la fecha estos casos eran decididos por jueces de inmigración adscritos a una oficina del Departamento de Justicia.

El documento de DHS indica que la medida solo aplica para quienes sean puestos en orden deportación a partir de este martes 31 de mayo.

Seguridad Nacional ha dispuesto dos lugares de retención de inmigrantes en Texas para el procesamiento de la Entrevista de Mérito de Asilo (AMI) por vía telefónica con un oficial, y en caso de ser aceptados, serán remitidos al USCIS.

Sin embargo, las referencias a USCIS para el asilo se restringirán a quienes indiquen su preferencia a residir en las siguientes ciudades: Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco.

Los solicitantes que reciban una determinación negativa, tienen la posibilidad de una revisión del caso.

Además, tras la determinación positiva, esa fecha de expedición constituirá la fecha de solicitud de asilo, y por tanto la entrevista de mérito para el asilo “se llevará a cabo no antes de los 21 días ni después de los 45 días después de la determinación positiva de temor creíble”.

En caso de que el juez de inmigración determine no elegible a la persona, la misma podrá ser expulsada en el acto.

El flujo de inmigrantes en situación irregular que llegan, principalmente, a la frontera sur de EEUU se ha elevado a registros históricos de las últimas dos décadas.

El pasado mes de abril la Patrulla Fronteriza anunció que había tenido al menos 234.088 encuentros con migrantes lo que significó un aumento del 5,8% respecto al mes anterior.

Fuente: Vozdemerica.com

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ARCHIVO / Foto: Reuters.

El aumento a 20.000 visas beneficia a trabajadores temporales de Centroamérica y Haití.

Tal y como había adelantado el pasado mes de diciembre, el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto un total de 20.000 visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas, correspondientes a la primera parte del año fiscal, las cuales están disponibles a partir de este momento.

“El DHS está tomando medidas para abordar las necesidades de nuestra economía al poner a disposición de los trabajadores 20.000 visas H-2B adicionales”, dijo el jueves el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, en un comunicado de conjunto con el departamento de Trabajo.

El anuncio está en correspondencia con la política migratoria de la administración Biden-Harris, empeñada en frenar el actual curso de la inmigración irregular, procedente fundamentalmente de Centroamérica.

Las referidas cuotas corresponden a 13.500 visas disponibles para los trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B (o se les otorgó el estatus H-2B), durante uno de los últimos tres años fiscales, mientras las 6.500 visas restantes han sido reservadas para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Algunos expertos consultados por la Voz de América hace pocas semanas, si bien aplaudieron el aumento en el número de visas, también insistieron en una mayor protección de los trabajadores contra la explotación laboral en EE. UU.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Foto: ARCHIVO

El gobierno del presidente Joe Biden ofrecerá 20.000 visas a trabajadores temporales, de las cuales 13.500 serán para trabajadores que regresan.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes que ofrecerá 20.000 visas adicionales a trabajadores temporales, con el fin de reactivar la economía estadounidense.

Se trata de la primera ocasión en que el DHS aumenta la cantidad de visas de este tipo en la primera mitad del año.

Las visas estarán disponibles para los empleadores estadounidenses que deseen contratar trabajadores adicionales antes del 31 de marzo del año entrante.

De esas visas, 13.500 serán para trabajadores que regresan y que son depositarios de una visa H-2B, o que se les otorgó la misma durante los últimos tres años fiscales.

Las restantes han sido reservadas para ciudadanos de Haití y los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

“En un momento de crecimiento laboral récord, las visas H-2B adicionales ayudarán a impulsar la recuperación económica histórica de nuestra nación”, dijo en una declaración el lunes el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.

El programa H-2B le da la facilidad a los empleadores estadounidenses de contratar temporalmente a no ciudadanos para realizar trabajos o servicios no agrícolas en Estados Unidos. De manera obligatoria, el empleo no puede rebasar el tiempo asignado por DHS.

La denominada Cantidad Máxima Reglamentaria (H-2B) otorga también 33.000 visas para trabajadores que comienzan en el empleo la segunda mitad del año fiscal (del 1 de abril al 30 de septiembre, según apunta el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS).

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 1 de marzo de 2021. / Foto: Reuters.

La medida declara las escuelas, centros de culto y parques como lugares protegidos a la hora de aplicar la ley contra inmigrantes en situación irregular.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió el miércoles nuevas pautas que limitan las acciones de los agentes de inmigración  y de la patrulla fronteriza en “áreas protegidas”, como son las escuelas y lugares de recreación infantil, entre otras.

“Podemos conseguir nuestra misión de hacer cumplir la ley sin negar a las personas el acceso a la atención médica que necesitan, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de los desplazados a alimentos y refugio, el acceso de las personas de fe a sus lugares de culto y más”, dijo en un comunicado el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.

Las nuevas guías de aplicación de la ley dejan atrás las anteriores y entran en vigor de inmediato, cita la información.

A mediados de octubre, Seguridad Nacional también ordenó detener las redadas de inmigrantes en lugares de trabajo, como parte del plan del presidente Joe Biden por una ley de inmigración “más humana”.

Las nuevas prerrogativas ponen como ejemplos de áreas protegidas, además de las escuelas y parques, los centros de atención médica, iglesias y otros lugares de culto, y oficinas de servicios sociales, como refugios y organizaciones comunitarias.

«En nuestra búsqueda de la justicia, incluida la ejecución de nuestras responsabilidades de aplicación, tenemos un impacto en la vida de las personas y promovemos el bienestar de nuestro país de las formas más fundamentales», dijo Mayorkas en un tuit.

No obstante, las directivas de DHS dejan en manos de los funcionarios de la patrulla fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el criterio para determinar si un lugar es un “área protegida” o no, en virtud de las actividades que allí tengan lugar o de la importancia de tales actividades “para el bienestar de las personas y las comunidades de las que forman parte”.

La administración demócrata ha recibido fuertes críticas de la oposición republicana, que afirma que la Casa Blanca ha provocado “un caos” en la frontera sur. Datos de la patrulla de fronteras han revelado una cifra récord de inmigrantes arrestados para el año fiscal 2021 en situación irregular en EE. UU. desde 1986.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Beneficiarios del TPS y sus familiares marcharon en Washington D.C. para pedir al gobierno de Joe Biden un solución permanente a su situación. / Foto: VOA.

WASHINGTON DC – La aplicación de la regla de “Carga Pública” para los solicitantes de ajuste de estatus legal en Estados Unidos entrará en proceso de revisión para adjudicarla de manera equitativa, según el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que abre el procedimiento de consulta que concluirá el 22 de octubre.

En la nota de avance del Registro Federal de este miércoles –a publicarse este 9 de septiembre- el DHS avisa de la apertura del proceso de consulta pública para que los interesados, organizaciones o individuos emitan opinión sobre el procedimiento.

“El DHS tiene la intención de proponer una regla que sea totalmente compatible con la ley; que refleje la evidencia empírica en la medida en que sea relevante y esté disponible; que sea claro, justo y comprensible tanto para los oficiales como para los no ciudadanos y sus familias”, opina la agencia en el memorando.

El departamento que brega con el tema migratorio considera que una resolución clarificada de la regla conducirá a adjudicaciones justas y consistentes en todo el sistema, sobre todo para los funcionarios que revisan las peticiones de los solicitantes de ajuste de estatus legal en el país.

Y evitará por tanto “un trato desigual de quienes se encuentran en una situación similar; y que de otra manera no impondrá barreras indebidas a los no ciudadanos que buscan la admisión o el ajuste de estatus en los Estados Unidos. El DHS también tiene la intención de garantizar que su propuesta reguladora no cause miedo indebido entre las comunidades de inmigrantes ni presente otros obstáculos para que los inmigrantes y sus familias accedan a los servicios públicos disponibles para ellos”, dice el aviso.

La administración del presidente Joe Biden considera también importante hacer estos cambios de cara a los estragos de la pandemia de COVID-19 y del impacto a largo del coronavirus, así como su efecto económico en la potencia del norte.

En abril de este año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) alertó de había detenido la aplicación de la Regla Final de Carga Pública con cambios en los formularios que se habían diseñado para implementarla durante la administración del expresidente Donald Trump, seguida de numerosas querellas judiciales.

La anterior administración Trump aprobó para implementar la “Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública” a partir del 14 de agosto de 2019, pero luego de litigios en cortes federales no pudo entrar en vigencia sino hasta el 24 de febrero de 2020.

La polémica regla consistía en una prueba para que los solicitantes de estatus legal en Estados Unidos tanto dentro como de fuera del territorio con la residencia permanente por primera vez, pudieran demostrar que no necesitarían beneficios públicos en el futuro y retroactivo para aquellos que en algún momento hubieran recibido asistencia social.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes solicitantes de asilo, procedentes de Centroamérica, y que fueron expulsados de EE. UU a México, esperan en un albergue de ese país en Ciudad Juárez en abril de 2021. / Foto: Reuters.

MIAMI, EE. UU. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció el miércoles que ha dado pasos para agilizar la recepción de inmigrantes bajo el Título 42.

El Protocolo de Protección de Inmigrantes, también conocido como ‘Permanecer en México’ se resintió cuando el entonces presidente Donald Trump detuvo todos los trámites bajo el argumento de la emergencia nacional por el COVID-19 bajo el Título 42.

La normativa retuvo por varios meses a miles de solicitantes de asilo en México, quienes vieron frenadas sus aspiraciones de someterse a la aprobación de entrar a EE. UU.

“Estamos trabajando para simplificar un sistema para identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifican excepciones humanitarias bajo la orden”, indica un comunicado del DHS.

La entidad gubernamental informó que durante el trámite trabaja de manera coordinada con organizaciones internacionales, como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las autoridades mexicanas para la realización de “pruebas de COVID-19 antes de que los identificados a través de este proceso puedan ingresar al país”.

El martes la Agencia de Aduanas y Control Fornterizo (CBP) informó que en el mes de abril las expulsiones bajo el Título 42 aumentaron a 109.963, en comparación con las 107.098 que se efectuaron en el mes anterior.

Fuente: Voanoticias.com

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