Familias y niños migrantes son trasladados en la parte trasera de un camión de la policía después de cruzar el río Grande hacia Estados Unidos desde México en Penitas, Texas, EE. UU., el 5 de marzo de 2021. Foto: Reuters

El gobierno de Joe Biden ordenó a las instalaciones que albergan por largos plazos a niños inmigrantes que eliminen las restricciones de capacidad impuestas durante la pandemia de coronavirus, a fin de habilitar mayor disponibilidad de alojamiento y apoyar un sistema que enfrenta falta de recursos.

La decisión fue informada el viernes a través de un memorando, en el que el el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) solicitó a los proveedores de servicios “aumentar temporalmente su capacidad a la máxima autorizada (…) mientras continúan aplicando y observando las estrictas medidas de mitigación de COVID-19”.

La medida llega en momentos en que la Casa Blanca ha prometido dar un trato más «humano» a la inmigración procedente de países de la región. Muchos de los que buscan asilo en Estados Unidos provienen de naciones del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) y argumentan que escapan de la violencia, el crimen y la pobreza.

No quedó inmediatamente claro cuántas camas estarán disponibles además de las 7.000 disponibles el mes pasado. La capacidad máxima autorizada por el HHS rebasaba las 13.000 camas a finales del año pasado.

El actual gobierno estadounidense ha dado un giro radical al tema inmigratorio, que contrasta con las decisiones de la administración Trump, que tomó medidas severas para poner freno a la inmigración.

Algunos exfuncionarios de Trump han acusado a Biden de alentar a los inmigrantes a que intenten ingresar ilegalmente en Estados Unidos, aunque las cifras registradas desde que Biden llegó a la Casa Blanca son inferiores a lo registrado en el gobierno de Trump.

Si bien la Casa Blanca ha reconocido que las políticas impulsadas por Biden han tenido un efecto llamada, también afirma que la actual administración no está echando «a patadas» a los que llegan al país desde desde México.

«Obviamente vamos a tener más niños en el país debido a que estamos permitiendo que los menores no acompañados se queden, mientras que la anterior administración los echaba a patadas de manera inmoral, desde nuestro punto de vista», dijo el viernes a reporteros la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La agencia de noticias Reuters informó citando cifras oficiales que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturaron, solo el pasado miércoles, a más de 4.500 migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México. La cifra apunta a que las entradas ilegales podrían seguir aumentando en marzo.

Psaki informó además el viernes que un equipo de asesores de alto rango del presidente Biden visitará la frontera entre Estados Unidos y México. El objetivo -explicó- es recibir información «sobre la respuesta del Gobierno a los menores no acompañados» que están llegando al país.

La orden de ampliar la capacidad de camas para niños inmigrantes busca revertir el hecho de que algunas instalaciones redujeron a la mitad su capacidad durante la pandemia. Por esa causa, cientos de menores que aguardan por ser llevados a albergues del sistema del HHS continúan detenidos por la Patrulla Fronteriza en tiendas de campaña y otras instalaciones precarias que no tienen las condiciones ni recursos para que permanezcan allí.

Existe la preocupación de que la ampliación de la capacidad de alojamiento podría eventualmente provocar un mayor riesgo de contagios por coronavirus. Pero pese a ello, organizaciones administradoras de instalaciones del HHS y algunos activistas proponen que haya más camas disponibles si se hace de manera segura, en lugar de la alternativa de mantener a los menores en instalaciones de la Patrulla Fronteriza por más tiempo o colocarlos en costosos centros de emergencia carentes de permisos.

«Dada la naturaleza de la pandemia de COVID-19, no existe un escenario con 0% de riesgo, en particular en ambientes de congregación”, señala el memorando. «Por tanto, las instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados deben tener planes listos y esperar casos de COVID-19″, indicó el texto.

El HHS autorizó previamente que los operadores de las instalaciones cobren al gobierno gastos de viaje cuando un menor es entregado a un pariente o patrocinador. Algunas familias no tienen la capacidad económica para pagar cientos de dólares de boletos de avión para menores y sus acompañantes.

Ante las críticas de los republicanos y del propio Trump que catalogó de «desastroso» el actual manejo del tema inmigratorio, el gobierno de Biden ha sido enfático.

«No recibimos asesoría o consejo legal del expresidente Trump sobre política de inmigración, la cual no sólo fue inhumana, sino ineficaz durante los últimos cuatro años», respondió el viernes Psaki.

«Vamos a trazar nuestra propia ruta, y eso incluye tratar a los niños con humanidad y respeto, y garantizar que estén a salvo cuando crucen nuestras fronteras», afirmó.

Fuente: Voanoticias.com

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La tarea de buscar a los miembros de familias separadas durante el programa piloto fue derivada a la citada organización y a despachos de abogados pro bono. Foto: Pikist

Los abogados que un juez federal designó para identificar a las familias migrantes que la Administración Trump separó en la frontera sur dicen que aún no han podido localizar a los padres de 545 menores. Al menos dos tercios de esos progenitores fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, según declaró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La política de “tolerancia cero” que el Gobierno oficializó en 2018 estipulaba la separación de las familias con niños. Sin embargo, la propia Administración reconoció más tarde que esta medida se había estado llevando a cabo desde 2017 en algunos tramos de la frontera y a modo de proyecto piloto.

BREAKING: Through our litigation, we just reported to the court that the parents of 545 kids — forcibly separated by the Trump administration’s cruel family separation practice — still cannot be found.

This is why we fight. https://t.co/OH34S8Play

— ACLU (@ACLU) October 21, 2020

La tarea de buscar a los miembros de familias separadas durante el programa piloto fue derivada a la citada organización y a despachos de abogados pro bono.

Muchos de los más de 1,000 padres separados de sus hijos durante ese periodo de prueba del programa ya habían sido deportados cuando un juez federal de California dio la orden de reunificar a las familias. La mayoría de los 2,800 migrantes separados en 2018 bajo la política “tolerancia cero” sí que permanecían bajo la custodia federal cuando una orden ejecutiva acabó con el programa.

“Es fundamental averiguar tanto como sea posible acerca de quién fue el responsable de esta horrible práctica sin perder de vista el hecho de que aún no hemos encontrado a cientos de familias, que permanece separadas”, dijo Lee Gelernt, del proyecto de derechos migratorios de ACLU. “Hay mucho más trabajo por hacer para encontrar a estas familias”, añadió.

Fuente: laopinion

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