Una migrante hondureña de cinco años que busca asilo, es retenida por su madre mientras espera que los agentes de la patrulla fronteriza la registren después de cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos desde México en Roma, Texas, EEUU, el 5 de junio de 2022./Foto: Reuters.

Los últimos reportes indican que más de 30.000 personas han transitado Honduras de manera irregular.

TEGUCIGALPA — Autoridades hondureñas dicen que su gobierno, junto a Guatemala y El Salvador, adelantan reuniones con el fin de implementar una nueva política migratoria que responda al elevado flujo de migración irregular, impulsado por la falta de oportunidades en los países centroamericanos.

Según Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración en Honduras, el plan consiste en una red de creación de empleo, orientada a diversas áreas, como el sector agrícola, que forma parte de la estrategia para abordar la migración irregular.

El funcionario no dio más detalles de las reuniones adelantadas.

«Hay que buscar respuestas regionales. Entonces, no sólo a Honduras, aquí el actor. Aquí también hay que sentarnos con nuestros homólogos salvadoreños, con nuestros hermanos guatemaltecos, con nuestros hermanos mexicanos y encontrar una solución centroamericana, latinoamericana y regional», comentó Alvarenga en rueda de prensa la semana pasada.

La experta en asuntos migratorios, Salih Valladares, dijo en entrevista con la Voz de América que varias organizaciones en defensa de los migrantes exigen que se respeten sus derechos: «En el tema de migración, la definición de acciones urgentes oficiosas, por parte del Ministerio Público, para que se puedan atender todas estas denuncias por violaciones a derechos humanos».

Los últimos reportes indican que más de 30.000 personas han transitado Honduras de manera irregular. Alvarenga, por su parte, desestimó que el país enfrente una emergencia migratoria.

No obstante, Honduras sigue siendo un país de alto tránsito migratorio, donde familias procedentes de países como Haití, Cuba, Venezuela e incluso de Angola inician la peligrosa ruta por Centroamérica, cuyo destino final suele ser Estados Unidos.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Vehículos militares y de las fuerzas del orden crean un cordón alrededor de los migrantes que se refugian en un campamento fronterizo improvisado cercano a lo largo del Puente Internacional en Del Rio, Texas, EE.UU. el 22 de septiembre de 2021./Foto: Reuters.

La ley ha sido anunciada como un método novedoso para discriminar a cabalidad quiénes representan una amenaza para EE. UU. y quiénes no.

Tal y como había sido adelantado en septiembre, la nueva política migratoria de revisar caso por caso los procesos de deportación en Estados Unidos entró en vigor el lunes.

“Al tomar nuestras decisiones de aplicación, enfocaremos nuestros esfuerzos en las mayores amenazas al tiempo que reconocemos que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que han estado aquí durante muchos años y que han contribuido positivamente al bienestar de nuestro país, no son prioridades para la remoción», dijo en un memorando Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La medida está basada en la guía para que los agentes de inmigración tomen en cuenta, caso por caso, a quién deportar y a quién no, centrándose principalmente en los individuos que constituyan una «amenaza» para la seguridad del país.

Con el anuncio, el DHS pone en vigor las nuevas directivas para hacer cumplir la Ley de Inmigración Civil, que fueron firmadas por Mayorkas el 30 de septiembre.

Las nuevas indicaciones otorgan facultades a los funcionarios de inmigración para un ejercicio discrecional a la hora de decidir quiénes son “una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza” y quiénes no.

Una referencia precisa es la de los dreamers, o “soñadores”, unos 640.000 inmigrantes que llegaron al país siendo niños, que batallan desde hace años por hacerse con la ciudadanía estadounidense sin que este paso llegue a ser aprobado por el Congreso.

La Administración del presidente Joe Biden ha sido criticada por la parte republicana por flexibilizar muchas de las normativas impuestas por su predecesor, Donald Trump, en materia inmigratoria, sobre todo tras la llegada de miles de inmigrantes que sin una documentación legal han entrado al país por la frontera sur, provenientes principalmente de países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

El nuevo proceso de revisión de los casos estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que deberá emitir un memorando en próximos días en el que pormenorice los nuevos criterios.

Extienden solicitudes de TPS online para varios países

El mismo lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la ampliación de la disponibilidad en línea de la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití.

La novedad consiste en que quienes soliciten un Documento de Autorización de Empleo (EAD), si lo hacen presentando al mismo tiempo los formularios I-765 y el I-821, pudieran recibir con más prontitud su EAD. Anteriormente, la opción de presentar el Formulario I-821 en línea estaba únicamente a disposición de los solicitantes iniciales de TPS y para algunos países de la lista publicada hoy.

* Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, desde Miami.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: Ron DeSantis / Foto: Gage Skidmore

FLORIDA —El estado de Florida interpuso el martes una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden asegurando que su política de inmigración es ilegal.

El gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad.

La orden de DeSantis autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla de Caminos estatal “detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste”, si lo permiten las leyes estatales y federales.

La salvedad de que la ley debe cumplirse probablemente les impide incautar aeronaves federales.

DeSantis también ordenó a las agencias recopilar información sobre la identidad de cualquier inmigrante que llegue a Florida de manera ilegal desde la frontera con México e instruyó a las dependencias estatales a no gastar dinero para ayudar a esos inmigrantes a menos que lo exija la ley.

La representante estatal demócrata Anna Eskamani criticó a DeSantis, señalando que el gobernador utiliza el tema migratorio para sumar puntos políticos entre su base conservadora en lugar de enfocarse en otras cuestiones que afectan al estado.

“Ha perdido por completo la cabeza y sólo quiere distraer a la gente de a pie de los problemas de la vida real”, comentó. “Tenemos una crisis de vivienda asequible, tenemos que preocuparnos por el cambio climático, tenemos gente que no puede encontrar un empleo bien remunerado. Hay tantos problemas a nuestro alrededor y esto es lo que él elige”.

La demanda entablada por la fiscal general Ashley Moody afirma que la política federal de inmigración le costará al estado millones de dólares y afectará a Florida.

“Si bien algunos de los migrantes que llegan tienen solicitudes de asilo legítimas, muchos no. Algunos son miembros de pandillas y narcotraficantes que aprovechan la crisis en la frontera, como lo demuestra la impresionante cantidad de fentanilo incautado en la frontera este año”, afirma la demanda.

Moody y DeSantis realizaron una conferencia de prensa en el suroeste de Florida, durante la cual ambos criticaron a Biden en materia de inmigración y elogiaron las políticas del expresidente Donald Trump.

“El presidente Biden está ayudando a los cárteles criminales”, afirmó Moody.

Cuando le preguntaron sobre la demanda y la orden de DeSantis, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió que no había visto la querella.

“Cualquier republicano o cualquier miembro que quiera tener una conversación constructiva sobre soluciones para abordar lo que todos coincidimos que no es un enfoque operativo o moral sostenible a largo plazo de la inmigración, estamos encantados de tener esa conversación”, señaló Psaki.

DeSantis, quien es considerado un posible candidato a la presidencia para 2024, ha estado arremetiendo contra Biden en el tema de la inmigración durante meses. Envió policías de Florida a Texas para ayudar a frenar los cruces ilegales en la frontera, y posteriormente, él y Moody visitaron la frontera y realizaron una conferencia de prensa para hablar sobre el tema.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se han vuelto más frecuentes, incluso en «ciudades santuario» que rehúsan informar al gobierno federal de la presencia de indocumentados. Foto: ICE

El Congreso no ha reformado las leyes de inmigración. Pero el presidente ha firmado decenas de órdenes ejecutivas con las que, sin cambiar las leyes, puede cambiar la reglamentación. De esa forma ha instaurado la política llamada «Permanecer en México», que obliga a esperar en ese país por una respuesta a una solicitud de asilo, y varias otras políticas migratorias.

La administración Trump ha emitido unas 400 órdenes ejecutivas que dramáticamente han cambiado el sistema de inmigración de Estados Unidos. Algunas de esas órdenes están bajo escrutinio al acercarse las elecciones del 3 de noviembre.

Separación familiar

Una tormenta se desató al reportarse que el gobierno estadounidense ha perdido el rastro de los padres de unos 545 niños inmigrantes separados en la frontera entre México y Estados Unidos, bajo una ahora desaparecida política del presidente Donald Trump de “cero tolerancia” con los que cruzaban ilegalmente la frontera.

Defensores de los inmigrantes dicen no saber dónde están los niños porque sus padres, que fueron deportados a sus países de origen, no pueden ser encontrados.

«[Los niños] ya no están bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional, ni del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, ni bajo la custodia del gobierno”, dijo Lee Gelernt, de la unidad de derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. “Ellos fueron patrocinados externamente. Y eso podría significar que los niños están con un pariente quien, quizás, tengan suficiente suerte de conocer. Podría ser un pariente lejano a quien no conocían. Pero también podría ser un extraño en una familia temporal en Estados Unidos. Y ya han pasado tres años”.

Una declaración del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las autoridades aún no han logrado identificar “a una familia que quiera reunirse con sus niños en su país de origen”.

Gelernt dijo que de ser encontrados, los padres de los niños afrontan horribles opciones “de ser separados permanentemente o de llevar a los niños de nuevo al peligro [en sus países de origen] en lugar de traer al padre de regreso a Estados Unidos”.

Un juez federal ordenó el año pasado que se reuniera a los niños con sus padres separados bajo un programa piloto de 2017 que coincidió con los esfuerzos iniciales de la administración Trump para limitar la entrada a los solicitantes de asilo por la frontera sur de Estados Unidos.

Casos en la Corte Suprema

La Corte Suprema fijó para el 30 de noviembre una audiencia en la que escuchará argumentos sobre la política de Trump de excluir a los indocumentados del conteo del censo estadounidense, el cual acaba de concluir. Entre sus muchas funciones, el censo es usado para determinar cuántos representantes debe tener cada estado en el Congreso.

Por otra parte, el próximo año la Corte Suprema ha aceptado escuchar dos casos sobre políticas relacionadas con la frontera sur de Estados Unidos. Una de ellas tiene que ver con el uso de la administración Trump de fondos federales para pagar por la construcción de varias millas del muro fronterizo, una promesa clave de campaña del presidente Trump y una iniciativa que el Congreso reiteradamente se rehusó a financiar.

El segundo caso tiene que ver con la política de Trump de “Permanecer en México”, un programa que obliga a los solicitantes de asilo político a esperar una respuesta a su caso del lado mexicano de la frontera.

Reglas de Asilo

El Departamento de Seguridad Nacional recientemente propuso una regla que bloquea a ciertas personas de recibir asilo político, incluyendo a delincuentes convictos y aquellos que han sido declarados culpables de entrar ilegalmente a Estados Unidos.

La propuesta también bloquearía a aquellos que dieron refugio a inmigrantes indocumentados, que tuvieron en su poder sustancias ilegales, que usaron documentos de identidad falsos o recibieron fraudulentamente beneficios públicos.

Bajo la normativa, no se harían excepciones a inmigrantes cuyos historiales delictivos muestren que algún caso fue sellado por orden judicial.

Bajo las leyes actuales de inmigración, quienes busquen asilo político pero no soliciten dicho estatus dentro de un plazo de un año después de ingresar a Estados Unidos, tienen prohibido recibirlo. Aquellos declarados culpables de un crimen serio, incluyendo actividades terroristas, también tienen prohibido recibir asilo.

Está previsto que la nueva regla entre en vigencia en noviembre.

Deportaciones agilizadas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que procederá con las “remociones expeditas”, un proceso agilizado de deportación que prohíbe que ciertos inmigrantes puedan presentar un caso para permanecer en Estados Unidos ante un juez de inmigración.

«Nuestra habilidad para implementar esta importante herramienta nos permitiría proteger nuestras comunidades y preservar la integridad de las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso», dijo en una declaración, Tony Pham, un funcionario de alto rango desempeñando las funciones del director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los inmigrantes cargan con responsabilidad de “demostrar ante el oficial de inmigración que ellos no deberían ser deportados rápidamente”, dijo Pham.

La política aplicará la remoción expedita a inmigrantes indocumentados detenidos en cualquier parte del país, si los agentes de deportación concluyen que han vivido en el país por menos de dos años y que ni fueron admitidos legalmente ni recibieron un estatus que les permita vivir legalmente en el país.

Fuente: voanoticias

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Los nuevos jueces tienen alto porcentaje de negaciones migratorias. Foto: Archivo

El presidente Donald Trump avanza con su agenda migratoria desde distintos frentes, pero uno de los más preocupantes es la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), uno de los últimos recursos de extranjeros para lograr alguna protección.

Un análisis del portal Law360 señala que la Administración Trump está colocando a jueces con altas tasas de denegación de asilo y personas con antecedentes legales aplicación de las normas migratorias, politizando la Junta.

Con base en documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información se revela que hay una aceleración en el proceso de contratación y amplía los poderes al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, James McHenry, y al fiscal general, William Barr.

El reporte de la experta Suzanne Monyak recuerda que, a diferencia de los tribunales federales y de apelaciones, el BIA es una junta administrativa que depende del DOJ, específicamente de la EOIR.

Esto abre las posibilidades de tomar decisiones clave en protecciones migratorias y la deportación.

“Es la agencia más importante que establece la jurisprudencia de inmigración en el país, y cuando se politiza eso, obviamente se está politizando la jurisprudencia de inmigración”, advirtió Muzaffar Chishti, jefe de la oficina no partidista del Instituto de Políticas de Migración de Nueva York.

Sobre sus cambios, la EOIR dijo que eran “de sentido común”, además de descartar que se esté politizando.

Sin embargo, el reporte agrega que desde agosto, la Administración Trump ha instalado a nueve de los 19 miembros permanentes actuales del BIA.

“La mayoría… tiene tasas de denegación de asilo superiores al 80% y antecedentes en la aplicación de la ley o el ejército”, apunta el informe.

Según los datos recopilados por el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, la tasa promedio de denegación de asilo entre esos ocho jueces fue de poco más del 92%.

Chishti advirtió que la Administración Trump permite que la oficina implemente cambios ideológicos en las políticas y procedimientos de la corte.

“Los defensores han señalado las recientes decisiones de BIA que parecen estar en línea con los objetivos declarados por la Administración Trump de restringir la inmigración”, señala el informe.

La reorientación de la BIA se suma a las críticas contra el DOJ sobre presión a jueces migratorios para acelerar casos.

Fuente: laopinion.com

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