Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, presenta el Informe sobre Trata de Personas en el Departamento de Estado, en Washington.

El gobierno estadounidense hizo público su reporte anual de tráfico de personas en el mundo, donde señaló a Cuba, Nicaragua y Venezuela como países que no cumplen con los estándares de lucha contra el tráfico y “no hacen esfuerzos significativos” para detenerlo.

WASHINGTON — Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron señalados este lunes por el Departamento de Estado de EEUU entre los países con las formas más severas de tráfico humano, cuyos gobiernos “no cumplen con las normas mínimas y no están haciendo esfuerzos suficientes” para cumplir con la protección a víctimas de tráfico.

Los tres países latinoamericanos están en el nivel 3 del Informe sobre Trata de Personas presentado por el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en la sede del Departamento de Estado en Washington.

Blinken detalló que el reporte es una “evaluación comprensiva” con el objetivo de identificar el estado de los esfuerzos “anti tráfico” que se realizan en 188 países del mundo, incluyendo Estados Unidos.

Alrededor del planeta, unas 27 millones de personas son explotadas a nivel laboral, servicios o de manera sexual, a través de la fuerza, el fraude y la coerción, reveló el informe.

El reto de la migración irregular

El gobierno estadounidense resaltó que en el hemisferio occidental, hay aspectos “comunes” en cuanto a la trata de personas. Sin embargo, el reto mayor continúa siendo la “migración irregular sin precedentes”.

Este informe detalla que quienes buscan asilo fuera de sus países, son “especialmente vulnerables” al tráfico sexual y trabajo forzado por parte de grupos criminales y traficantes.

“Llamamos a todos los países que enfrentan la inmigración irregular a prevenir el tráfico y priorizar la evaluación de personas”, indica el documento.

En el caso de Cuba, el gobierno estadounidense resaltó como preocupación un programa de exportación de servicios profesionales en el que, según detallaró, el gobierno cubano envía “miles de trabajadores” a diferentes países alrededor del mundo a cambio de ganancia económica.

Entre los afectados se encuentran profesores, artistas, atletas y entrenadores, así como unos 7.000 marineros, según el Departamento de Estado. Al finalizar el 2023, más de 22.000 trabajadores afiliados al gobierno cubano estaban presentes en 53 países.

En Nicaragua, según Estado, el gobierno “continuó minimizando la severidad del problema de tráfico humano” en ese país. Tampoco «hizo esfuerzos” para identificar y apoyar a víctimas de trata humana, mientras nicaragüenses continúan “siendo explotados en el exterior”.

En Venezuela, por otra parte, el informe resaltó que “Estados Unidos no reconoce a Maduro y sus representantes como el gobierno de Venezuela”, sin embargo, apuntó que el presidente venezolano tomó “algunos pasos” a favor de la trata humana como el sentenciar a dos traficantes a tiempo “significativo en prisión”.

A pesar de eso, “la falta de información pública y las restricciones a la prensa en reportar esfuerzos antitrata de personas” fueron “complacientes” con la problemática.

“Maduro y sus representantes fueron complacientes en crímenes de tráfico y mantuvieron un ambiente permisivo para grupos armados”, agrega el informe.

Los países latinoamericanos con mejor posición en el reporte fueron Argentina, Chile y Colombia.

Reconocen trabajo de mujeres latinoamericanas

El Informe sobre Trata Humana en el mundo incluye el reconocimiento a varias personas consideradas “héroes” por su trabajo individual en la lucha contra el tráfico. Este año, tres mujeres hispanohablantes fueron incluidas en esta lista de heroínas.

Marcela Martínez, de Bolivia, la cubana Maria Welau y la española Rosa Cendón asistieron al evento en el Departamento de Estado, donde Blinken resaltó sus esfuerzos como clave para lograr un “cambio rápido” ante los “obstáculos presentes”.

“No necesitamos ser parte del gobierno para lograr hacer algo (en la lucha contra la trata de personas). Cada uno desde el lugar en el que se encuentra, puede aportar con su granito de arena para poner un alto no solamente a la trata de personas sino al narcotráfico”, dijo Martínez a la Voz de América.

Zarlet, la hija de Martínez, fue secuestrada hace 12 años y aún se desconoce su paradero. La labor de encontrar a su hija la motivó a crear una red de alerta temprana para ayudar a activar la búsqueda de víctimas en Bolivia. La red tiene ahora 18.000 voluntarios.

Martínez explicó que en Bolivia, el narcotráfico se ha convertido en uno de los principales motores de la trata humana. “Vemos cómo a través de Bolivia cruzan las fronteras de Chile y están llevando a muchas personas para explotación laboral”, dijo a la VOA.

María Werlau, por su parte, es cofundadora y directora de la organización Archivo Cuba, un grupo de expertos sin fines de lucro que defiende los derechos humanos a través de la información.

Werlau investiga, documenta y denuncia la explotación y el trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra de Cuba. “El gobierno le da mucha propaganda como si fuera un proyecto humanitario y altruista, cuando en realidad es un proyecto que devenga los recursos financieros más grandes que recibe el país”, dijo a la VOA.

“Es importante dar a conocer a esas víctimas, a esas personas que hoy están en esas misiones y que han pasado las cosas más terribles que se pueden escuchar. Es una oportunidad de dar a conocer al mundo lo que sucede”, apuntó.

Finalmente, Rosa Cendón, trabajadora social y educadora de Barcelona, señaló que el reconocimiento del miércoles “renueva el compromiso personal en la lucha contra la trata, a veces es muy solitaria”.

En las últimas dos décadas, el organismo ha honrado a 170 personas como “héroes” de la trata humana provenientes de más de 90 países. “Muchos de ellos han puesto en riesgo su propia seguridad para apoyar a las víctimas y compartir sus historias”, dijo Blinken.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un desfile del Ejército en Managua el 3 de septiembre de 2021. Foto: VOA.

Una normativa establece mayor control en Nicaragua en los eventos públicos, como conciertos y shows, alegando «el orden interno» en este país centroamericano.

SAN JOSÉ — El gobierno de Nicaragua controlará todo tipo de espectáculos públicos que se realice en su territorio, según una normativa publicada este martes en el diario oficial La Gaceta, que alega «seguridad ciudadana», así como «orden interno».

La normativa establece que los productores, promotores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos, deberán solicitar una constancia o autorización para algún tipo de espectáculo al Ministerio del Interior (MININT).

El Ministerio del Interior es una entidad estatal señalada por organismos de derechos humanos de reprimir y espiar a los críticos al presidente Daniel Ortega

El nuevo marco regulatorio aplica “a personas naturales o jurídicas nacionales o de otras nacionalidades que se dediquen a la realización de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos o en el territorio nacional”.

Los productores de eventos deberán solicitar con 30 días de anticipación los permisos correspondientes para este tipo de actividades.

Los productores también deben brindar información sobre la actividad que planean celebrar, detallando números de audiencia, equipos a utilizarse, entre otros detalles.

De igual forma los productores deben, bajo esta normativa, “abstenerse de intervenir, financiar o promover cuestiones, actividades o temas de política interna y externa o actividades que generen como resultados proselitismo político».

Esta medida llega a seis años del inicio de las protestas contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos y miles de heridos y exiliados, según cifras de organizaciones de derechos humanos.

Ortega catalogó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado contra su gobierno, el cual lleva más de 15 años consecutivos en el poder.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Samantha Padilla Jirón, activista y expresa política de Nicaragua, liberada en 2023 por el gobierno de Daniel Ortega. Con un cartel denunciando la existencia de presos por motivos políticos en su país. [Foto: Cortesía de la entrevistada].

Dos de las mujeres nicaragüenses excarceladas en febrero de 2023 y enviadas a EEUU denuncian cómo el poder gubernamental en Nicaragua es propicio para la misoginia. Además, acusan al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo de “cerrar” los espacios públicos para las mujeres.

MIAMI, EEUU — A un año de que fueran expulsadas de su país, dos ex presas políticas nicaragüenses continúan denunciando las violaciones a sus derechos, pero sobre todo cómo el gobierno de Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, siguen cerrando el espacio de libertad de las mujeres.

“Rosario Murillo y Daniel Ortega son misóginos”, asegura Evelyn Pinto, veterana activista, y una de las 33 mujeres liberadas de un total de 222 excarcelados por el gobierno nicaragüense en febrero de 2023 y que fueron enviados directamente a Estados Unidos para poco después privarlos a todos de su nacionalidad.

Pinto, junto a Samantha Padilla Jirón, participaron este viernes 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, de un evento en Diálogo Interamericano, un centro de investigación con sede en Washington, que prestó su espacio para la presentación del libro ‘Libertad tras las rejas. Cómo sobrevivieron condenas injustas once presas políticas nicaragüenses’, donde aparecen 11 de las excarceladas en 2023.

En su caso, Pinto pasó 15 meses en prisión por una condena bajo supuestos cargos de menoscabo a la soberanía nacional y ciberdelitos y además de las denuncias por las difíciles condiciones carcelarias, centró su exposición en como el gobierno de Ortega atacó los espacios de las mujeres en la sociedad.

“Un antecedente que marca mucho el pensamiento conservador de ellos [el binomio Ortega-Murillo] y que no perdonan porque son muy vengativos, es que el movimiento feminista y todo el movimiento de mujeres respaldó en su momento a Zoliamérica en su denuncia [en referencia a Zoailamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega y quien lo ha denunciado por abuso sexual] y para ellos eso fue un no aceptar que un sector de la población estuviera respaldando, especialmente organizado y liderado por mujeres fuera el que estuviera apoyando y respaldando a Zoliamérica”, relató Pinto en su intervención.

Padilla Jirón es la más joven de las entonces ex presas políticas de ese grupo y entró a prisión en 2021, solo tres días después de Pinto, las dos fueron ubicadas en la misma celda.

“Tenemos un presidente violador y si tenemos un presidente violador nos podemos esperar cualquier cosa”, denuncia Jirón, quien rememora la campaña feminista internacional “El violador eres tú”, originada en Chile en 2019 y cómo en su país se vieron impedidas de manifestarse.

“La impunidad está desde la cabeza del poder, entonces va a ver impunidad para todos los violadores, para todos los acosadores, para todos los machistas en Nicaragua. Así es una sociedad machista”, señala.

Sabrina Duque es nacida en Ecuador, periodista del influyente The New York Times y coautora del libro tras asumir realizar el retrato escrito sobre Pinto, su activismo y entrada y salida de la cárcel. Ella, dice, se sintió impactada al conocer durante los años que vivió en Nicaragua cómo la política gubernamental iba tan alejada de la realidad que vivían las mujeres allí.

“Se hablaba mucho de que era un país de igualdad, que en la Policía había muchas mujeres, pero al mismo tiempo era un país terriblemente misógino, donde había un premio para la madre más joven, una niña, Rosario Murillo la premiaba; entonces ese discurso de la igualdad no calaba en el día a día”, comenta la comunicadora.

En 2022 arreciaron los ataques contra la sociedad civil, incluidas las feministas que le dieron la espalda al mandatario cuando fue denunciado por presunto abuso sexual a su hijastra. “Mi madre me dio la espalda en ese momento”, dijo entonces a la Voz de América Zoilamérica Ortega Murillo, en referencia a los hechos.

Pinto considera que el gobierno se vengó pasándole factura al movimiento feminista. “Sus políticas fueron de total retroceso en cuanto a los derechos que teníamos las mujeres; cerraron todos los espacios de diálogo que había con los ministerios y fuimos retrocediendo en espacios de participación”, sentencia.

Tras las excarcelaciones de febrero de 2023, nuevamente hay en Nicaragua 121 personas encarceladas por motivos políticos, 19 de ellas mujeres, informa la organización Sé Humano, dedicada a velar por los derechos humanos en la nación centroamericana.

Ortega ha negado desde hace décadas cualquier responsabilidad con la denuncia de Ortega Murillo y en una entrevista con la periodista Lucía Pineda Ubau, catalogó como «totalmente falso» el hecho.

«Las acusaciones que [Zoilamérica] ha venido lanzando son mentiras”, reafirmó el gobernante.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO – La comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena (derecha) durante visita a la frontera de Cúcuta entre Venezuela y Colombia en febrero de 2020 para supervisar la situación de miles de migrantes llegando durante un momentó álgido de la crisis. [Foto: Cortesía CIDH]

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la VOA conversó con Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la CIDH, que tuvo a su cargo países como Venezuela y Nicaragua. Sobre este último dijo que es «el ejemplo más duro y difícil» de lo que implica el respeto de los DDHH básicos.

WASHINGTON — A punto de concluir dos periodos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y teniendo como marco el Día internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño analiza los retos superados en su mandato, donde no ha faltado trabajo y más al tener a su cargo las relatorías de Nicaragua y Venezuela.

La abogada panameña, que llegó a Washington en 2016 después de ocupar altos cargos en su carrera como jueza y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, dijo en entrevista con la Voz de América que la estancia de ocho años en la Comisión completan ese ciclo de “compromiso con la defensa de derechos”, para grupos y minorías.

En Washington, Arosemana de Troitiño también ha ocupado la presidencia de la CIDH y la vicepresidencia que ocupa en la actualidad, tiempos en los que no han faltado turbulentos procesos sociales en Latinoamérica en los que han tenido que desplazarse en persona o con equipos para verificar situaciones sobre el terreno.

Protestas sociales en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Haití, Guatemala, y sobre todo Nicaragua –ahonda- dejan lecciones a la CIDH, mismas que los nuevos cuatro miembros que arribarán desde el 1 de enero deberán capitalizar. Además tendrán otros temas emergentes y de permanente vigilancia en la región.

VOA: Llegó a Washington cuando en la CIDH no había mujeres, y en los últimos años han conformado mayoría ¿Qué reflexión le merece ese punto?

Arosemena: Entramos en el 2016 dos comisionadas [Arosemana y Margarette May Macaulay], había cinco hombres. Ahí tuvimos la oportunidad de mirar cuál es la línea de desarrollo que la CIDH debe tener en esta perspectiva del género. Luego avanzamos a tener otra composición, donde llegamos a tener cinco mujeres y dos hombres; eso indica que ha habido una madurez en hacer propios todos estos principios y estándares que como miembros de un sistema de derechos humanos interamericano proponemos a los Estados.

VOA: ¿Y las mujeres pasaron a ocupar los cargos directrices de la Comisión?

Arosemena​: También, ocupé la presidencia de la CIDH en 2019 y en dos oportunidades las vicepresidencias. Creo que hacemos abogacía de proyección de las mujeres en el mundo público con ese compromiso de promoción y de reconocimiento de derechos; ya no es un derecho que tenemos que conseguir como mujeres, es una obligación que tenemos de aportar criterios, perspectivas y enfoques desde la visión de la mujer.

VOA: ¿Qué momentos críticos en la región han marcado a la CIDH?

Arosemena​: En mi condición de presidenta, llegué a tener una experiencia muy fuerte y muy positiva a la vez al buscar cumplir con los mandatos de la Comisión en las Relatorías de país. Tengo la relatoría de Venezuela, en ese momento buscando una posibilidad de comunicarnos con el Estado, como estrategia buscábamos la participación y promoción de derechos, en jornadas no políticas. Íbamos a montar en el avión, pero la aerolínea dijo que no podíamos abordar porque Venezuela no nos iba a dejar aterrizar, teníamos un plan B con el apoyo de Colombia que se ofreció para llevarnos a la frontera de Cúcuta.

VOA: ¿Eso en la crisis migratoria?

Arosemena​: Sí, y ese contacto con el movimiento migratorio de Venezuela a Colombia fue una experiencia muy fuerte. Nos permitió al equipo una visión muy clara, que no podíamos dejar, aún frente a esa realidad de cierre para visitar el país, de comunicarle a la comunidad internacional la situación de Venezuela, creando por ejemplo un mecanismo especial de seguimiento. También hemos tenido esa necesidad de atender crisis, y fueron crisis muy importantes porque no solo es el rompimiento de la institucionalidad democrática, sino lo que representa en la vida de las personas que participan en la búsqueda de la protección, de sus derechos, todo el tema de las protestas sociales.

VOA: Un capítulo aparte quizá en este abordaje amerita Nicaragua donde en casi seis años se ha visto un paulatino deterioro de derechos humanos. ¿Qué indica el caso Nicaragua para la CIDH y para la región en general?

Arosemena​: Nicaragua hoy está dando muestras de un absoluto deterioro no solo de la vida democrática, sino del respeto de los derechos humanos básicos, y con un desconocimiento absoluto de lo que representa la responsabilidad de los dirigentes, gobernantes, Nicaragua es hoy el ejemplo más duro y más difícil de lo que implica el respeto de los derechos humanos básicos.

VOA: ¿Cómo se califica la situación de ese país desde este organismo?

Arosemena​: Cuando a la gente del país se le quita el derecho hasta de su propia identidad de nacional, es una desprotección absoluta. Es un régimen, y me permito llamarlo así porque he querido como relatora para Nicaragua hacer esta comunicación para quienes dirigen el país, y es un régimen donde están cerrándose todos los espacios, no solo de la vida democrática, sino de la vida ciudadana, y eso tiene que verlo la comunidad internacional. Mi llamado al continente es ver cual es la posición de nuestros Estados frente a una realidad de violación de derechos humanos que rompe con los ideales de la propia constitución de América.

VOA: La CIDH ha pasado de emitir informes críticos de tres países Venezuela, Nicaragua, Cuba a sumar más países de la región, en momentos que además crecen las tendencias autoritarias. ¿Cómo ve usted la situación al provenir de Centroamérica donde se concentra parte de esas preocupaciones?

Arosemena​: Es un desafío porque los ideales de la democracia están fundamentados en el desarrollo de la vida de un país a través de sus instituciones y los poderes constituidos tradicionalmente en la vida democrática. Romper esa institucionalidad lleva como efecto el deterioro y hago relación con una preocupación básica en mi condición de exjueza de la Corte Suprema de mi país: si el sistema de justicia se resquebraja, si no hay una solidez en esa independencia, autonomía y proyección de vida democrática administrando justicia basada en derecho y las obligaciones de los Estados, ¿qué le queda a la ciudadanía, para la protección de sus derechos? Entonces es fundamental que la institucionalidad democrática se proteja desde esta visión.

VOA: ¿Y el populismo y autoritarismo?

Arosemena​: Estos movimientos regresivos en materia de derechos humanos afectan precisamente esa solidez, la Comisión se ha preocupado en hacer los análisis a través de informes temáticos, pero también como se impactan los derechos y hablamos de una corrupción que rompe la vida democrática, hablamos de un populismo que desconoce precisamente derechos y que hay que tener presente que la sociedad debe tener una base sólida sobre la cual se va a desarrollar.

VOA: ¿Cuánto ha avanzado la región a su criterio en materia de otros derechos de minorías sexuales, indígenas y mujeres?

Arosemena​: Se ha avanzado porque hay un reconocimiento teórico que la igualdad tiene que medirse en una realidad de la dignidad de todos los seres humanos. Los países han hecho esfuerzos para hacer estos reconocimientos con avances normativos, hay otros con una mayor resistencia a esa transformación; sin embargo, los retos siguen ahí por esto que hablamos de movimientos regresivos, lo importante para la Comisión es temer esas alertas tempranos, tanto la CIDH como la Corte Interamericana ha ido marcando algunos estándares que hacen que los Estados cumplan con los compromisos internacionales.

VOA: Sobre los asesinatos de ambientalistas ¿Cómo evalúa la CIDH esta problemática en la región en momentos de preocupaciones globales por el medio ambiente?

Arosemena​: Amplió un poco más al desarrollo de los derechos económicos, sociales y ambientales, eso ha permitido a la CIDH colocar este tema en la Corte Interamericana, hace unos años hablar de derechos económicos, sociales y culturales justiciables era algo impensable; todavía hay voces que hablan que eso no es viable. Hablo del derecho a la educación a la protección del ambiente, como un derecho exigible, y la Corte ha marcado muy bien el tema.

La realidad brutal

Arosemena​: Pero hay una realidad en muchos de nuestros países donde la forma más brutal como es el asesinato de estas voces, de acallarlos para siempre con asesinatos y desapariciones motivadas en su papel de defensores de derechos humanos, para la CIDH hoy es una temática prioritaria, prioridad en la solicitud de medidas cautelares, de peticiones y casos para atenderlas, porque son nuestros aliados, pero además constituyen una fuerza en la institucionalidad democrática, de ese estado de Derecho, de apropiarse del espacio cívico con una participación protagónica y eso hay que defenderlo.

VOA: ¿Qué retos quedan a los nuevos miembros de la CIDH que ocuparán su silla y la de otros tres comisionados?

Arosemena​: El principal reto que tiene la nueva composición incluyendo a los que permanecen, es consolidar este concepto de institución que representa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo que representa el mandato de la Comisión que es la defensa, promoción y observancia de los derechos humanos en el continente americano y actuar apegados a estos principios que nos guían, aunado a la necesidad de mantener la independencia y la autonomía de la Comisión.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: Una valla propagandista en Managua muestra al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. [Foto: VOA / Houston Castillo]

Ante la inminente salida de Nicaragua de la OEA el próximo 19 de noviembre, el gobierno de EEUU anticipó que continuará atento a violaciones de derechos humanos que se presenten en el país.

WASHINGTON — A partir del domingo 19 de noviembre, Nicaragua dejará de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una acción que se hace efectiva a dos años de que Daniel Ortega decidió retirar al país del organismo.Ahora, Estados Unidos y sus socios anticipan «continuar evaluando todas las herramientas» para instar al gobierno nicaragüense a «cumplir sus obligaciones».

En entrevista con la Voz de América, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que cubre América Central, Cuba y la migración regional, del Departamento de Estado, aseguró que EEUU -junto a una coalición de países de la OEA- siguen evaluando cómo pueden «trabajar para presionar a Nicaragua a que cese la represión y restituya la democracia».

En 2021, el canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, señaló a la OEA como «un foro político para actuar como instrumento de injerencia e intervención de los Estados Unidos”.

«La decisión de Nicaragua es una movida fragante para socavar los esfuerzos de la OEA de demandar la rendición de cuentas por parte del régimen por sus continuos abusos a los derechos humanos», dijo Jacobstein a la VOA.

Entre los abusos mencionados por el funcionario se encuentran condenas y maltratos a presos políticos, ataques al periodismo independiente y a grupos religiosos, y el cierre de cientos de organizaciones de la sociedad civil.

«Seguiremos evaluando cómo podemos trabajar con la amplia coalición de países dentro de la OEA para presionar a Nicaragua que cese la represión y restituya la democracia», apuntó Jacobstein.

Posibilidad de sanciones «continúa sobre la mesa»

El jueves, como parte de las medidas «adicionales» para abordar la situación de Nicaragua, el presidente Joe Biden extendió por un año más el decreto que considera a Nicaragua como «una amenaza inusual y extraordinaria» a su seguridad nacional.

Jacobstein dijo a la VOA que esta extensión «deja claro que los gobiernos que niegan a sus pueblos los derechos humanos o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas».

Aunque explicó que esta declaración «no incluye una designación específica», sí le da a EEUU «autoridad para continuar haciendo estas designaciones» que «siguen estando sobre la mesa».

«Definitivamente continuaremos responsabilizando a las personas por violaciones de derechos humanos en Nicaragua», agregó.

Al preguntársele sobre las posibles concesiones que debería hacer Nicaragua para considerar una remoción de las sanciones ya impuestas, como las restricciones de visado a cientos de funcionarios, Jacobstein detalló que el gobierno de ese país debe «cumplir con sus compromisos con el pueblo».

Entre ellos, mencionó, hacer una reforma electoral «significativa» que permita las elecciones «libres y justas»; además apuntó que la perspectiva estadounidense es «que el régimen continúa aislándose al suprimir la democracia, al no respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y profundizar su colaboración con gobiernos autoritarios como Rusia».

«No voy a prescribir cuáles son las fórmulas exactas, pero ciertamente se deben tomar medidas con respecto a la democracia, los derechos humanos y también con respecto a la preocupante relación entre el régimen de Ortega y Rusia», agregó.

¿Qué hacer ante un estado que no cede a la presión internacional?

En repetidas ocasiones, el gobierno nicaragüense se ha referido a las sanciones que Washington ha impuesto sobre sus funcionarios como «absurdas».

Jacobstein enfatizó en que la prioridad de EEUU es «continuar trabajando para instar al régimen de Ortega María a cumplir con sus obligaciones y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

Sin embargo, apuntó que «no somos ingenuos sobre lo que realmente hará el régimen», al contrastar la resistencia del gobierno nicaragüense de ceder a la presión internacional.

«Las personas que cometen violaciones de derechos humanos que socavan la democracia… ciertamente no deberían tener acceso a una visa para EEUU…no deberían tener acceso al sistema financiero de EEUU… es difícil cambiar el comportamiento de actores arraigados… pero sentimos que es importante continuar usando estas herramientas para responsabilizar a esos individuos», dijo.

Nicaragua mantiene responsabilidad con derechos humanos

Pese a su desvinculación del organismo, Jacobstein recordó que Nicaragua «sigue estando sujeta a sus compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y gobernanza bajo otros instrumentos y tratados, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos».

En una resolución aprobada el pasado 8 de noviembre en la OEA; el organismo lamentó «profundamente» la salida de Nicaragua, y recordó que el país sigue obligado a «respetar los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias y todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales”.

EEUU, por su parte, aseguró que se mantendría vigilante a las violaciones de derechos humanos junto a socios en la región para asegurar que «haya una rendición de cuentas» en cuanto «a todas las personas que merecen la protección en Nicaragua».

La migración nicaragüense se mantiene como punto de preocupación

Sobre la posibilidad de que la salida de Nicaragua de la OEA provoque un aumento en la migración irregular desde el país, Jacobstein aseguró que «en gran medida esa migración tiene que ver con la falta de democracia en el país y el clima de derechos humanos».

El asunto de la movilidad irregular desde el país se mantiene como una «grave preocupación» para el gobierno estadounidense.

A esto recientemente se agregó la alarma causada por la llegada de cubanos a Nicaragua a través de vuelos chárter para continuar su camino hacia el norte, según advirtió Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental.

«Estamos absolutamente al tanto de estos informes sobre un aumento en los vuelos chárter que llegan a Nicaragua provenientes de varios países y nuestro sentimiento es que nadie debería sacar provecho de la desesperación de los migrantes vulnerables», dijo Jacobstein.

El funcionario adelantó que EEUU está «analizando de cerca la situación» para establecer «consecuencias para quienes facilitan la migración irregular a través de estos vuelos chárter».

 Fuente: Vozdeamerica.com

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A la izquierda Roberto Martínez, propietario de una cafetería en Costa Rica y a la derecha Eveling Morales, propietaria de Eve´s Gourmet.

La mano de obra migrante en Costa Rica representa un aporte sustancial a la economía, aseguran expertos. En Costa Rica viven más de 200.000 nicaragüenses exiliados.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — La nicaragüense Eveling Morales, de 30 años, sabe lo bien que se le da la cocina. Por eso instaló su propio negocio de comida fuera de su casa en San José, Costa Rica, donde vive exiliada desde hace cinco años.

En poco tiempo la demanda por su cocina aumentó, así que rentó un local céntrico y le puso nombre a su negocio: Eve’s gourmet.“Siempre quise tener un restaurante, un lugar grande donde venga gente. Aquí en Costa Rica hay bastante migrante. Nos apoyamos entre nosotros”, dijo Morales, quien estudió gastronomía en Nicaragua.

Durante una reciente entrevista con la Voz de América, Morales dijo que el exilio ha sido una oportunidad para emprender y cumplir su sueño de tener un negocio de comida.

El camino no fue fácil, dice. Recién graduada de gastronomía en 2018, tuvo que salir del país por la crisis política en Nicaragua y asentarse en Costa Rica, donde finalmente pudo comenzar una nueva vida personal y profesional.

Una historia similar contó a la VOA el nicaragüense Roberto Martínez, un periodista de 29 años que también se instaló en 2018 en Costa Rica. Una vez ahí, comenzó a trabajar en restaurantes.

Poco a poco -comentó- empezó a ahorrar con una idea en la mente: comprar los insumos que necesitaba para poner en marcha una cafetería en Alajuela, al norte de la capital costarricense, donde de acuerdo con su percepción, es una zona de mucho movimiento local y actividad turística.

Ambos emprendedores son parte de los más de 200.000 nicaragüenses exiliados procedentes de Nicaragua que representan una importante fuerza laboral en varios sectores, entre ellos el agrícola, la construcción y el comercio, aseguran economistas y expertos.

Impacto de los migrantes en la economía costarricense

El sociólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval, asegura que la contribución del trabajo de los migrantes en Costa Rica es vital para la economía. Según Sandoval, antes de la pandemia ya se estimaba que la contribución de los nicaragüenses equivalía aproximadamente al 11 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.

Un informe de este año del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) indica que la mano de obra nicaragüense representa un 16 % del mercado laboral en Costa Rica, focalizada principalmente en la agricultura, construcción, comercio y trabajo doméstico.

De acuerdo con la socióloga Elvira Cuadras, directora del Cetcam, cerca de un 10 % de la población de Costa Rica es inmigrante, en su mayoría nicaragüenses.

«Los nicaragüenses usualmente desempeñan una serie de trabajos o de empleos que los costarricenses ya no realizan, y una característica del grupo que está llegando de 2018 para acá es que, a diferencia de los anteriores, que tenía niveles académicos un poco más bajos, este es un grupo que tiene estudios superiores y técnicos también», explicó la socióloga.

Además del aporte a la fuerza de trabajo calificada, también contribuyen con impuestos, «cotizaciones en la caja del seguro social y otras establecidas como obligación ciudadana para Costa Rica», indicó Cuadras.

Según un estudio del 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los inmigrantes son una parte integral de la economía de Costa Rica y ocupan el 12,4 % de los empleos del país. Su aporte al crecimiento económico aumentó de 8,74 % en 2009 a 9,27 % en 2019, según la CEPAL.

La Cámara de Comercio de Costa Rica no respondió a una solicitud de comentarios de la Voz de América para este reporte.

Sandoval considera que en términos económicos hay una «enorme interdependencia» entre los migrantes y la sociedad costarricense que quizá no se ha logrado dar a conocer lo suficiente. Sectores vitales en Costa Rica como la agricultura de exportación o la construcción están en manos de personas en su mayoría nicaragüenses, dijo.

Sandoval dijo que el trabajo de los emigrantes también incide en el envío de remesas a Nicaragua, «un ingreso vital para miles de familias».

Las remesas en Nicaragua aumentaron un 57 % entre enero a julio de este año, con relación al mismo periodo de 2022, según datos del Banco Central. Las remesas provenientes de Costa Rica representaron 185 millones de dólares, el 20 %.

Fuente: Vozdeamerica.com

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un desfile del Ejército en Managua el 3 de septiembre de 2021. Foto: VOA.

La actualización de un informe de la ONU sobre los DDHH en Nicaragua revela que el deterioro de las libertades fundamentales continúa. El gobierno de Daniel Ortega sigue persiguiendo y encarcelando a opositores y religiosos y cancelando universidades y otras organizaciones independientes.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, actualizó el martes un informe sobre la situación en Nicaragua en donde expuso que “continúa el deterioro” de las libertades en Managua bajo la administración del presidente Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder.

Türk dijo que desde hace un año, cuando se presentó la actualización del panorama en este país centroamericano, el gobierno ha continuado persiguiendo a opositores y juzgándolos con “un sistema de justicia que carece de independencia”.

El Alto Comisionado se refirió también a “una forma de castigo” que comenzó a aplicar el gobierno a inicios de año de retirar la nacionalidad nicaragüense a los críticos.

Dijo que ya suman más de 300 opositores, entre ellos activistas, líderes y periodistas nicaragüenses, a quienes se les ha anulado su nacionalidad.

“Se vieron obligados a reinventarse”, aseguró Türk . “Por esta forma de castigo muchos dicen que temen abandonar al país por miedo a verse despojados de su derecho al retorno”, agregó.

Dijo además que el gobierno nicaragüense sigue imponiendo graves restricciones a espacios cívicos y ha ampliado su control sobre las organizaciones y medios de comunicación.

El gobierno de Ortega dijo que el informe de la ONU es “una manipulación” de lo que ocurre en el país.

La embajadora Rosalía Concepción Bohorquez Palacios, representante permanente de Nicaragua en la ONU, manifestó que el informe está “lleno de engaños”.

“Manifestamos nuestro total rechazo a este informe que pretende lesionar nuestra soberanía”, expuso Bohorquez. “Estas actualizaciones son maquiavélicas y se basan en información sesgada, tomadas de grupos que pretenden manipular nuestro país”.

La ONU también contabilizó el cierre progresivo de universidades y organizaciones no gubernamentales.

Según el informe presentado este martes, un total de 3.000 organizaciones han sido anuladas y otras silenciadas.

“La mitad de las organizaciones han sido cerradas en Nicaragua, incluidas 12 universidades como la jesuita Universidad Centroamericana, llamada centro de terrorismo”, dice el informe.

El cierre de universidades «limita el acceso a la educación con un impacto muy dañino a la libertad académica», prosiguió.

El cierre de la UCA, considerada la universidad más importante de Nicaragua, se concretó el 16 de agosto luego de que una juez de Managua les notificara sobre la incautación de todos sus bienes inmuebles, así como sus “productos financieros”.

En un comunicado enviado por correo a la comunidad estudiantil, la UCA, dirigida por jesuitas, indicó que esto responde a señalamientos “infundados” de la justicia nicaragüense que acusó a la institución de funcionar como “un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.

La oficina de derechos humanos de la ONU también recibió reportes de violaciones a la libertad religiosa y acoso y detenciones a sacerdotes católicos.

La ONU dijo que ya suman 38 personas “detenidas arbitrariamente” por ejercer su religión, entre ellas el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos relacionados a “traición a la patria”.

El informe documenta patrones de tortura con casos de uso de electricidad y de violaciones a mujeres.

La ONU recomendó a Nicaragua el cese de estos abusos, la liberación de todas las personas detenidas “arbitrariamente”y la restitución de la nacionalidad de los despojados.

La comunidad internacional hizo un llamado para apoyar a refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.

Fuente: Vozdeamerica.com

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La cantante nicaragüense Ceshia Ubau. Foto: Donaldo Hernández, VOA

Ceshia Ubau es una cantante y psicóloga nicaragüense que dedica su talento a «sanar las heridas del alma», incluido el luto que conlleva la migración forzosa.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — A Ceshia Ubau, una cantante de 26 años nacida en Nicaragua, le conmueven los problemas que viven sus coterráneos en Costa Rica, donde ella también se encuentra refugiada desde hace cinco años.

“Migrar no sólo representó moverme de un país a otro, sino también llegar a la adultez un poco de repente y sin receta. He aprendido a valerme por mí misma, a buscar mis oportunidades y aprender a recibirlas cuando vienen hacia mí”, dice Ubau a la Voz de América.

Y su condición la ha llevado a establecer empatías con personas en igual situación, explica. Así que es por medio de su música procura llevar un mensaje para “sanar las heridas” que provoca el “duelo migratorio”.

Ubau, que además de ser cantante es psicóloga, explica que utiliza la música como una herramienta de comunicación para visibilizar las diferentes realidades sociales.

“Canto muchísimo para poder fortalecer la cohesión de las personas nicaragüenses en Costa Rica y sentirnos poco a poco cada vez más parte de esta sociedad. Siento que lo que he venido haciendo ha sido tratar de unificar o aportar a la unificación de ambas sociedades para sentirnos parte y prevenir diferentes tipos de violencia”.

En Costa Rica, donde se encuentra Ubau, hay más de 209.000 nicaragüenses refugiados desde 2018 a 2023, según datos oficiales.

Colaboración con ACNUR

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha reconocido el apoyo que brinda Ubau por medio de la música en Costa Rica.

De hecho fue invitada este año a un concierto organizado en el marco del Día Mundial de los Refugiados, donde interpretó varias de sus canciones ante un público donde no faltaron los nicaragüenses.

“Siento que algo que caracteriza a mis canciones y que siempre intento es que esté presente la esperanza. Migrar o solicitar refugio no es sencillo, así lo haya hecho voluntaria o involuntariamente. Implica un duelo, migrar es un duelo, irte de tu territorio es un duelo. Lo que yo busco con mis canciones es poder hacernos sentir cerca y despertar la fuerza interna que todos los seres humanos llevamos”, explica.

La cantautora ha producido dos discos: ‘Con los ojos del alma’, de 2017, que incluyen quince canciones que trabajó en Nicaragua y el más lo tituló ‘Luz’ y publicado el año pasado.

“Es un homenaje a mis ancestros, a mis raíces y como he dicho últimamente en mis conciertos, mis formas de amar la vida, poner al servicio este don de la música para la sociedad”, concluye Ubau Molina, quien estudió música en la Escuela de Música Heitor Villalobos, en Managua, desde los 5 años de edad.

Fuente: Vozdemaerica.com

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ARCHIVO – El embajador estadounidense Kevin Sullivan entrega sus credenciales al canciller nicaragüense, Denis Moncada.

La salida de Sullivan y el nombramiento de un encargado de negocios es la respuesta de Estados Unidos a la negativa del presidente Daniel Ortega de recibir a Hugo Rodríguez, propuesto por la Administración del presidente Joe Biden, como nuevo embajador.

SAN JOSÉ — Nicaragua se quedará sin embajador de Estados Unidos a mediados de mayo y en su lugar quedará un encargado de negocios de largo plazo, informó en un comunicado de prensa la Embajada de Washington en Managua.

El actual embajador estadounidense, Kevin Sullivan, que arribó a Nicaragua en noviembre de 2021 en un momento crítico por las protestas contra el presidente Daniel Ortega, saldrá a Washington el 19 de mayo y en su lugar quedará el diplomático Kevin O’Reilly, como encargado de negocios.

O’Reilly se unirá en junio a la Embajada de Estados Unidos en Managua, «donde trabajará estrechamente con la ministra consejera Carla Fleharty».

«Llegó el momento, tras más de 4 años en Nicaragua, de empezar a despedirnos. No será fácil para nosotros después de todo lo que hemos vivido juntos, y todo el apoyo y cariño que hemos sentido de parte de los nicaragüenses», escribió Sullivan en Twitter.

La respuesta de Washington llegó

La salida de Sullivan y el nombramiento de un encargado de negocios es la respuesta de Estados Unidos a la negativa del presidente Daniel Ortega de recibir a Hugo Rodríguez como el nuevo embajador.

Ortega le retiró el “placet” a Rodríguez, tras acusarlo de “injerencista” por declarar en el Congreso de EEUU que presionaría a la administración del presidente Daniel Ortega para que se restaure la democracia en el país centroamericano, por lo que Washington mantenía a Sullivan frente a la misión diplomática mientras evaluaban la situación.

Sullivan ocupó un papel fundamental en Nicaragua que vive una grave crisis sociopolítica desde el año 2018.

Recientemente Daniel Ortega dijo en televisión nacional que se comunicó con el diplomático estadounidense para coordinar la liberación de más de 222 presos políticos que el mandatario nicaragüense mantenía en diferentes celdas del país.

Washington envió un avión a Managua para ayudar a gestionar la liberación de los nicaragüenses, uno de los eventos más relevantes en los que ha estado involucrado Estados Unidos en los cinco años de crisis política.

Agradecimiento de ex presos políticos nicaragüenses

Tras el mensaje del embajador Sullivan, varios ex reos políticos nicaragüenses le agradecieron su gestión, como el excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien escribió en Twitter que su papel fue “esencial” para lograr “el vuelo de la libertad”.

“Le deseo lo mejor en sus responsabilidades futuras y nos veremos en una Nicaragua libre”, dijo Chamorro, quien estuvo en la cárcel conocida como El Chipote por más de un año.

Lesther Alemán, el líder universitario que también fue encarcelado por desafiar al presidente Ortega en televisión nacional, agradeció al embajador estadounidense por “sus funciones” a favor de los nicaragüenses y por su participación en lograr las “excarcelación a Estados Unidos”.

Lo mismo con el cronista deportivo Miguel Mendoza que enfatizó que Sullivan fue “cercano a las víctimas de la dictadura de Ortega”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes abandonados por traficantes en una pequeña isla colombiana cerca a Nicaragua. Foto cortesía: Armada de Colombia.

Se calcula que 59 migrantes han perdido la vida en estas rutas denominadas VIP por los traficantes de personas que aprovechan los escasos controles de aerolíneas y entidades en el ingreso a algunas islas colombinas.

BOGOTÁ — La Procuraduría de Colombia alertó este martes sobre la “grave crisis humanitaria” por el incremento de migrantes que llegan a las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de lo que los traficantes promocionan como una “ruta VIP”, con el objetivo de cruzar en lancha hacia Nicaragua para seguir su paso a Norteamérica.

La Procuraduría indicó en un comunicado que más de 804 ciudadanos de distintos países de origen como China, Vietnam, Uzbekistán, Venezuela, Ecuador y República Dominicana que utilizaron esta ruta en los últimos meses fueron rescatados en aguas abiertas luego de que sus embarcaciones naufragaron en alta mar.

“Los traficantes dejan a los migrantes acá, tirados, les dicen que esto es Nicaragua, les quitan la plata y los abandonan. Nosotros les ayudamos para sobrevivir mientras tiene como devolverse a San Andrés en alguna embarcación de turistas”, dijo Dilan Wiell Pomare, un pescador colombiano de Cayo Pescador, una pequeña isla entre Colombia y Nicaragua, donde los traficantes dejan a veces a los migrantes.

Un grupo de migrantes en un campamento improvisado en la isla colombiana de Cayo Pescador, a unos kilómetros de Nicaragua. Foto cortesía: Armada de Colombia.

Por su parte, la Procuraduría destacó que los “migrantes son víctimas de traficantes ilegales y de trata de personas que están ofreciendo una ‘ruta VIP’ de migración irregular, viajando en avión desde Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá hasta el aeropuerto de San Andrés”, advirtió la entidad. “Luego de pasar una noche en la isla, las redes los embarcan en una peligrosa travesía por mar abierto, haciendo transbordo en los cayos Albuquerque y Pescador, al sur del archipiélago para llegar a Nicaragua en su tránsito hacia Estados Unidos”, agregaron.

Ante esto, la Procuraduría, le solicitó a Migración Colombia, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia de las islas colombianas en el Caribe (OCCRE) y a las aerolíneas comerciales, redoblar controles y vigilancia para evitar que los traficantes lleven mar adentro a los migrantes.

“La Armada Nacional realiza el control territorial y ejerce la soberanía del país en estas aguas, sin embargo, debido al incremento desmesurado de migración irregular, su capacidad operativa no es suficiente para controlar el fenómeno”, apuntó esa entidad.

La masiva llegada de migrantes en su intento por llegar a centroamérica ha generado cuatro naufragios en los que desaparecieron 59 personas entre los que se cuentan niños, niñas y madres gestantes.

Fuente: Vozdeamerica.com

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