El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan./Foto: Reuters.

El canciller de Nicolás Maduro acusó al fiscal jefe de la CPI de fundamentar su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en “fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización”.

MARACAIBO, VENEZUELA — El gobierno de Nicolás Maduro acusó al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, de tener “una visión claramente prejuiciada” en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, días después luego de que este solicitara permiso a ese organismo para reanudar su trabajo.

La cancillería venezolana, a cargo de Carlos Faría, dijo lamentar que el fiscal “insista en una investigación basada en fuentes secundarias guiadas por intereses políticos”, en referencia a organizaciones no gubernamentales, víctimas y familiares de estas que han denunciado la comisión de delitos de lesa humanidad en el país suramericano desde 2017.

Faría publicó la noche del sábado un comunicado donde recrimina que “a pesar de toda la información suministrada y los fluidos intercambios sostenidos con la Fiscalía durante el año 2022, el fiscal Karim Khan mantenga una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela, haciéndose eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”.

“Es especialmente preocupante que la solicitud del fiscal se fundamente básicamente en fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización, en perjuicio de la rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia en materia de administración de justicia especializada”, reprochó.

El martes pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo que autorice la reanudación de su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, detenida desde abril de este año por solicitud del gobierno de Maduro.

Según explicó el gobierno venezolano este fin de semana, la investigación “quedó y continúa suspendida” desde entonces tras una solicitud directa a Khan para que se inhibiera en su rol “en favor del sistema de justicia venezolano”.

El Estado venezolano insistió en que el Estatuto de Roma da “primacía” a la jurisdicción nacional y aporta un “carácter subsidiario y complementario” al sistema de la CPI.

Khan, por su parte, expuso el martes que tal aplazamiento de su investigación sobre el caso venezolano “no se justifica y se debe autorizar la reanudación de la investigación”.

El fiscal británico dijo haber tomado nota de los “esfuerzos considerables” del gobierno de Maduro para compartir información sobre sus disposiciones, pero concluyó que los mismos “siguen siendo insuficientes en su alcance o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes” en Venezuela.

Pulso en la sala

El canciller de Maduro aseguró en su comunicado del fin de semana que el Estado venezolano “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos, a los fines de determinar la verdad y establecer, de ser el caso, las responsabilidades penales correspondientes”.

Faría anticipó que Venezuela acudirá ante la Sala de Cuestiones Preliminares “para defender la verdad y demostrar la productiva labor de las autoridades nacionales en la investigación de todas las denuncias de delitos graves contra las personas”.

En el párrafo final de su texto, el canciller madurista reafirmó que Venezuela “continuará colaborando de buena fe con la Fiscalía y la Corte Penal Internacional”.

La polémica sobre si se reanuda o no la investigación por parte del despacho de Khan está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, una decisión que, según expertos consultados por la Voz de América, debería ocurrir antes de que finalice este año.

Una misión independiente de las Naciones Unidas, renovada hace poco en su mandato, concluyó en septiembre pasado que existe responsabilidad de autoridades del gobierno venezolano en crímenes de lesa humanidad, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello, diputado, exvicepresidente del país y uno de los hombres fuertes del chavismo.

Según esos investigadores, cuyas indagaciones no guardan relación directa con las de la oficina del fiscal de la CPI, tanto Maduro como Cabello lideraron un “plan orquestado” para “reprimir a la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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El fiscal de la CPI, Karim Khan. Foto de archivo: Reuters.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM) reiteró el mes pasado su preocupación por el “limitado” alcance de las investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa humanidad en el país.

CARACAS — La instalación y funciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sigue generando polémica en Venezuela.

Defensores de derechos humanos coinciden en que es necesario no especular sobre cuáles serán las actividades del ente en territorio venezolano. De hecho, muchos consideran prudente guiarse por las declaraciones del fiscal Karim Khan, quien, durante su más reciente visita a Venezuela, insistió en que la intención es prestar asistencia técnica a la nación suramericana.

Durante un foro orientado a analizar el impacto de la fiscalía de la CPI, Sara Fernández, abogada e integrante del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), una organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, subrayó que, hasta el momento, esa instancia parece ser un “foco permanente” para la aplicación del principio de complementariedad positiva del Estatuto de Roma.

“Todo está enmarcado a la asistencia técnica a las autoridades y yo creo que esto es importante aclararlo para no generar expectativas de que la oficina es una oficina de investigación, que la investigación va a recabar pruebas por sí misma de la sociedad civil o de víctimas, que va a haber reunión con testigos”, expuso.

Sin embargo, sostiene que la instalación de la oficina es positiva si se logran cambios fundamentales en la estructura del poder judicial y el acceso de las víctimas a la justicia.

“Recordemos que el impacto que va a tener la CPI en el contexto mucho más general de la situación en Venezuela es reducido en el sentido no solamente de los tiempos que toma la justicia internacional, pero también de los casos que puede llegar a conocer que sin duda son pocos en comparación con la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país”, dijo.

Fernández advirtió también que hasta el momento no conocen cuáles son los parámetros de la apertura de la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano.

“Si finalmente se abrió la investigación por hechos desde el 2014 o solo desde el 2017 (…) no hemos tenido ninguna comunicación oficial, al menos desde sociedad civil por parte de la fiscalía (…) si ni siquiera sabemos cuáles son los parámetros de la apertura de la investigación, se nos dificulta muchísimo representar adecuadamente a las víctimas”, añadió.

En un comunicado divulgado la semana pasada, un grupo de organizaciones insistió en la necesidad de que la fiscalía de la CPI “precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad”, trabaje con todos los actores claves y pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguridad con las víctimas, sus familiares, representantes, así como con la sociedad civil.

Las organizaciones también expresaron “profunda” preocupación sobre la forma en que la fiscalía de la CPI “vislumbra su trabajo” con el actual sistema judicial venezolano.

“Parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”, puntualizó el texto.

Las oenegés consideran que, a pesar de las reformas iniciadas por el Estado, “el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”.

Recientemente, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común.

A principios de este mes, en declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro durante una visita oficial que se hizo pública al término de la misma, Khan anunció que acordó con el Estado venezolano abrir una oficina de la fiscalía en Venezuela.

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la CPI ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Fuente: Vozdeamerica.com

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