Archivo./Foto: Reuters.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo la semana pasada que el gobierno ha dado más de 77.000 permisos de tránsito sólo a venezolanos este año. La mayoría fue en los últimos tres meses.

En el sur de México, en un recóndito pueblo a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala, opera un enorme campamento adonde miles de migrantes se preguntan cuál será su destino tras el reciente acuerdo para regular la llegada de venezolanos a Estados Unidos.

El lunes, según el alcalde de San Pedro Tapanatepec, Humberto Parrazales, el número de migrantes se elevaba a unos 14.000, el 75% venezolanos. La AP no pudo confirmar independientemente esta cifra.

El campamento -cinco grandes carpas en las afueras del pueblo con colchonetas, unos baños, agua y unos cuantos ventiladores para el sofocante calor- lleva funcionando desde inicios de agosto como centro de expedición de documentos de tránsito a extranjeros. El Instituto Nacional de Migración lo montó para descongestionar la ciudad de Tapachula, puerta de entrada de la frontera sur.

Hasta la semana pasada, hombres, mujeres y niños esperaban ahí sus permisos durante tres o cuatro días y luego seguían hacia el norte. Ahora, la expedición de esos documentos se ha ralentizado, explicó el alcalde en conversación telefónica, coincidiendo con el anuncio del nuevo plan estadounidense que por un lado otorgará visas temporales para 24.000 venezolanos que entren a Estados Unidos vía aérea y que, por el otro, ya ha comenzado a expulsar de regreso a México a los que lleguen por tierra.

Programa para informar a migrantes

La Organización Internacional para las Migraciones indicó la semana pasada a The Associated Press que preparaba con agencias de la ONU un programa para informar a los migrantes del nuevo programa, pero en San Pedro Tapanatepec el lunes cundía el desconcierto.

“No entiendo nada”, decía vía telefónica el venezolano Robinson Rodríguez. “Si se trancó todo (si se cerró la frontera) ya no deberían sacar ese permiso. Y uno les pregunta (a las autoridades) y ellos dicen que no saben pero lo siguen sacando”.

Rodríguez consiguió el documento de tránsito por siete días, pero tuvo que esperar en el pueblo para lograr conseguir dinero para el pasaje y ahora que ya lo tiene, el permiso está por caducar y no sabe qué hacer.

El lunes comenzó a llegar la primera información, según indicó el nicaragüense Luis Martinica que mostró a la AP vía Whatsapp un papel en el que se indicaba la página web donde los venezolanos pueden inscribirse al nuevo programa de visas estadounidenses. Pero la hoja estaba escrita de tal manera que a Martinica no le quedaba claro si también a él lo iban a retornar si llegaba a la frontera.

Por su parte, el alcalde estaba preocupado porque cada vez tenía más problemas para garantizar la salud o la recogida de basura y también el abastecimiento de agua o electricidad porque los transformadores no daban abasto y ya hubo algunos cortes.

Sin embargo, Parrazales reconocía que el flujo de migrantes había dejado una derrama económica “brutal” y nunca vista, de uno 300 millones de pesos (15 millones de dólares) “en cambio de divisas, trámites bancarios, venta de lugares para dormir, de comida, medicamentos, insumos básicos, boletos de autobús, taxis… cobran hasta por cargar un celular”, señaló.

Ninguna organización civil estaba ofreciendo ahí sus servicios, como ha sido habitual en ocasiones similares y algunos migrantes incluso desconocían quién estaba a cargo del lugar.

“No sabemos si esto es de la ONU, pero no nos informan como cuando llegamos a Panamá”, se quejaba hace unos días el peruano Bryan González.

Justo al sur de ese país, antes de cruzar la selva del Darién, fronteriza con Colombia, es donde se acumulan también en torno a 10.000 migrantes, según las autoridades de ese país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo la semana pasada que el gobierno ha dado más de 77.000 permisos de tránsito sólo a venezolanos este año. La mayoría fue en los últimos tres meses.

Estos ciudadanos, al igual que cubanos o nicaragüenses, son complicados de deportar tanto para México como para Estados Unidos y en los últimos meses cuando cruzaban y se entregaban a la Patrulla Fronteriza solían poder quedarse en territorio estadounidense para iniciar ahí sus trámites migratorios.

Fuente: Vozdeamerica.com

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USCIS enfrenta problemas de financiamiento. Foto: Archivo

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha suspendido el despido temporal de más de 13,400 de sus 16.700 empleados que debía comenzar el 3 de agosto por falta de fondos, anunció el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont.

“El enviar a licencia sin pago a miles de empleados públicos en medio de una pandemia y con el desempleo en niveles sin precedentes hubiese trastornado completamente la vida de los hombres y mujeres dedicados al trabajo en USCIS”, indicó Leahy, vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado.

La medida “hubiese impacto a los miles de personas que dependen de sus servicios”.

USCIS opera financiada por las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas temporarias, visas de residencia legal permanente y obtención de la ciudadanía estadounidense. Estos trámites han disminuido sustancialmente debido a la pandemia de COVID-19.

La agencia ha calculado una reducción del 61 % en sus recaudaciones hasta el fin del período fiscal 2020, que concluye el 30 de septiembre, y aunque ha limitado los aumentos de sueldos y ha adoptado otras medidas para restringir sus gastos, sus directores han indicado que se necesitan medidas drásticas para mantenerla funcionando.

USCIS ha pedido del Congreso una asignación de emergencia de $1,200 millones de dólares antes de que comience el período fiscal 2021, y un incremento del 10% en las tarifas por los trámites migratorios.

Leahy afirmó que los nuevos cálculos de recaudaciones muestran que USCIS concluirá el período fiscal con un superávit y no con el déficit de 571 millones de dólares que había indicado anteriormente.

El director interino de USCIS, Joseph Edlow, aseguró este viernes a Leahy que se postergarían los despidos temporarios.

“En cuanto al déficit que USCIS ha calculado para el período fiscal 2021 me comprometo a atender el asunto en el próximo paquete de medidas para paliar el impacto de coronavirus de manera que USCIS pueda seguir cumpliendo sus misiones sin despidos temporales”, dijo Leahy.

Los empleados de USCIS habían advertido este viernes que las licencias no pagadas tendrán un impacto grave en la economía, las Fuerzas Armadas y la inmigración legal.

“Nos aterra la perspectiva de que nuestras fuerzas militares, las empresas, la economía y los solicitantes legales de visas sufran más perjuicios si el Congreso no actúa”, dijo la representante gremial Danielle Spooner, en una campaña de avisos en televisión y redes sociales, promovida por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE).

Los despidos temporales “reducirán el personal de la agencia responsable por ayudar a que las empresas, los militares y las organizaciones no gubernamentales tengan acceso legalmente a la fuerza laboral documentada que necesitan, al tiempo que asisten a las personas que solicitan refugio y asilo”, indicó AFGE.

Michael Overman, un veterano de la Marina de Guerra y representante gremial en Nebraska, indicó que “la oportunidad de obtener la ciudadanía mediante el servicio militar a nuestro país es una tradición fundamental y una herramienta para dotar a nuestras fuerzas armadas, y los cortes propuestos destruirían esa tradición”.

Las empresas y las fuerzas armadas “definitivamente, serán los primeros sectores que sufrirán el impacto de estas reducciones (de personal), dijo Ruark Hotopp, otro representante gremial. “Este es mal momento para que el gobierno perjudique a las empresas y a las fuerzas armadas ya golpeados por la pandemia de COVID-19”.

La organización gremial detalló que los avisos empezarán a difundirse esta semana también en redes de televisión por cable y en canales deportivos en Washington DC y en distritos electorales clave para los legisladores tanto demócratas como republicanos, y “donde los empleados encaran miles de despidos temporarios”.

Esta semana, Leahy, y su colega Jon Tester, ambos demócratas, habían pedido en una carta al jefe interino de Seguridad, Chad Wolf, que posponga los planes de licencia temporal dado que la agencia federal “actualmente proyecta terminar el año fiscal con un superávit y un saldo suficiente para pagar su empleados por el resto del año fiscal”

Fuente: laopinion.com

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