Roberto Carlos Muñoz / Foto: Cárcel del condado de Sherburne

Las autoridades federales han presentado cargos contra un ciudadano guatemalteco de 39 años identificado como Roberto Carlos Muñoz, quien supuestamente arrastró a un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aproximadamente 300 pies con su vehículo mientras intentaba evitar ser detenido, según informó la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos.

Los registros judiciales federales indican que Muñoz enfrenta un cargo por agredir a un oficial federal y causar lesiones corporales en Bloomington. Cabe destacar que el acusado cuenta con antecedentes penales previos por conducta sexual criminal en cuarto grado.

Desarrollo de los Hechos

Según los documentos judiciales, el martes pasado agentes de varias agencias federales intentaron arrestar a Muñoz durante una parada de tráfico debido a su presencia ilegal en territorio estadounidense. Al negarse el sospechoso a cumplir con las órdenes, un agente de ICE procedió a romper una de las ventanas traseras del vehículo e introdujo su brazo para desbloquear la puerta.

En ese momento crítico, mientras el brazo del agente permanecía dentro del automóvil, Muñoz aceleró y huyó del lugar, arrastrando consigo al oficial federal. Durante el incidente, el agente intentó utilizar una pistola eléctrica contra el sospechoso, pero el intento resultó infructuoso.

Los documentos del tribunal describen que Muñoz condujo de manera errática, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, aparentemente con la intención de desprender al agente de su vehículo. En total, el oficial fue arrastrado aproximadamente 300 pies antes de lograr liberarse.

Consecuencias del Incidente

Como resultado del violento episodio, el agente de ICE fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario donde recibió atención médica por heridas significativas en el brazo y la mano. Las lesiones fueron tan severas que requirieron más de 30 puntos de sutura para su tratamiento.

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Inmigrantes en busca de asilo son detenidos por la patrulla fronteriza en la localidad Las Peñitas, Texas, Estados Unidos, tras cruzar el Río Grande. / Foto: Reuters.

Los cambios fueron indicados en una guía publicada en septiembre pasado y entraron en vigor el lunes.

MIAMI, EE . UU. — Las nuevas disposiciones de la administración del presidente Joe Biden para que el hecho de ser indocumentado no sea la única causa para una deportación en Estados Unidos suponen un cambio importante en la aplicación de la las leyes migratorias, pero ¿qué significa esto para los inmigrantes en situación irregular?

Los agentes policiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) deberán adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional, se van a enfocar en personas con antecedentes penales serios”, explicó Ángel Leal, abogado de inmigración, a la Voz de América.

Así, la falta de un estatus legal de permanencia, no podrá ser la única causa para deportar a una persona.

Según Leal, experto en inmigración, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación.

“Dándoles la oportunidad de no ser procesados por inmigración, tal vez califiquen para un recurso o alivio inmigratorio a través del Congreso”, destacó Melissa Taveras, vocera Family Law and Inmigration Center (FLIC) y American Civil Liberties Union (ACLU).

Taveras considera que no basta con la recién anunciada medida. “Ineludiblemente vamos a tener que seguir pues peleando, abogando por una permanencia que es lo que necesitan ya nuestras comunidades, y que es lo que quiere la mayoría de los estadounidenses”.

Leal, además, cree que estas normas pueden ser rebatidas en los tribunales por estados conservadores. Hasta el momento, Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio.

* Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, desde Miami.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Vehículos militares y de las fuerzas del orden crean un cordón alrededor de los migrantes que se refugian en un campamento fronterizo improvisado cercano a lo largo del Puente Internacional en Del Rio, Texas, EE.UU. el 22 de septiembre de 2021./Foto: Reuters.

La ley ha sido anunciada como un método novedoso para discriminar a cabalidad quiénes representan una amenaza para EE. UU. y quiénes no.

Tal y como había sido adelantado en septiembre, la nueva política migratoria de revisar caso por caso los procesos de deportación en Estados Unidos entró en vigor el lunes.

“Al tomar nuestras decisiones de aplicación, enfocaremos nuestros esfuerzos en las mayores amenazas al tiempo que reconocemos que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que han estado aquí durante muchos años y que han contribuido positivamente al bienestar de nuestro país, no son prioridades para la remoción», dijo en un memorando Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La medida está basada en la guía para que los agentes de inmigración tomen en cuenta, caso por caso, a quién deportar y a quién no, centrándose principalmente en los individuos que constituyan una «amenaza» para la seguridad del país.

Con el anuncio, el DHS pone en vigor las nuevas directivas para hacer cumplir la Ley de Inmigración Civil, que fueron firmadas por Mayorkas el 30 de septiembre.

Las nuevas indicaciones otorgan facultades a los funcionarios de inmigración para un ejercicio discrecional a la hora de decidir quiénes son “una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza” y quiénes no.

Una referencia precisa es la de los dreamers, o “soñadores”, unos 640.000 inmigrantes que llegaron al país siendo niños, que batallan desde hace años por hacerse con la ciudadanía estadounidense sin que este paso llegue a ser aprobado por el Congreso.

La Administración del presidente Joe Biden ha sido criticada por la parte republicana por flexibilizar muchas de las normativas impuestas por su predecesor, Donald Trump, en materia inmigratoria, sobre todo tras la llegada de miles de inmigrantes que sin una documentación legal han entrado al país por la frontera sur, provenientes principalmente de países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

El nuevo proceso de revisión de los casos estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que deberá emitir un memorando en próximos días en el que pormenorice los nuevos criterios.

Extienden solicitudes de TPS online para varios países

El mismo lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la ampliación de la disponibilidad en línea de la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití.

La novedad consiste en que quienes soliciten un Documento de Autorización de Empleo (EAD), si lo hacen presentando al mismo tiempo los formularios I-765 y el I-821, pudieran recibir con más prontitud su EAD. Anteriormente, la opción de presentar el Formulario I-821 en línea estaba únicamente a disposición de los solicitantes iniciales de TPS y para algunos países de la lista publicada hoy.

* Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, desde Miami.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Una mujer migrante es abrazada por un niño dentro de una instalación de procesamiento temporal para migrantes, incluidos menores no acompañados, en Donna, Texas, EE. UU., 17 de marzo de 2021/Foto: Reuters.

Human Rights Watch, una organización de DDHH no gubernamental y sin fines de lucro, revela que “más de 160 informes internos sobre conducta indebida y abuso” hacia solicitantes de asilo por parte de autoridades migratorias de EE. UU. de los que el gobierno tiene conocimiento.

SAN FRANCISCO, EE. UU. —Un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado revela reportes de abusos cometidos por las autoridades fronterizas estadounidenses contra migrantes tras cruzar la frontera, de los cuales el gobierno tiene conocimiento.

El reporte de HRW, titulado “Te tratan como si no valieras nada»: Informes internos del DHS sobre abusos por funcionarios fronterizos de EE. UU., revela que los abusos son más frecuentes de lo que se conoce.

El documento de HRW, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo, revela la existencia de “más de 160 informes internos sobre conducta indebida y abuso” hacia solicitantes de asilo por parte de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre 2016 y 2021.

Afirma HRW que son del conocimiento del Gobierno estadounidense.

Clara Long, directora asociada para EE. UU. de HRW, contó a la Voz de América que el organismo que representa obtuvo los datos del mismo gobierno. “Este informe que hemos hecho es basado en los propios documentos del gobierno”, explicó.

Para ello, de acuerdo con el mismo informe, HRW se valió de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) y accedió a documentos del DHS, la agencia que tiene a su cargo el sistema de inmigración y el resguardo de las fronteras, donde se consignaban los hechos.

Long explicó que la institución que representa, así como otros organismos que trabajan por los migrantes y derechos humanos, desde hace muchos años han venido “teniendo alegaciones de abusos contra los migrantes”, y que el dato nuevo que revela el informe es que ahora se conoce que al interior del propio gobierno «también hay informes de los abusos”, que incluyen “asaltos físicos, sexuales, intimidación, violaciones del debido proceso de los solicitantes de asilo”, detalló.

Long también mostró preocupación porque no tienen la certeza de que los hechos se “estén investigando” y que al final del día estén “operando en impunidad”.

Las autoridades dicen que están “realizando revisiones internas»

HRW confirmó haber entregado al DHS el pasado 28 de septiembre los resúmenes de 11 casos de abusos detallados en los documentos obtenidos a través de FOIA, con una solicitud de información sobre investigaciones o medidas disciplinarias que hubieran surgido a partir de las acusaciones.

Luego el 12 de octubre, antes de publicar el informe, HRW envió una nueva solicitud, ampliando la anterior, y nuevamente solicitó información.

“No nos respondieron nada”, apuntó Long.

Sin embargo, luego de publicado el informe, el jueves 20 de octubre, en un comunicado citado por The New York Times, el DHS dijo que “el departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta».

Atribuyendo las declaraciones a Marsha Espinosa, una portavoz de Seguridad Nacional, el documento explica que esa cartera, bajo el liderazgo del secretario Alejandro Mayorkas, está “realizando revisiones internas para identificar y acabar con los prejuicios intolerables y reformar sus políticas y capacitación” y sobre el uso de la fuerza.

Así mismo, señala que han agregado más personal a su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y se han emitido memorándums sobre «la necesidad de respetar la dignidad de cada individuo, luchar contra la discriminación y salvaguardar los derechos y las libertades civiles».

Pero Long insiste en que las autoridades no han respondido si se investigaron los casos o no. «¿Cuáles fueron los resultados?”, cuestionó.

El organismo urgió a la Administración de Joe Biden a investigar las denuncias de maltratos y abusos cometidos, al tiempo que exhortó a realizar una revisión completa de los sistemas de investigación.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Un grupo de migrantes es procesado en Roma, Texas, EE. UU. por funcionarios de inmigración luego de cruzar desde la frontera mexicana el 30 de septiembre de 2021. / Foto: Reuters.

No es el único caso, asegura el equipo legal del mexicano Carlos Murillo Vega; pero sí es la primera demanda bajo la Ley de Responsabilidad en la Detención de California.

LOS ÁNGELES, EE. UU. — Un mexicano asegura que permaneció en confinamiento solitario durante más de un año mientras estuvo bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y demandó a la empresa privada que maneja ese centro de detención, acusándola de haber violado sus derechos.

Carlos Murillo Vega dice que fue puesto en aislamiento durante 14 meses en una pequeña celda donde pasó 23 horas al día completamente solo, durante su estadía en el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico, California, una instalación que alberga a migrantes detenidos por ICE.

“Y eso fue una violación de las normas de detención”, aseguró a la Voz de América Lisa Knox, directora legal del California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ).

Knox, al frente del CCIJ, presentó una demanda contra MTC, el operador del centro de detención donde estuvo retenido, alegando maltrato y violación de estándares de salud y seguridad de reclusos.

Es la primera demanda bajo la Ley de Responsabilidad en la Detención de California, que entró en vigor este año en el estado y que permite demandar a centros de detención privados.

“Sabemos que él no es la única persona a quien le pasó eso”, dijo Knox. Murillo no quiso ser entrevistado.

“Una forma de tortura”

Heber Waterhouse, inmigrante hondureño actualmente detenido en un centro operado por otra empresa, también estuvo en solitario por 14 meses y relató a la VOA cómo lo afectó el aislamiento prolongado.

“Honestamente, pensaba en matarme, pensaba en lastimarme. O sea, mi mente llegó… llegó un punto en el que empezaba a hablar con mi sombra”, explicó.

Knox hace un balance del caso. “Lo que sufrió(…) las Naciones Unidas, muchos expertos internacionales, dicen que es una forma de tortura”.

En un mensaje enviado a la VOA, la empresa MTC negó las acusaciones de Murillo Vega, garantizó el cumplimiento de estándares nacionales de detención y adelantó que se defenderá vigorosamente en contra de la demanda.

Además de compensación por daños y perjuicios, representantes legales esperan que el caso logre impulsar cambios en los centros de detención privados.

Una “conducta indebida”

Precisamente este jueves la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe, citando documentos del Gobierno de Estados Unidos, sobre la “conducta indebida y abuso de solicitantes de asilo por parte de funcionarios estadounidenses”.

HRW dice en su informe que los abusos habrían sido cometidos por funcionarios de la CBP y del ICE “principalmente entre 2016 y 2021”.

Al ser cuestionada sobre la responsabilidad de la Administración Biden en los hechos, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en su encuentro diario con los reporteros que no tenía conocimiento del informe.

“Yo no he visto el reporte, suena aterrador. Tengo que leer el reporte y les diré después”, zanjó.

^{* Luis Felipe Rojas, desde Miami, contribuyó con este reporte.}

Fuente: Vozdeamerica.com

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La frontera sur ha experimentado este año insólitos aumentos de migrantes que solicitan asilo como este grupo que proyecta sombra en una pared mientras forman una cola para ser procesadas por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. después de entrar de forma irregular al territorio. / Foto: Reuters.

Investigación publicada por el MPI refleja que la falta de coordinación entre agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional ha “debilitado” el manejo del tema migratorio. Recomienda hacer un centro coordinador transversal a todas las agencias involucradas y planes contingentes para crisis.

WASHINGTON — Estados Unidos ha gastado más de 315.000 millones de dólares en la aplicación de la ley federal de inmigración desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2002, pero con el tiempo la efectividad del trabajo de la agencia no está dando resultados según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

El estudio realizado por las expertas Doris Meissner y Ruth Ellen Wasem de la Escuela de Relaciones Públicas Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas se centra en la parte operativa y de coordinación de las diferentes agencias federales que intervienen en la problemática migratoria, sobre todo en la frontera sur con México donde se dejan ver las falencias.

Maissner y Wasem señalan en el estudio titulado: “Hacia un mejor sistema de inmigración: Corrigiendo la gestión de la inmigración de DHS” que el control de las fronteras, la asignación de recursos y el manejo de crisis constituyen uno de los mandatos más amplios para DHS que nació para salvaguardar la seguridad interna luego de los atentados terroristas del año 2001.

El “debilitamiento” a juicio de las expertas se debe “a las fallas en el desempeño de los componentes clave de inmigración” por parte de la agencia federal bajo cuya supervisión operan la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); uno para contener las entradas irregulares de migrantes, otro para custodiar y repatriar a los detenidos y el tercero en la revisión de casos de asilo.

Éstas, consigna el estudio, deben coordinar respuestas y actuar ante los aumentos de detenciones en la frontera sur, especialmente de niños no acompañados y núcleos familiares, como ha ocurrido en los últimos meses con otras agencias federales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Departamento de Justicia y El Departamento de Estado, el primero en ubicar albergues el segundo en el manejo de casos en cortes y el tercero posicionado en los países desde donde surte la migración irregular.

Según las estadísticas de CBP, solo en el mes de julio se detuvo en la frontera sur a 212.672 migrantes irregulares, también da cuenta que 18.672 menores no acompañados cruzaron la frontera ese mismo mes con un aumento del 24% en relación con junio cuando se contaron 15.234 detenciones de niños.

“A menos que estas agencias y otras similares trabajen juntas como un sistema, la gestión y el control de las fronteras en la realidad actual no pueden tener éxito. Por lo tanto, gestionar la inmigración como un sistema requiere capacidades operativas coordinadas, estructuras de toma de decisiones y asignación de recursos… Esto se vuelve especialmente críticos para responder a cambios repentinos en las tendencias migratorias o eventos imprevistos, como la pandemia», sostienen Meissner y Wasem en el informe.

El estudio apunta que la coordinación dentro y entre las diferentes agencias ha sido en gran medida “inconsistente” en las casi dos décadas de trabajo.

El reporte surte de un estudio con más de 50 entrevistas en profundidad a personas de alto conocimiento técnico sobre el trabajo de las agencias, incluye ex funcionarios de las diferentes dependencias.

Meissner, dirigió las operaciones federales de inmigración como comisionada de USCIS en la década de 1990, y Wasem analizó las funciones de inmigración durante su mandato en el Servicio de Investigación del Congreso.

Altos costos y disparidades

Las investigadoras también pasan revista al financiamiento de las tres dependencias que funcionan como brazos operativos de DHS: CBP, ICE y USCIS que absorben el 34% del presupuesto de la agencia y captan el 44% del personal de todo el departamento.

El estudio consigna que en el año fiscal 2020 las asignaciones anuales para la aplicación de la ley de Inmigración superaron los 25.000 millones, lo que representa un 28% más que los presupuestos combinados del gobierno para las principales agencias de aplicación de la ley penal.

Los fondos para el cumplimiento de la ley migratoria distan mucho en recursos de otras necesidades de seguridad interna como las asignaciones en conjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio Secreto, Servicios de Alguaciles, entre otras.

“En conjunto, desde la creación del DHS, Estados Unidos ha gastado más de 315.000 millones de dólares en la aplicación de la ley federal de inmigración”, acotan las expertas en el documento de 50 páginas.

Recomendaciones para agilizar el trabajo

Al ofrecer un marco de recomendaciones para volver más eficaz el trabajo de DHS y las demás agencias involucradas, el estudio centra al menos cuatro áreas estratégicas para encontrar salidas en corto plazo ante el letargo del sistema.

Observa que debe haber más control desde la Casa Blanca para ampliar y mejorar las misiones de las diferentes dependencias implicadas, crear nuevos marcos de políticas claras en todos los estamentos de la agencia federal, coordinar las prioridades de financiamiento y promover reformas profundas en la cultura interna del DHS.

“Para que las operaciones de inmigración puedan funcionar de manera más efectiva y adaptarse para abordar los desafíos cambiantes, la inmigración debe ser administrada como un sistema dentro del DHS, a través de agencias asociadas y por la Casa Blanca”, consigna el estudio.

Sumado a la toma de decisiones sobre políticas y la gestión de crisis, pero sobre todo ejecutar un plan de coordinación más técnico bajo la figura del secretario de Seguridad Nacional que pueda entrelazar el trabajo de CBP, ICE, USCIS y en el amplio espectro con los otros departamentos que también tratan el tema migratorio.

“El secretario de seguridad nacional debe otorgar una amplia autoridad transversal al subsecretario de estrategia, políticas y planes y al subsecretario de seguridad fronteriza e inmigración, permitiéndoles supervisar y coordinar los planes estratégicos del componente de inmigración, los presupuestos integrados y las directivas de política de inmigración que implican capacidades y responsabilidades intra e interinstitucionales”, puntualiza el informe.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Un grupo mixto de inmigrantes en busca de asilo en EE. UU. es interceptado por la patrulla fronteriza tras cruzar el Río Grande hacia La Joya, Texas, el 20 de mayo de 2021. / Foto: Reuters.

WASHINGTON D.C. – La Administración del presidente Joe Biden estaría contemplando un plan de vacunación en las zonas fronterizas, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registra los niveles más altos de cruces irregulares.

La noticia reportada por el diario The Washington Post, cita a funcionarios del DHS, quienes afirman que las vacunas se “proporcionarían a quienes enfrentan deportación, así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos a espera de una audiencia judicial”.

Aunque la medida está bajo revisión y no existe una decisión al respecto, funcionarios consultados por la Voz de América no descartan su efectividad.

Vivek Murthy, director general de salud pública EE. UU. dijo este miércoles a la VOA que «hacer que la vacuna esté disponible para todas las personas es absolutamente lo mejor» y consideró que es una «estrategia impulsada por la ciencia» que se debe seguir.

“Cualquiera que esté en nuestro país, ya sea que haya vivido aquí durante generaciones o que haya estado aquí durante unos días, es alguien que puede tener el potencial de ser infectado por covid y transmitirlo a otros”, agregó Murthy.

La revisión de los protocolos de salud pública ocurre en momentos en que Estados Unidos registra los mayores índices de cruces irregulares en la frontera con México en dos décadas.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), solo en el mes de junio fueron detenidos más de 188.000 migrantes y, en julio, el número podría alcanzar cerca de 210.000, de acuerdo con proyecciones realizadas por el secretario adjunto para la política de frontera e inmigración del DHS, David Shahoulian.

«El mes de julio también probablemente tuvo un récord en el número de detenciones de menores no acompañados, más de 19.000″, indicó Shahoulian en un documento judicial en el que describió las preocupaciones de salud pública.

Hasta la fecha, un total de 17.117 menores bajo la tutela del Departamento de Salud ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid, según datos a los que tuvo acceso la VOA.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recibido 10.000 vacunas de la farmacéutica Johnson & Johnson para administrarlas a una población de más de dos decenas de miles migrantes detenidos; 25.848 reportados por ICE hasta el 30 de julio, para ser exactos.

Una «catástrofe»

El Partido Republicano responsabiliza a la Administración Biden por fomentar una “política de fronteras abiertas” y crear lo que denominan como una «catástrofe» y una “crisis humanitaria” sin precedentes.

En un comunicado emitido el pasado 4 de agosto, el partido cuestiona a la bancada demócrata aduciendo que mientras “presionan por más mandatos y restricciones relacionados con el covid para los ciudadanos estadounidenses, ignoran hipócritamente a los miles de migrantes no examinados y no vacunados que están cruzando ilegalmente la frontera, en muchos casos, contagiados positivamente con el covid”.

La oposición del mandatario demócrata denuncia que «migrantes indocumentados portadores del virus están siendo transportados en autobuses y aviones por todos Estados Unidos, mientras que otros, de manera secreta, están siendo alojados en hoteles».

La Casa Blanca, no obstante, se ha mantenido firme en su mensaje de que “las fronteras no están abiertas” e insiste que “este no es el momento” para llegar a la frontera sur de Estados Unidos, mientras la gran mayoría de quienes lo intentan son retornados a México.

Fuente: voanoticias.com

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Foto: ICE

Jesús López dice que se siente un extraño en el lugar donde nació.

Es de Guadalajara, México, pero su vida transcurrió en Chicago. Luego de 15 años en la ciudad, fue deportado hace un año durante la pandemia de COVID-19.

«Quiero regresar porque pertenezco allí. Ahí es donde tengo a mis amigos, mi familia», dijo el joven de 25 años, quien una vez fue beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que brinda protección a los inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos de niños.

López, quien dijo que no renovó su lugar en el programa porque no podía pagarlo, espera beneficiarse de los nuevos esfuerzos de defensores, grupos y abogados para traer de regreso a inmigrantes que creen que fueron deportados injustamente de Estados Unidos.

Con el presidente Joe Biden en el cargo, una de las nuevas propuestas de los defensores insta a crear una oficina centralizada del Departamento de Seguridad Nacional para considerar las solicitudes de los inmigrantes deportados que intentan reunirse con sus familias en Estados Unidos.

«Hemos deportado a cientos de miles de personas, y hacer eso y ni siquiera tener una válvula de escape efectiva para revisar las malas decisiones viola el debido proceso», dijo Nayna Gupta, directora asociada de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, con sede en Washington, organización sin fines de lucro que propuso la idea.

Es una posibilidad remota: los funcionarios de la Casa Blanca nunca han mencionado públicamente la idea y aún no tiene un partidario en el Congreso. Sin embargo, la campaña muestra cómo la defensa de los inmigrantes se ha envalentonado después de cuatro años de políticas de inmigración de línea dura bajo el ex presidente Donald Trump.

También muestra cuán variadas son las ambiciones entre los defensores de los inmigrantes.

Proyectos de ley en el Congreso

En cambio, muchos se centran en proyectos de ley de inmigración que han sido aprobados por la Cámara, pero que parecen estancados en el Senado debido a que un gran número de niños no acompañados que cruzan la frontera han debilitado la posición de la Casa Blanca. Las medidas darían estatus legal a los beneficiarios de DACA como López, más trabajadores agrícolas y otros con protecciones especiales.

Varios legisladores republicanos, y algunos demócratas, han catalogado la situación en la frontera como una “crisis humanitaria”. El legislador Rick Scott, por ejemplo, ha asegurado que la Casa Blanca “está tan desconectada de la realidad que creen que la crisis en nuestra frontera sur (…) es un juego político”.

En marzo pasado, congresistas republicanos presentaron su propia versión de un plan de reforma migratoria. Entre ellos, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, y la representante por Florida, María Elvira Salazar, explicaron entonces  la guía de principios para un plan de reformas migratorias que incluye una ruta hacia la legalización provisional para inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.

Se trata del Plan de Dignidad, que incluye entre otros temas, protecciones para los ‘Dreamers’ o soñadores como López. Los republicanos apoyan que los soñadores obtengan un estatus legal inmediato autorizado por el Congreso y su propuesta alude a «caminos hacia la legalización permanente a través del trabajo, el servicio militar o la educación superior».

Otras solicitudes

Otro proyecto de ley que Biden propuso para ofrecer un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes que viven en el país irregularmente incluye alguna posibilidad de que los deportados regresen a EE. UU. Pero la administración de Biden no ha hablado públicamente ni ha respondido preguntas sobre la posibilidad de considerar regularmente esas solicitudes.

Los republicanos acusan al gobierno Biden de crear una «crisis» en la frontera y lo señalan por tener, lo que ellos aseguran son, políticas laxas hacia la migración irregular.

«Estamos en un punto de crisis», dijo el congresista Chuck Fleischmann, representante por Tennessee ante la Cámara Baja durante una audiencia con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

«Parece que el mensaje del Gobierno Biden a todos es que EE. UU. no tiene límites sobre quién puede venir porque la administración no está haciendo cumplir las leyes migratorias», agregó.

Más de 700.000 inmigrantes han sido deportados de Estados Unidos en los últimos tres años fiscales, según datos federales. La ley de los Estados Unidos incluye formas para que los deportados regresen, pero rara vez tienen éxito.

Para algunos deportados, el cambio de administración ofrece esperanza.

Claudio Rojas dice que se siente mejor desde que Trump dejó el cargo, pero aún vive con ansiedad y algunas noches no puede dormir en su casa de Buenos Aires.

«No estoy en un centro de detención, pero me siento como en la cárcel en mi propio departamento. Estoy en Argentina, pero me siento un extranjero. No puedo adaptarme», dijo Rojas, de 55 años, un manitas deportado. en 2019. Su esposa, dos hijos y dos nietos están en Florida.

Rojas y su familia se quedaron más tiempo del debido en una visa de turista. Después de una década, terminó bajo custodia federal después de que la policía lo detuvo y recibió una orden de deportación. Rojas no se fue y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo nuevamente durante siete meses. Hizo una huelga de hambre ampliamente publicitada y dos cineastas hicieron un documental basado en su experiencia y la de otros.

Esperando un fallo

Días antes de que Rojas hablara en el Festival de Cine de Miami 2019, fue detenido nuevamente y deportado. El argentino ha presentado una demanda y está a la espera de una decisión de un tribunal federal de apelaciones.

«Quiero recuperar la vida que perdí, todo este tiempo que perdí», dijo Rojas.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dice que el Congreso no necesita actuar sobre su propuesta y que la creación de un proceso centralizado para revisar las solicitudes podría realizarse a través de la acción ejecutiva porque se basa en las leyes existentes.

El plan pide al gobierno que tenga en cuenta factores como las personas que eran elegibles para obtener un estatus legal y lo habían solicitado antes de ser deportadas o aquellas que tienen circunstancias apremiantes.

La propuesta ha sido compartida con el personal de la Casa Blanca, dijo el grupo. Planea invitar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a discutir la propuesta e incluir una carta firmada por 75 organizaciones de derechos de los inmigrantes que apoyan el plan.

Un portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas sobre la propuesta al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió de inmediato.

Fuente: Voanoticias.com

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ICE tiene diversas tácticas para encontrar a indocumentados. Foto: ICE.GOV

Las agencias migratorias contra indocumentados tendrían nuevas herramientas para localizarlos, detenerlos y procesar su deportación.

Lo anterior con ayuda de bases de datos de celulares que está adquiriendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una medida que ha alertado a los defensores del derecho a la privacidad.

BuzzFeed News obtuvo un memorando del DHS, donde el abogado principal, Chad Mizelle, describe cómo los funcionarios migratorios podrían buscar ubicaciones y rastrear la actividad de datos de teléfonos celulares para tomar decisiones sobre posibles operativos contra indocumentados.

La herramienta sería utilizada por agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza cuyos oficiales no tendrían que obtener una orden judicial.

“Esto genera preocupaciones sobre la recopilación de datos de ubicación altamente privada de los estadounidenses [sobre] todos los aspectos de nuestras vidas”, advirtió Nathan Freed Wessler, un abogado de la ACLU experto en temas de privacidad.

El nuevo sistema, con el que se buscaría evitar la Cuarta Enmienda, podría afectar a ciudadanos estadounidenses.

Adam Schwartz, un abogado senior de la Electronic Frontier Foundation, dijo al portal que el memorando era “perturbador”, ya que proyecta amplio alcance de acción y varias violaciones a la privacidad.

Según el memorando, los datos no revelarían la identidad inmediata de las personas, pero podría facilitar la investigación de los agentes migratorios.

Hay algunos sistemas que las agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza ya utiliza, los cuales permiten revisar los datos sobre telefonía, pero caso por caso, obteniendo un número limitado de información sin la identidad de los usuarios.

Las agencias del DHS tienen distintos modos allegarse datos para ubicar a indocumentados y procesar su deportación.

Fuente: laopinion

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Hay cientos de niños bajo custodia de ICE. Foto: Archivo

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso como fecha límite el viernes para que cientos de familias tomen la decisión más difícil de sus vidas hasta ahora: dejar a su hijos encerrados o pedir su liberación.

Un reporte de CNN señala que la decisión que enfrentan los padres fue motivada por una orden judicial de junio que pedía la liberación de los niños, pero hay padres que no saben si es más seguro que sigan bajo detención familiar federal.

Esto porque la pandemia de coronavirus aumenta en varios de los estados donde los menores están bajo custodia, como Texas.

“Las mamás están tratando de descubrir cómo sus hijos están más seguros”, dijo Shay Fluharty del Proyecto Dilley, que brinda servicios legales a las familias en Texas. “¿Es más seguro acudir a un extraño? ¿Es más seguro continuar detenido mientras el virus se acerca cada vez más?”

Son tres los centros de detención para niños administrados por ICE: uno en Pensilvania y dos en Texas.

El lunes, un juez federal en Washington, D.C., definió sobre la liberación de los menores y su fallo no se presentará antes del viernes, dejando a los padres a tomar la decisión antes de que sea definitiva.

Fuente: laopinion.com

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