Policías estatales del Departamento de Seguridad Pública de Texas miran hacia un helicóptero sobrevolando un campamento fronterizo improvisado a lo largo del Puente Internacional en Del Rio, Texas, EE.UU. 23 de septiembre de 2021./Foto: Reuters.

La iniciativa ‘Estrella Solitaria’, en estado de Texas, es considerada abusiva con los inmigrantes por Human Rights Watch, que ahora insta al Departamento de Justicia a intervenir.

AUSTIN, EE. UU. — La organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) ha criticado a la iniciativa ‘Estrella solitaria’, en Texas, por presuntos abusos contra inmigrantes al llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Ahora HRW quiere que el gobierno federal intervenga para frenar la iniciativa, que califica de abusiva y discriminatoria, dijo la vocera de HRW, Clara Long, a la Voz de América.

«Human Rights Watch está instando al Departamento de Justicia a intervenir en Texas, ya sea para solicitar a los tribunales que detengan este operativo, para abrir una investigación de depuración de lo que constituye algo que se llama el patrón o práctica de violaciones de derechos civiles”, dijo Long.

La estrategia ‘Estrella Solitaria’ (‘Lone Star’, en inglés) fue creada el 6 de marzo de 2021 por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, con la intención de “abordar la crisis en la frontera sur”, según dijo en referencia a la llegada de inmigrantes con estatus irregular, procedentes, principalmente, de América Central y el Caribe.

Según Abbott, “la crisis» en la frontera sur «continúa escalando debido a las políticas de la Administración Biden, que se niega a asegurar la frontera e invita a la inmigración ilegal”.

‘Estrella Solitaria’ se apoya en el Departamento de Seguridad Pública estatal y en la Guardia Nacional de Texas para el despliegue de efectivos de seguridad fronteriza aérea, terrestre, marítima y táctica.

“Hasta ahora han arrestado a más de 1.500 personas, en su mayoría por delitos menores, cargos de invasión de propiedad, pero estos cargos no se presentan en los tribunales, por lo que lo que está sucediendo es una especie de arresto selectivo sistemático que mantiene a personas en condiciones realmente difíciles y sin cargos. Eso solo se justificaría como una forma de apuntar a los migrantes como criminales», dijo Long.

En respuesta a una solicitud de comentarios de la VOA, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de EE. UU. se desmarcó del proceder del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TX DPS).

«El CBP no juega papel alguno ni tiene relación de manera alguna con la operación Estrella Solitaria del TX DPS, ni con grupos privados de ningún tipo», dijo un portavoz de CBP por correo electrónico.

En un informe este lunes, HRW recalcó que la iniciativa contra los inmigrantes con estatus irregular “se basa en una narrativa xenófoba”.

Controvertido trato a los inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue cuestionado el pasado 16 de noviembre en una audiencia de supervisión en el Senado por el representante demócrata por California, Alex Padilla, quien solicitó respuesta del jefe de esa entidad, Alejandro Mayorkas.

Padilla refirió la muerte del inmigrante de origen hispano Anastacio Hernández Rojas, quien -aseguró- resultó muerto a manos de agentes del orden en San Diego.

“El expediente policial revela que, después del incidente, los agentes de la Patrulla Fronteriza destruyeron, alteraron y retuvieron evidencia del Departamento de Policía de San Diego”, dijo Padilla, quien además citó el caso de los migrantes haitianos azuzados con látigos y caballos por agentes de la Patrulla Fronteriza en septiembre de este año en Del Río, Texas.

El DHS emitió el mismo 16 de noviembre una declaración de prensa, asegurando que ha remitido la investigación a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de la Patrulla.

“El DHS mantiene su compromiso de realizar una investigación exhaustiva, independiente y objetiva”, indicó la nota oficial.

Según los estatutos del estado de Texas, todo individuo tiene derecho a representación legal. El artículo 26.04 expresa que un abogado debe ser asignado durante los tres días hábiles posteriores a la solicitud emitida por parte del acusado.

La Voz de América envió solicitud de comentarios el miércoles por correo electrónico a los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia, así como al Departamento de Seguridad Pública de Texas. Hasta el momento de publicar esta nota, no había recibido respuesta.

* Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, desde Miami.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Una mujer migrante es abrazada por un niño dentro de una instalación de procesamiento temporal para migrantes, incluidos menores no acompañados, en Donna, Texas, EE. UU., 17 de marzo de 2021/Foto: Reuters.

Human Rights Watch, una organización de DDHH no gubernamental y sin fines de lucro, revela que “más de 160 informes internos sobre conducta indebida y abuso” hacia solicitantes de asilo por parte de autoridades migratorias de EE. UU. de los que el gobierno tiene conocimiento.

SAN FRANCISCO, EE. UU. —Un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado revela reportes de abusos cometidos por las autoridades fronterizas estadounidenses contra migrantes tras cruzar la frontera, de los cuales el gobierno tiene conocimiento.

El reporte de HRW, titulado “Te tratan como si no valieras nada»: Informes internos del DHS sobre abusos por funcionarios fronterizos de EE. UU., revela que los abusos son más frecuentes de lo que se conoce.

El documento de HRW, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo, revela la existencia de “más de 160 informes internos sobre conducta indebida y abuso” hacia solicitantes de asilo por parte de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre 2016 y 2021.

Afirma HRW que son del conocimiento del Gobierno estadounidense.

Clara Long, directora asociada para EE. UU. de HRW, contó a la Voz de América que el organismo que representa obtuvo los datos del mismo gobierno. “Este informe que hemos hecho es basado en los propios documentos del gobierno”, explicó.

Para ello, de acuerdo con el mismo informe, HRW se valió de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) y accedió a documentos del DHS, la agencia que tiene a su cargo el sistema de inmigración y el resguardo de las fronteras, donde se consignaban los hechos.

Long explicó que la institución que representa, así como otros organismos que trabajan por los migrantes y derechos humanos, desde hace muchos años han venido “teniendo alegaciones de abusos contra los migrantes”, y que el dato nuevo que revela el informe es que ahora se conoce que al interior del propio gobierno «también hay informes de los abusos”, que incluyen “asaltos físicos, sexuales, intimidación, violaciones del debido proceso de los solicitantes de asilo”, detalló.

Long también mostró preocupación porque no tienen la certeza de que los hechos se “estén investigando” y que al final del día estén “operando en impunidad”.

Las autoridades dicen que están “realizando revisiones internas»

HRW confirmó haber entregado al DHS el pasado 28 de septiembre los resúmenes de 11 casos de abusos detallados en los documentos obtenidos a través de FOIA, con una solicitud de información sobre investigaciones o medidas disciplinarias que hubieran surgido a partir de las acusaciones.

Luego el 12 de octubre, antes de publicar el informe, HRW envió una nueva solicitud, ampliando la anterior, y nuevamente solicitó información.

“No nos respondieron nada”, apuntó Long.

Sin embargo, luego de publicado el informe, el jueves 20 de octubre, en un comunicado citado por The New York Times, el DHS dijo que “el departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta».

Atribuyendo las declaraciones a Marsha Espinosa, una portavoz de Seguridad Nacional, el documento explica que esa cartera, bajo el liderazgo del secretario Alejandro Mayorkas, está “realizando revisiones internas para identificar y acabar con los prejuicios intolerables y reformar sus políticas y capacitación” y sobre el uso de la fuerza.

Así mismo, señala que han agregado más personal a su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y se han emitido memorándums sobre «la necesidad de respetar la dignidad de cada individuo, luchar contra la discriminación y salvaguardar los derechos y las libertades civiles».

Pero Long insiste en que las autoridades no han respondido si se investigaron los casos o no. «¿Cuáles fueron los resultados?”, cuestionó.

El organismo urgió a la Administración de Joe Biden a investigar las denuncias de maltratos y abusos cometidos, al tiempo que exhortó a realizar una revisión completa de los sistemas de investigación.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Daniel Ortega lleva más de 14 años consecutivos en el poder en Nicaragua. Foto Houston Castillo, VOA.

MANAGUA – En las boletas de las elecciones presidenciales en Nicaragua previstas para este 7 de noviembre solo aparecerá un rostro conocido: Daniel Ortega.

Tras eliminar a la oposición al encarcelar al menos a siete aspirantes a la presidencia y utilizar los poderes del Estado para suspender a partidos políticos, el mandatario de 75 años de edad correrá como “candidato único” en los comicios de este año, dice a la Voz de América el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

El resto de los partidos que han quedado en la contienda son considerados como colaboracionistas y señalados de recibir prebendas del oficialismo para “simular elecciones democráticas”, según la oposición.

El último golpe de Ortega a los comicios de este año fue el viernes por medio del Tribunal Electoral, que canceló la personalidad jurídica al partido opositor Ciudadanos por la Libertad, tras una denuncia de otro partido señalado de ser afín al mandatario. El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se convirtió en el tercero anulado de la contienda.

La Fiscalía informó el miércoles pasado en un comunicado que presentó una acusación contra la aspirante opositora Berenice Quezada por realizar «actos que incitan al odio y la violencia».

El Gobierno de Estados Unidos denunció a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que la medida de Ortega, de suspender al “último partido genuino de oposición subraya su deseo de permanecer en el poder a toda costa” y advirtió que el proceso electoral “ha perdido toda credibilidad”.

“Estados Unidos considera las últimas acciones autoritarias y antidemocráticas del régimen, impulsadas por el temor de Ortega a una pérdida electoral, como el golpe final contra las perspectivas de Nicaragua de unas elecciones libres y justas a finales de este año. Ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad”, dijo Blinken en un comunicado este sábado. Ortega, quien se encuentra bajo fuerte presión internacional por la ola de arrestos, ha acusado a la oposición y a Washington de tratar de boicotear los comicios presidenciales.

También países como Canadá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y otras organizaciones han expresado su preocupación por el rumbo que lleva Managua, bajo la Administración de Ortega.

“Canadá llama a Nicaragua a revertir su decisión de descalificar a otro partido político de las elecciones de noviembre y cumplir sus compromisos con el estado de derecho. Canadá está con el pueblo de Nicaragua y solicita democracia y elecciones libres y justas”.

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y buscará su tercera reelección consecutiva para mantenerse en el poder hasta 2027, junto a su esposa, Rosario Murillo, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.

Vivanco dice de Human Rights Watch valora que tanto Ortega y Murillo ejercen el poder “de una manera despótica” y menciona que “deliberadamente se imponen sobre la base del terror” al arrestar a varios opositores de liderazgos en Nicaragua.

“Ortega está, yo diría, fuera de control. Él y su esposa ejercen el poder de una manera despótica. Frente a estos hechos no cabe otra opción para la comunidad internacional que incrementar la presión, las sanciones. Mostrarle a Ortega que la comunidad internacional no está dispuesta a hacerse de la gota gorda”, señaló Vivanco.

Vivanco valoró como inaudito que “en pleno siglo XXI un déspota como Ortega, de una manera descarada siga adelante con un plan que simplemente lo que busca es perpetuarse en el poder y no correr el mínimo riesgo y eso implica la persecución y marginación contra cualquier candidato democrático que pudiera hacerle sombra”. Ortega se aprovecha de crisis en Latinoamérica
El abogado y director de HRW valora que el mandatario nicaragüense hace las movidas “antidemocráticas” aprovechando las crisis que se han dado en otros países de Latinoamérica, como en Venezuela con Nicolás Maduro; El Salvador, con Nayib Bukele, Guatemala con Alejandro Giammattei y Honduras con Juan Orlando Hernández.

“Lamentablemente, América Latina no pasa por un buen período y eso es uno de los factores que contribuyen a explicar por qué Ortega se puede dar el lujo de cometer las barbaridades que está ejecutando sin que esto tenga mayores repercusiones a nivel regional”.

“Los vecinos de Nicaragua, con la excepción de Costa Rica no tienen precisamente unos antecedentes que permitan augurar una presión regional contundente y fuerte”, concluyó Vivanco. “La región atraviesa una época difícil, de grandes amenazas, retrocesos y de incertidumbre, respecto a lo que es el apegado a los valores democráticos, a las libertades públicas y a los derechos humanos”.

Fuente: Voanoticias.com

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