La Administración dice que pretende así reconocer que EE.UU. es «una nación de inmigrantes». Foto: Reuters

Uno de los aspectos que contempla la reforma migratoria del presidente Joe Biden es eliminar la palabra “extranjero” (alien) de la legislación estadounidense y sustituirla por “no ciudadano”.

A pesar de que a simple vista parece un cambio mínimo, el significado simbólico es enorme ya que representa una intención de reconocer Estados Unidos como una “nación de inmigrantes“, según un resumen del proyecto de ley que publicó la nueva Administración.

Durante mucho tiempo, los defensores de los derechos de los inmigrantes han condenado el término “extranjero ilegal” (que aparece actualmente en las leyes migratorias) por considerarlo un insulto que deshumaniza a las personas migrantes. Durante la era Trump, el concepto se volvió aún más polémico, con funcionarios federales alentando su uso y varios estados y gobiernos locales tomando medidas para prohibirlo.

“El cambio de lenguaje en el primer día de esta administración -con Kamala Harris, hija de inmigrantes- para mí no es solo simbólico, es fundamental“, dice José Antonio Vargas, un inmigrante indocumentado cuya organización, Define American, impulsa mejores representaciones de la comunidad migrante.

“La forma en la que describimos a las personas realmente se pega. Afecta la forma en que los tratamos”, dice. “La forma en la que hablamos sobre los inmigrantes da forma a las políticas. Enmarca cuáles son los problemas realmente en juego aquí. Reconoce que estamos hablando de seres humanos y familias”.

Actualmente, Estados Unidos considera “extranjero” a “cualquier persona que no sea ciudadano o nacional de Estados Unidos”. En 2018, el fiscal general Jeff Sessions ordenó a los fiscales que se refirieran a las personas indocumentadas que viven en el país como “extranjero ilegal” y citó el código estadounidense en un correo electrónico enviado a toda la agencia.

Fuente: laopinion

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El caso de Ravi Ragbir será revisado nuevamente por el Segundo Tribunal de Apelaciones. Foto: NY1

La Corte Suprema decidió enviar al Segundo Tribunal de Apelaciones el caso del activista Ravi Ragbir, quien enfrenta proceso de deportación.

“La sentencia queda anulada y el caso se remite a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos para su posterior consideración a la luz del Departamento de Seguridad Nacional”, indicó el máximo tribunal.

Eso significa que la previa decisión de ese Tribunal de Apelaciones queda cancelada y deberá tomarse una nueva determinación bajo los argumentos del DHS o ICE.

Ragbir lidera la organización New Sanctuary Coalition en Nueva York, a quien la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó expulsar en 2018, pero sus abogados alegaron que sus derechos de la Primera Enmienda fueron violados.

El Segundo Circuito de Apelaciones consideró que la persecución del activista por agentes migratorios fue motivada por un deseo de tomar represalias contra sus críticas.

“La expresión pública de Ragbir de sus críticas, y su prominencia, jugó un papel importante en los recientes intentos de expulsarlo”, dice el fallo de abril de 2019 “La represalia del gobierno fue atroz”.

La opinión fue escrita por el juez Christopher Droney y aunque fue aprobada 2-1 constituyó un desafío que se esperaba fuera resuelto por la Corte Suprema, ya que el Gobierno federal sostiene que las personas que enfrentan deportación no tienen derecho a presentar reclamaciones constitucionales.

El juez que estuvo en contra, John M. Walker, escribió que cualquier represalia del Gobierno contra Ragbir ya había terminado y expresó su preocupación de que se creara un antecedente, un estándar para cualquier reclamo futuro de los inmigrantes que enfrentan la expulsión.

La defensa del activista indica que ICE decidió enfocarse a él, debido a su trabajo en la defensa de inmigrantes –la mayoría musulmanes– estaba generando “una imagen negativa” sobre la agencia federal.

El caso de Ragbir es más complicado de lo que parece, fue portador de una “green card”, pero en 2001 fue condenado por fraude electrónico en Nueva Jersey y cumplió 30 meses en prisión.

La defensa del activista logró que el Gobierno le otorgara cuatro suspensiones de deportación, con controles de supervisión, porque no se le consideraba una alta prioridad para la deportación.

La detención de Ragbir en enero de 2018 provocó una gran protesta en el Bajo Manhattan y múltiples arrestos, pero él logró salir del encierro para enfrentar sus audiencias.

Fuente: laopinion

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La medida beneficia a muchas visas de empleo. Foto: Archivo

El Congreso podrá permitir al servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) subir el precio de los trámites premium y extenderlos para cubrir nuevas categorías de inmigración.

La medida forma parte del proyecto de ley de asignaciones H.R. 8337, que recoge la financiación del Gobierno federal. Dicha propuesta se aprobó a finales de septiembre tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y el presidente ya la firmó para convertirla en ley.

“La legislación exige la ampliación del procedimiento premium a la mayoría de las solicitudes de inmigración basadas en el empleo y potencialmente a todos los beneficios de USCIS”, dijo a Forbes el abogado de inmigración Siskind Susser. “Esto podría ser muy beneficioso para muchas [personas]”, añadió.

“Un beneficio que podría verse dramáticamente diferente es el documento de autorización de empleo (EAD). USCIS solía tener un límite de 90 días para procesar esa solicitud presentada por cientos de miles de personas cada año. Estas solicitudes se han ralentizado drásticamente a seis meses o más en algunos centros de servicio y se han presentado demandas masivas que cuestionan cuánto tiempo tarda USCIS en procesar”, explicó.

Antes de la ley H.r. 8337, USCIS garantizaba el procedimiento premium en 15 días de calendario. El coste era de $1,440 dólares para las visas temporales que usaban el formulario I-129. Para solicitudes de inmigración, el procedimiento premium estaba disponible, con ciertas excepciones, para las primeras, segundas y terceras preferencias basadas en el empleo, según la agencia.

Ahora las tarifas de este procedimiento se verán aumentadas , pero abarcará otros muchos beneficios migratorios.

Fuente: laopinion

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Las detenciones comenzarán esta semana. Foto: ICE

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzarán esta semana arrestos de inmigrantes indocumentados en ciertas ciudades bajo el “operativo santuario”.

Las redadas iniciarán en California, pero luego se extenderá a ciudades como Denver y Filadelfia, según dos funcionarios de la agencia que hablaron con The Washington Post.

El informe indica que Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea las redadas a nivel nacional, pero enfocadas en ciudades y condados que protegen a inmigrantes.

“No comentamos sobre asuntos delicados de las fuerzas del orden público que puedan afectar negativamente a nuestros oficiales y al público”, dijo Mike Alvarez, un portavoz de ICE al Post.

El vocero, sin embargo, reconoció que se realizan operativos diarios.

“Todos los días como parte de las operaciones de rutina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas… busca y arresta a extranjeros criminales y otras personas que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación”, enfatizó.

ICE ha retomado sus operativos a nivel nacional desde julio, luego de la suspensión por la pandemia de coronavirus, aunque este mes reconoció que detiene a “cualquier persona”, no solamente a criminales.

Según el reporte, el objetivo es enviar el mensaje de que los gobiernos de esas ciudades y condados “no han protegido a los residentes de criminales peligrosos”.

“La operación de inmigración se sincronizaría con dos temas de la campaña de reelección de Trump: su represión contra la inmigración y su impulso para vilipendiar las ciudades lideradas por demócratas, a quienes culpa por el crimen y la violencia”, indicaron las fuentes.

Qué hacer

Los inmigrantes deben portar información que puede ayudarles en sus asuntos migratorios o salvar su vida, en caso de peligro. Es como una tarjeta básica por escrito que contiene:

• Información médica: contacto con sus doctores, lista de cualquier medicamento que esté consumiendo (con nombre y dosis).
• Datos sobre cuidado infantil: contacto de la escuela y persona a quién llamar en caso de detención.
• Información de contacto de abogados que te han representado o han aceptado representarte.
• Datos de contacto de tus seres queridos.
• RECUERDA: NO portar identificaciones falsas.

Fuente: laopinion

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El operativo ocurrió entre agosto y septiembre. Foto: ICE

Conforme se acerca el fin del año fiscal 2020, la oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) retomó con intensidad sus operativos contra inmigrantes y aunque defiende que se enfoca en personas que cometieron algún delito, también reconoce la detención de cualquier indocumentado.

La agencia había suspendido sus operativos debido a la pandemia de coronavirus, pero los retomó en julio y durante ese mes y agosto arrestó a más de 2,000 inmigrantes en más de 10 estados, incluidos Texas, California, Utah, Nevada, Idaho, Montana, Colorado, Wyoming, Nueva York y Nueva Jersey.

El operativo recién reportado ocurrió en Chicago, donde se detuvo a 88 inmigrantes entre el 24 de agosto y 19 de septiembre.

La agencia afirma que las “personas objetivo” fueron arrestadas por violaciones de inmigración, pero tienen cargos pendientes o condenas por delitos como intento de homicidio, robo a mano armada, agresión sexual y tráfico de drogas.

Agregó que algunos de los detenidos estaban bajo la custodia de la policía local o estatal, pero acusó que fueron liberados debido a las políticas de no cooperación de las jurisdicciones.

“Las personas arrestadas por ICE claramente representan una amenaza significativa para la seguridad pública, sin embargo, las políticas de santuario del área de Chicago evitan que las agencias de aplicación de la ley entreguen a estos criminales al Gobierno federal”, dijo Tony Pham, funcionario que desempeña las funciones del director. “Estas terribles políticas protegen a los delincuentes peligrosos y a los pandilleros callejeros sobre los propios ciudadanos de Chicago”.

Aunque enlista que varios detenidos cometieron algún delito, ICE confirma la detención de cualquier persona que haya violado la ley migratoria.

“ICE no exime a las clases o categorías de extranjeros removibles de la posible aplicación”, indica. “Todos aquellos que violen la ley de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y, si se determina que pueden ser removidos por orden final, deportación de los Estados Unidos”.

Fuente: laopinion

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“Casi nueve de cada 10 de los trabajadores agrícolas y procesadores de alimentos inmigrantes son latinos”. Foto: Pxhere

Los trabajadores esenciales son reconocidos por su esfuerzo durante la pandemia de coronavirus, no así aquellos que son inmigrantes indocumentados, a pesar de que 9 de cada 10 laboran en la industria agrícola y como procesadores de alimentos, de los cuales 43% son gente sin papeles.

Así lo revela un reciente estudio del Centro para la Integridad Pública.

“Casi nueve de cada 10 de los trabajadores agrícolas y procesadores de alimentos inmigrantes son latinos”, idica el reporte.

Sin embargo, según un mapa por condados, en la gran mayoría miles de trabajadores son inmigrantes y los porcentajes varían entre el 70%, 80%, incluso más del 90%.

Agrega que a nivel nacional un tercio de los 1.87 millones trabajadores en esas industrias son indocumentados.

“Enfocándose en 10 industrias (se) encontraron 1.87 millones de trabajadores en empleos agrícolas y de procesamiento de alimentos de primera línea, 790,000 de los cuales son inmigrantes”, señala el informe. “Eso es aproximadamente el 43%, una proporción que es dos veces y media el porcentaje de inmigrantes en la fuerza laboral total de Estados Unidos”.

El informe agrega que fueron pocas las visas temporales para trabajos especiales de temporada, conocidas como H-2A, que fueron para descascarar cangrejos, por ejemplo.

“Estados Unidos no otorga visas para trabajar en el empacado de carne, ordeñar vacas en lecherías o realizar trabajos agrícolas durante todo el año”, indica el informe.

Los expertos destacan que aunque las empresas demuestren la escasez de mano de obra doméstica, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no otorga más visas laborales de ese tipo.

“Si usted está en contra de los inmigrantes indocumentados, entonces deje de comer el 50% de lo que está en su plato, ahora mismo”, dijo Erik Nicholson, quien fue vicepresidente nacional del sindicato United Farm Workers (UFW) con sede en California y ahora es consultor.

A pesar de que estos trabajadores fueron básicos para enfrentar las cuarentenas por el avance de la pandemia de coronavirus, no fueron reconocidos por su trabajo con la ayuda de la Ley CARES.

“La ley CARES excluyó a millones de trabajadores indocumentados en todas las industrias, incluida la producción de alimentos”, lamenta el informe.

El presidente Donald Trump rechazó desde el primer paquete de ayuda económica enviar fondos a indocumentados.

Fuente: laopinion

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Las víctimas no llegaban a EE.UU, sino a Mérida, México. Foto: Wikimedia Commons

Dos hombres latinos acusados de participar en una red de tráfico de personas comparecieron este miércoles en un tribunal federal del sur de Florida. La red secuestraba y torturaba a a inmigrantes cubanos.

Reynaldo Márquez Crespo, de 41 años, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 33 años, engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que los llevarían de Cuba a Estados Unidos sin autorización, pero en realidad los llevaban en bote a la ciudad de Mérida, en México, según apunta la acusación.

Una vez en tierras mexicanas, los acusados secuestraban a sus víctimas y les exigían un contacto familiar que estuviera dispuesto a pagar $10,000 dólares por su rescate. Márquez y Ramos extorsionaban a los familiares -muchos en Miami o el sur de Florida- para que les hicieran llegar el dinero, tal y como apunta Univision 23 Miami.

Los familiares secuestrados de quienes pagaban el recate eran puestos en libertad y enviados a la frontera de México y Estados Unidos, donde les decían que pidieran asilo. El resto recibían golpes, electrochoques y amenazas a punta de pistola y cuchillo.

La fiscal para el distrito sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan; el agente especial del FBI, Anthony Salisbury, y la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hicieron el anuncio.

La agencia federal migratoria pone al servicio de víctimas y testigos una herramienta online para denunciar casos de abuso y extorsión.

Fuente: laopinion

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Los hechos ocurrieron antes del cierre de las oficinas de USCIS por la pandemia de coronavirus. Foto: Wikimedia Commons

Dice un refrán: “En tiempos de crisis, no hacer mudanza”. El dicho popular alerta sobre la necesidad de ahorrar en momentos complicados, pero los directivos de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) echaron el consejo en saco roto, ya que a pesar de enfrentar problemas financieros decidieron organizar celebraciones y entregar bonos a los empleados que trabajaron en regla de carga pública, la cual castiga a los inmigrantes.

Los administradores de la agencia abonaron a los problemas financieros que pusieron en peligro el trabajo de más de 13,000 empleados –a quienes amagó con enviar de descanso este año–, debido a la falta de $1,200 millones de dólares para terminar el año fiscal 2020.

En marzo de 2018 se destinaron miles de dólares a eventos y reconocimientos para empleados que laboraron en la regla final que impedirá beneficios migratorios a extranjeros que soliciten cualquier ayuda social, como Medicaid, cupones de alimentos o apoyo para vivienda.

Así lo revelan correos electrónicos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) por la organización Make the Road New York y el Center for Constitutional Rights fechados entre el 14 y 26 de marzo de 2018, donde se establecen bonos por $8,750 dólares –de una bolsa de $66,593 dólares– más gastos por alimentos de un almuerzo el 29 de ese mes.

“Discutimos la posibilidad de premios en efectivo, y ellos identificaron a los participantes clave que más merecen dicho reconocimiento”, indica la misiva del 14 de marzo del jefe de Staff de la oficina de Políticas y Estrategia, la cual es dirigida actualmente Robert Law. “Por favor revisa los siguientes números. Esperamos tu opinión y guía”, indica.

Hay varios detalles protegidos en las conversaciones, como los nombres de los funcionarios involucrados y el personal que sería reconocido, así como precisiones sobre montos y organización interna.

En una cadena de correos, cuyo tema es “Reglamento de carga pública”, enviados entre el 20 y el 23 de marzo, se negocian más detalles de los reconocimientos y la celebración, donde se incluyó al jefe de la División de Residencia y Naturalización.

“Háganos saber si está de acuerdo con los montos de adjudicación propuestos a continuación”, se expone sobre los reconocimientos a personal, entre otras áreas, de la Oficina de Políticas y Estrategia. “Además, déjanos saber si, antes del almuerzo de premiación, está de acuerdo con informar a nuestros colegas sobre los premios”.

¿Celebración ‘racista’?

El correo final, del 26 de marzo, es la invitación al evento donde se entregarán los reconocimientos por elaborar la llamada “draconiana” regla que impediría a miles de personas obtener la Residencia Permanente y complicaría su naturalización, la cual fue confirmada por la Segunda Corte de Apelaciones, a excepción de Nueva York, Connecticut y Vermont, tras una batalla legal liderada por la fiscal general neoyorquina, Letitia James.

“Las nuevas reglas en las que trabajó este personal… penalizan a los inmigrantes que acceden a ciertos beneficios públicos o que es probable que necesiten beneficios públicos, apuntando a personas de color de bajos ingresos y obstruyendo intencionalmente la inmigración legal”, acusa una postura conjunta de las organizaciones que lograron obtener los documentos.

Agregan que la regla también discrimina a los inmigrantes por su riqueza, raza, país de origen, habilidades lingüísticas o discapacidad, algo que confirmaron abogados en diversos momentos a este diario, ya que el conjunto de elementos para evaluar a un extranjero será más complejo, más allá de su capacidad económica, incluyendo también su edad y nivel de estudios.

“Los nuevos documentos que revelan la fiesta racista de USCIS y las bonificaciones, también muestran que la llamada crisis financiera que USCIS ha afirmado que enfrenta es un invento de la propia agencia”, consideró Eliana Fernández, líder de Organización de Make the Road New York. “La Administración Trump ha pervertido la misión de USCIS al tiempo que avanza con políticas para promover su agenda antiinmigrante y desalentar activamente a los inmigrantes de solicitar cualquier tipo de beneficio migratorio”.

Cabe remarcar que los fondos de los bonos corresponderían al año fiscal 2018 que comenzó en octubre de 2017, pero muestra que aunque se queja de un rezago financiero, la agencia no ha implementado políticas de ahorro, a pesar de que opera con 90% de los recursos obtenidos por el pago de trámites migratorios.

Fernández lamentó la compensación a empleados por trabajar en “políticas xenófobas”.

“Exigimos responsabilidad de esta agencia fuera de control”, expresó.

La nueva regla está siendo revisada, según un comunicado previo de la agencia a este diario, luego de la decisión del Segundo Tribunal de Apelaciones, a fin de determinar cuándo la comenzará a aplicar.

Rechazo de abuso

La agencia desestimó los montos y el gasto destinado para el programa que afecta directamente a inmigrantes, ya que un portavoz indicó que cada año hay un programa que premia con bonos a ciertos funcionarios, como fue el caso de 10 empleados que laboraron en la regla de carga pública.

La agencia agregó que su programa de premios es consistente con otras dependencias federales y se basa en la guía emitida por la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. y la Oficina de Administración y Presupuesto.

“Los líderes y supervisores de la agencia pueden reconocer al personal elegible y merecedor con premios monetarios, no monetarios y honorarios”, argumentó el portavoz Dan Hetlage.

Agregó que los empleados a cargo de la regla de carga pública trabajaron durante dos años para concretar la regulación considerada como un castigo a inmigrantes.

Hetlage confirmó que los “premios monetarios” fueron desde los $ 500 a los $ 1,250 dólares, algo que fue ocultado en los documentos obtenidos por FOIA.

Aunque en los correos electrónicos obtenidos por las organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que se solicitaría comida de establecimientos como Corner Bakery, Quiznos u Au Bon Pain, al final se ordenaron pizzas sin costo para la agencia, aunque no se entregó algún documento que avalara el dicho.

El portavoz defendió que en aquel entonces “no estaba operando bajo el déficit presupuestario” que puso en amenaza miles de empleos.

Fuente: laopinion

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La iniciativa, que forma parte de la reforma policial en el estado, permitirá una “mayor diversidad” en los departamentos policiales. Foto: Wikimedia Commons

Jóvenes soñadores beneficiados por la Acción Diferida (DACA) podrán ser contratados como policías en Wisconsin, según un proyecto de ley presentado por legisladores republicanos en la Asamblea Legislativa estatal.

La iniciativa, que forma parte de la reforma policial en el estado, permitirá una “mayor diversidad” en los departamentos policiales, declaró este miércoles a medios locales uno de sus autores, el representante estatal Andre Jacque.

En la actualidad, la ley estatal permite que los jóvenes “soñadores” sirvan en la Policía Estatal de Wisconsin, y en las fuerzas armadas, pero al no ser ciudadanos estadounidenses no pueden convertirse en oficiales de policía en el estado o en los condados.

El jefe de policía de la ciudad de Green Bay, Andrew Smith, declaró que su departamento tiene autorizados 194 oficiales y solamente ha podido llenar 179 vacantes por la dificultad de encontrar candidatos adecuados.

“Necesitamos gente dispuesta a tomar los riesgos de un oficial de policía, y que quiera servir a su comunidad”, como pueden ser los DACA, agregó.

Como ejemplo señaló a José del Río, de 21 años, un joven inmigrante que se inició en el programa Exploradores de la Policía, en los últimos cinco años ha trabajado en el servicio comunitario de su departamento y podrá prestar juramento como oficial cuando se apruebe la ley.

“Es un candidato ideal, que no ha podido ser contratado porque la ley actual lo impide”, dijo Smith.

Del Río nació en Jalisco, México, y fue traído a los EE.UU. por sus padres a los dos años de edad.

“Quiero ser como todos los que fueron criados en Green Bay, trabajar duro y continuar con mis sueños de ayudar a todos”, dijo Del Río a los periodistas.

Fuente: laopinion

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Los ‘tepesianos’ seguirán expuestos a deportación aunque consigan ‘advance parole’. Foto: Flickr

Muchos extranjeros amparados en Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se quedaron este lunes prácticamente sin posibilidades de obtener residencia permanente después de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunciara que los beneficiarios que hayan salido y entrado del país con permiso del Gobierno no podrán solicitar la llamada green card.

La agencia federal cierra de esta forma una pequeña ventana que utilizaban los juristas con el permiso de viaje (advance parole), que permite a estas personas salir del país y regresar de forma legal.

“Los abogados argumentaban que con la entrada al país de forma legal la orden de deportación que estaba contra los portadores de TPS prácticamente quedaba anulada lo que le permitía que pudieran ajustar su estatus si eran elegibles”, explica a Efe Fernando Romo, asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

Lo que notificó USCIS este lunes es que no aceptará más dichos argumentos y que las órdenes de deportación contra algunos beneficiarios TPS seguirán vigentes aunque consigan el permiso de viaje y vuelvan a entrar al país con autorización.

Por su parte, el subdirector de USCIS, Joseph Edlow, alega en un comunicado que la advance parole “no debe convertirse en una senda para obtener la residencia legal permanente o la ciudadanía” ya que “el estatus de protección temporal es, por su naturaleza misma, temporal”.

Pero Romo considera que la nueva medida federal es otro ataque al TPS que limita “más la posibilidad que los ‘tepesianos’ logren ajustar su estatus cuando están a pocos meses de perder el amparo”.

“Esta decisión no afecta a los beneficiarios de TPS que ajustaron su estatus pasando a la residencia legal permanente bajo las prácticas anteriores o a quienes tienen pendiente las solicitudes de ajuste de estatus“, aclaró el jurista.

En EE.UU. hay más de 320,000 personas amparadas por TPS. A los 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños y 46,000 haitianos amparados bajo el programa se les acaba la protección en enero de 2021.

Fuente: laopinion

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