El expresidente Donald Trump. Archivo. / Foto: Reuters.

Se trata de la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución de EEUU. El expresidente enfrenta críticas incluso desde el Partido Republicano tras el anuncio de su nuevo intento por llegar a la presidencia.

WASHINGTON DC — Tras el anuncio del expresidente Donald Trump de que se postulará para recuperar la Casa Blanca en 2024, varios grupos de derechos civiles se están movilizando para bloquear su candidatura en virtud de una disposición constitucional poco conocida, en base a su comportamiento durante el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

La disposición, la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución de EEUU, establece que “ninguna persona podrá” ocupar un cargo federal o estatal que haya hecho previamente un juramento de “apoyar la Constitución” y luego “participe en una insurrección o rebelión” o “ dado ayuda o consuelo a los enemigos” del país.

Conocida como la “cláusula de descalificación”, esta se adoptó después de la Guerra Civil Estadounidense de 1861-1865 para evitar que los miembros de la recién derrotada Confederación ocuparan cargos en el período de posguerra.

La cláusula quedó en gran parte inactiva después de que el Congreso aprobara la Ley de Amnistía en 1872, levantando las penas de inhabilitación contra la mayoría de los ex confederados.

Pero a raíz del asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Trump, organizaciones civiles y algunos académicos constitucionales dicen que la medida ha adquirido una nueva relevancia.

“No estoy seguro de que los redactores de la Enmienda 14 pudieran haber imaginado cómo podría ser la próxima insurrección, pero al codificar la Sección 3 de la Enmienda 14 ciertamente le dieron al Congreso y al público estadounidense las herramientas para inhabilitar a los funcionarios gubernamentales que participan en insurrecciones. al aprobar esa enmienda”, dijo Donald Sherman, asesor principal de Citizens for Responsibility and Ethics en Washington (CREW), un organismo de control del gobierno, durante una conversación en Twitter Space la semana pasada.

Sherman dijo que CREW está preparado para “tomar las medidas legales o de defensa apropiadas” para garantizar que Trump sea descalificado bajo la Sección 3.

Minutos después del anuncio de Trump, otras dos organizaciones, Free Speech for People y Mi Familia Vota, lanzaron por medio de TrumpIsDisqualified.org una campaña para instar a los funcionarios electorales estatales a excluir a Trump de sus boletas.

“Creemos que constitucionalmente no es elegible para postularse para el cargo”, dijo Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo y director general de Mi Familia Vota, en un comunicado.

Trump ha negado que haya actuado mal en relación con el ataque del 6 de enero, y los académicos legales conservadores ven el intento de descalificarlo como una posibilidad remota.

Al señalar que los tribunales han rechazado en gran medida los intentos recientes de inhabilitar a algunos candidatos que apoyan a Trump, Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, dijo: “Creo que eventualmente llegaría a la Corte Suprema y sería rápidamente aplastado”.

La disputa sobre si Trump es elegible para postularse nuevamente para el cargo se reduce a dos preguntas clave: ¿si lo que sucedió el 6 de enero constituye una insurrección y si la cláusula de inhabilitación puede entrar en vigencia sin una ley del Congreso?.

En los casi dos años transcurridos desde el 6 de enero de 2021, los demócratas han afirmado repetidamente que el asalto al Capitolio fue “una insurrección”, argumentando que no fue solo un ataque a la sede del Legislativo de EEUU, sino un intento de subvertir el mandato constitucional en medio del proceso de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales.

Pero los republicanos, quizás conscientes de las implicaciones legales del término, han rechazado esa caracterización. Turley, quien apareció como testigo invitado por los republicanos durante el primer juicio político a Trump, en 2019, sostiene que el 6 de enero no fue una insurrección en el sentido legal.

“Si bien es muy común que la gente se refiera a los disturbios del 6 de enero como una insurrección, no se ha encontrado legalmente que sea tal cosa”, dijo Turley. “Por lo tanto, no encaja particularmente bien con la cláusula de descalificación”.

Igual de polémica es la cuestión de si la cláusula de inhabilitación se puede aplicar sin una ley del Congreso.

En referencia a un fallo judicial de 1869 que involucró la descalificación de un exfuncionario confederado, algunos juristas argumentan que la cláusula no es “autoejecutable”, lo que significa que no se puede hacer cumplir sin la legislación del Congreso.

Para que la ley entre en vigor, dicen estos expertos legales, el Congreso debe crear un procedimiento para determinar si un candidato ha cometido un delito inhabilitante. El Congreso, de momento, no ha hecho eso.

Mientras, otros dicen que tal acción no es necesaria.

“Mucha gente dice que tiene que haber una legislación federal que cree un proceso simple para que esta disposición se aplique o sea operativa, y simplemente no estamos de acuerdo”, dijo Liz Hempowicz, vicepresidenta de política y asuntos gubernamentales de el Proyecto de Control Gubernamental, y coautor de un informe que argumenta que la cláusula de inhabilitación se podría aplicar.

Para disputar la candidatura de Trump, los retadores tienen varios caminos legales, dijo Hempowicz. Una es pedir a los secretarios de estado en estados clave que no incluyan a Trump en ninguna votación futura, explicó. Otra es buscar órdenes judiciales locales para evitar que obtenga acceso a la boleta.

“Es un sistema muy complejo y dependerá de los procesos en 50 estados diferentes”, afirmó Hempowicz.

“En algunos estados, tiene que ser alguien que buscaba esa nominación y no la obtuvo”, dijo. “En otros estados, es más amplio y los ciudadanos preocupados pueden cuestionar la candidatura de alguien”.

Para bloquear la candidatura de Trump, los desafíos “ciertamente tendrían que ser más de un estado, pero no creo que tengan que ser los 50”, precisó Hempowicz.

Si algún estado toma medidas para inhabilitarle, el expresidente podría intentar que los tribunales revoquen la orden, preparando el escenario para batallas judiciales prolongadas mucho antes de las próximas elecciones presidenciales.

“Para ser justos con los votantes estadounidenses, este argumento debe resolverse de manera concluyente en los tribunales mucho antes de que los votantes emitan sus votos en 2024, y no el 6 de enero de 2025, cuando el Congreso se reúna para contar los votos electorales”, dijo Edward Foley, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, escribió en una entrada de blog reciente.

Fuente: Vozdeamerica.com

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La comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio escuchará nuevos testimonios sobre las presiones de Donald Trump al Departamento de Justicia para que investigara fraude electoral.

El panel del Congreso de EEUU que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado escuchará este jueves testimonios de cómo el entonces presidente Donald Trump presionó a los funcionarios del Departamento de Justicia a que investigaran denuncias de fraude en la elección de 2020 que pudieran voltear su derrota ante Joe Biden.

El presidente de la comsión, Bennie Thompson, dijo que el panel examinará los esfuerzos de Trump «de tratar de corromper al principal cuerpo de la ley en el país”, igual como testificaron el martes funcionarios de Arizona y Georgia de que Trump trató de que ellos designaran faltos electores para mantenerse en la presidencia.

En parte, se espera que la audiencia de este jueves se concentre en los supuestos esfuerzos de Jeffrey Clark, un ex fiscal general asistente, de insistir repetidamente a los funcionarios del Departamento de Justicia a que investigaran denuncias de fraude electoral y a forzar a algunos estados a “descertificar” sus resultados electorales que reflejaban el triunfo de Biden.

Algunos asociados dijeron que Trump consideró sustituir con Clark al secretario de Justicia interino Jeff Rosen, quien, al igual que su antecesor William Barr, afirmaba que no había evidencias de un fraude sustancial que diera vuelco a la elección.

En un corto video mostrado al final de la sesión del martes, Richard Donoghue, quien actuó como vicesecretario de Justicia interino desde diciembre de 2020 a enero de 2021, dijo que él habría renunciado de inmediato si Trump hubiera nombrado a Clark.

La audiencia de este jueves es la quinta este mes en que el panel explora el papel de Trump en fomentar el ataque al Capitolio cuando los legisladores se preparaban para certificar la victoria de Biden en el Colegio Electoral.

Unos 2.000 partidarios de Trump irrumpieron a la fuerza en el Capitolio, alentados por Trump en un acto anterior. Los manifestantes derribaron las barreras de seguridad, forcejearon con la policía y saquearon oficinas del Congreso.

Más de 800 de ellos han sido imputados de cargos que van desde invadir y destrozar el Capitolio hasta atacar a la policía y unos 300 se declararon culpables o fueron declarados culpables en juicios. Algunos cabecillas han sido acusados de conspiración sediciosa.

Trump ha desconocido al panel, compuesto de siete demócratas y dos republicanos, alegando que sus actividades están inclinadas en su contra, y todavía reclama erróneamente que la elección de 2020 fue fraudulenta.

La audiencia de este jueves será la última del panel, que divulgara su informe final a fines del verano.

[Reporte de Ken Bredemeier VOA]

Fuente: Vozdeamerica.com

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Los testimonios ofrecidos el martes detallan cómo Trump presionó a los más altos funcionarios de Georgia y Arizona.

WASHINGTON — Funcionarios estatales de Estados Unidos detallaron el martes cómo el expresidente Donald Trump y sus acólitos intentaron que se nombraran electores falsos en los estados que perdió ante el demócrata Joe Biden en los comicios de 2020 para mantener al republicano en el poder y cambiar el resultado electoral, a pesar de que no había evidencia de fraude en el escrutinio.

El republicano Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, detalló al comité del Congreso que investiga los disturbios en el Capitolio de EEUU el 6 de enero del año pasado cómo Trump le imploró en dos llamadas telefónicas que revocara la victoria de Biden en su estado, pero que se negó.

Bowers, que dijo haber votado por el propio Trump, le aseguró que «no haría nada ilegal por él» cuando le pidió nombrar electores alternativos a su favor, a pesar de que Biden había ganado el estado por más de 10.000 votos.

Un visiblemente emocionado Bowers narró que un abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, afirmó que 200.000 inmigrantes votaron ilegalmente en Arizona en 2020, junto con 5.000 a 6.000 personas muertas. Cuando Bowers exigió pruebas, Trump dijo en una llamada: «Dale al hombre lo que necesita, Rudy».

Pero Bowers aseguró que Giuliani nunca ofreció pruebas de los votos ilegales y que finalmente incluso le reconoció: «Tenemos muchas teorías, pero no tenemos las pruebas».

Rechazo preventivo

Trump emitió un comunicado antes de que comenzara la audiencia del martes, afirmando que Bowers en un momento le dijo que la votación de Arizona estaba «amañada» en su contra. El presidente de la Cámara de Baja de Arizona afirmó categóricamente: «Nunca le he dicho eso, a nadie, en ninguna parte».

Biden, recalcó el republicano, ganó legítimamente el estado.

El comité de investigación de la Cámara de Representantes también escuchó extensos testimonios de dos funcionarios electorales del estado sureño de Georgia, donde Trump fue el primer candidato presidencial republicano en perder desde 1992.

Trump, en una controvertida llamada el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, le pidió que «encontrara» suficientes votos para superar el margen de victoria de Biden de 11.779 votos.

Raffensperger testificó que Trump le suplicó que anulara la votación del estado. Las papeletas se habían contado tres veces, dijo, y Biden ganó cada vez, con lo que el funcionario electoral dijo que eran totales «notablemente cercanos».

Pero Trump insistió y le dijo a Raffensperger: «La gente de Georgia está enojada. La gente del país está enojada, y no hay nada de malo en decir eso, ya sabes, que has vuelto a calcular. Todo lo que quiero hacer es esto: solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Amigo, necesito 11.000 votos. Denme un respiro».

«De ninguna manera perdí en Georgia», fue el argumento de Trump a Raffensperger. «De ninguna manera. Ganamos por cientos de miles de votos. Y serías respetado, realmente respetado, si esto pudiera arreglarse».

Trump continúa afirmando -sin aportar más que rumores- que le robaron un segundo mandato en la Casa Blanca y ha insinuado que podría postularse nuevamente para la presidencia en 2024.

Durante el fin de semana, se quejó en las redes sociales sobre la investigación de la Cámara y defendió su llamada a Raffensperger.

“Mi llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia, con muchas otras personas, incluidos numerosos abogados a sabiendas en la línea, fue absolutamente PERFECTA y apropiada”, escribió Trump. «SI, fue una LLAMADA PERFECTA…».

El costo personal

Bowers, Raffensperger, Gabriel Sterling, director de operaciones de la oficina electoral de Georgia, y la trabajadora electoral de Georgia Wandreá Shaye Moss testificaron que ellos y sus colegas recibieron amenazas de violencia de los partidarios de Trump que se negaban a aceptar su derrota electoral.

En el centro de los esfuerzos postelectorales de Trump se encontraba un plan audaz para que se nombraran falsos electores que apoyaban a Trump en estados donde Biden le había derrotado por poco. Estos electores falsos certificarían ante el Congreso que Trump, en lugar de Biden, había ganado esos estados.

En EEUU, los presidentes se eligen efectivamente en elecciones separadas en cada uno de los 50 estados, no a través del voto popular nacional. El número de votos electorales de cada estado depende de su población, y los estados más grandes tienen la mayor influencia. Esos votos se cuentan formalmente en el Capitolio de Estados Unidos unos dos meses después de la elección, bajo la presidencia del vicepresidente.

Unos 2.000 partidarios de Trump asaltaron el Capitolio el 6 de enero durante horas, impidiendo que los legisladores certificaran la eventual victoria de Biden por 306-232 en el Colegio Electoral.

Si bien el comité de la Cámara de Representantes no puede presentar cargos penales, el Departamento de Justicia está monitoreando de cerca las audiencias para determinar si alguien, incluido Trump, debe ser acusado de intentar revertir ilegalmente el resultado de las elecciones para mantenerlo en el poder.

El congresista demócrata Adam Schiff de California, quien dirigió la mayor parte del interrogatorio el martes, dijo al final que si Trump se involucró «en actos delictivos es algo que otros deben decidir».

Pero Schiff dijo que los esfuerzos de Trump por cambiar el resultado de las elecciones para mantenerse en el poder a pesar dela victoria de Biden en las urnas fueron «antipatrióticos y fundamentalmente antiestadounidenses».

El panel ya escuchó testimonios de que asesores clave de Trump le dijeron que había perdido las elecciones de 2020 y que hubo un número mínimo de irregularidades en las votaciones, que no era suficiente para anular la victoria de Biden en el Colegio Electoral Nacional.

Además, se le dijo a Trump que sería ilegal que el entonces vicepresidente Mike Pence bloqueara unilateralmente la victoria de Biden, cómo Trump le imploró en privado y en público.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El expresidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un mitin para impulsar a los candidatos republicanos de Ohio antes de las elecciones primarias del 3 de mayo, en el condado de Delaware, Ohio, EEUU, el 23 de abril de 2022. REUTERS/Gaelen Morse//Foto de archivo

Trump está tratando de derrotar a dos funcionarios de Georgia: el gobernador Brian Kemp y el secretario de Estado Brad Raffensperger.

WASHINGTON — La incansable campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para convencer a los votantes de su afirmación desacreditada de que le robaron la victoria en su candidatura a la reelección de 2020 está nuevamente en la boleta electoral el martes, con dos elecciones primarias republicanas donde hay mucho en juego en el estado sureño de Georgia.

Trump está tratando de derrotar a dos funcionarios de Georgia: el gobernador Brian Kemp y el secretario de Estado Brad Raffensperger. Este último, el principal funcionario electoral del estado, enfureció a Trump al rechazar sus afirmaciones de que el demócrata Joe Biden había ganado el estado en un conteo de votos fraudulento. Tanto Kemp como Raffensperger se enfrentan a oponentes respaldados por Trump en las contiendas del Partido Republicano.

Las encuestas muestran a Kemp muy por delante del exsenador republicano David Perdue, a quien Trump reclutó para postularse para gobernador después de que Perdue perdiera su candidatura a la reelección ante el Senado a principios de 2021. Las encuestas muestran alternativamente a Raffensperger adelante o muy cerca atrás en su candidatura a la reelección contra la representante Jody Hice, con un gran número de votantes indecisos.

Trump perdió Georgia hace dos años ante Biden por 11.779 votos de más de 5 millones de boletas, el primer republicano en perder el estado en una elección presidencial desde 1992. El resultado se confirmó en tres conteos de votos separados.

Pero ahora Trump, casi 19 meses después de la votación de 2020, está envuelto en la fortuna política del estado una vez más, y su destino personal también está en juego.

En Atlanta, la capital del estado, se ha formado un gran jurado para investigar la posible criminalidad de la solicitud de Trump a principios de 2021 a Raffensperger para «encontrarle» 11.780 votos para derrotar a Biden en el estado, uno más de los que perdió.

“Amigos, necesito 11.000 votos. Denme un respiro”, dijo Trump en la llamada grabada a Raffensperger. Pero el funcionario electoral rechazó su solicitud y el expresidente ahora está tratando de expulsar a Raffensperger de su cargo.

De manera similar, Kemp, un conservador acérrimo, provocó la ira de Trump al negarse a intentar anular la victoria de Biden en el estado. Si bien muchos votantes republicanos de base en el estado apoyan las afirmaciones de fraude de Trump sobre la votación de 2020, las encuestas han demostrado que Kemp sigue siendo un funcionario popular en Georgia.

Trump y su exvicepresidente, Mike Pence, se separaron en la contienda para gobernador de Georgia, con Pence para aparecer con Kemp en persona en un mitin en la víspera de las elecciones el lunes por la noche y Trump haciendo un último llamado a favor de Perdue a través de un video.

Trump ha respaldado a numerosos candidatos en las primarias republicanas de este mes para elegir candidatos para las elecciones generales de noviembre frente a los candidatos demócratas.

Si bien los candidatos respaldados por Trump han ganado docenas de contiendas para cargos menores, su historial en las primarias de partidos clave ha sido mixto.

Trump empujó al autor J.D. Vance a la línea de meta en la comptencia por la nominación republicana al Senado en el estado de Ohio, en el medio oeste, pero su elección para gobernador en Nebraska, Charles Herbster, perdió.

La semana pasada, Doug Mastriano, respaldado por Trump y que apoya las afirmaciones de fraude electoral de Trump, ganó la nominación a gobernador de Pensilvania. Pero la elección del expresidente para el Senado en el estado, el célebre doctor personalidad de la televisión Mehmet Oz, sigue igualada con el exejecutivo de fondos de cobertura David McCormick en un conteo de votos demasiado cercano a la decisión.

En el estado de Carolina del Norte, en el Atlántico medio, el candidato al Senado respaldado por Trump, el representante Ted Budd, ganó fácilmente la nominación del partido, pero un controvertido legislador de primer mandato respaldado por Trump, el representante Madison Cawthorn, perdió su intento de renovación.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: General Mark Milley / Foto: flickr.com

WASHINGTON — La Casa Blanca defendió el miércoles al principal comandante militar de Estados Unidos, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, contra los pedidos de su renuncia luego de las revelaciones en un nuevo libro de los periodistas del Washington Post Bob Woodward y Robert Costa.

Según el libro, titulado Peril (Peligro), Milley dijo a funcionarios militares de alto rango que cualquier orden de ataque del expresidente Donald Trump en los últimos días de su presidencia debe aclararse con él. El libro también reveló que Milley llamó dos veces a China para asegurarle a Beijing que ningún ataque estadounidense era inminente.

Según la ley estadounidense, el presidente es el comandante en jefe y existe una tradición de control civil de los líderes militares.

Pero Milley, creyendo que Trump había sufrido un declive mental después de perder su reelección en noviembre pasado, convocó a sus principales líderes militares a principios de enero para asegurarse de que consultaran con él antes de ejecutar cualquier orden de Trump de ataque en el extranjero, según el libro. Milley no ha cuestionado las afirmaciones.

Después de que se revelara el acercamiento a Beijing el martes, altos funcionarios dijeron que Milley había coordinado las llamadas con el conocimiento de la oficina del secretario de Defensa, el liderazgo civil del Pentágono.

Trump no emitió órdenes de ataque en enero mientras se preparaba para dejar Washington y entregar la presidencia al demócrata Joe Biden, aunque hasta el día de hoy persiste en afirmaciones infundadas de que la elección fue fraudulenta costándole la reelección.

Milley ha continuado liderando el Ejército de EE. UU. durante los primeros ocho meses de Biden en el cargo. Pero algunos legisladores republicanos han pedido su renuncia por los incidentes descritos en el libro, que se publicará la próxima semana.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó cualquier afirmación de que Milley había violado el principio de control civil de las fuerzas armadas. Ella dijo que Biden tiene «completa confianza en su liderazgo, su patriotismo y su fidelidad a la Constitución».

Los incidentes ocurrieron en un momento en que el expresidente «fomentó disturbios que llevaron a una insurrección y un ataque al Capitolio de nuestra nación», indicó. Cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el edificio el 6 de enero para tratar de evitar que los legisladores certificaran la victoria de Biden.

Psaki calificó los disturbios en el Capitolio como «uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación».

El senador republicano Marco Rubio de Florida, un crítico frecuente de Biden, pidió la renuncia de Milley, diciendo que Milley «trabajó para socavar activamente al comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses» y que sus acciones equivalían a traición.

«El general Milley ha intentado racionalizar su comportamiento imprudente argumentando que lo que percibía como el juicio de los militares era más estable que su comandante civil», escribió Rubio a Biden.

«Es un precedente peligroso que podría ser afirmado en cualquier momento en el futuro por el general Milley u otros», dijo Rubio. «Amenaza con destrozar el antiguo principio de control civil de las fuerzas armadas de nuestra nación».

Otro republicano, el senador Ted Cruz de Texas, calificó las revelaciones del libro como «profundamente preocupantes».

«Nuestra Constitución incorpora el control civil de las fuerzas armadas, y si el presidente de los jefes conjuntos estaba socavando activamente al comandante en jefe y prometiendo a nuestros enemigos desafiar a su propio comandante, eso es completamente inconsistente con sus responsabilidades», dijo Cruz.

Pero el portavoz de Milley, el coronel David Butler, dijo que las acciones reportadas por el jefe de personal estaban dentro de los límites normales, y señaló que consulta regularmente con los jefes de defensa de todo el mundo, incluidos los de China y Rusia.

«El general Milley continúa actuando y asesorando dentro de su autoridad en la tradición legal del control civil del ejército y su juramento a la Constitución», dijo Butler en un comunicado de prensa.

Fuente: Vozdeamerica.com

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El presidente Donald Trump conversa con los periodistas minutos antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Minnesota, para la celebración de un acto de campaña, el 30 de septiembre de 2020. Foto: Reuters

WASHINGTON, D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este miércoles «cualquier forma» de violencia después de haber dado píe a todo tipo de suspicacias al haber evitado marcar distancias con el supremacismo blanco durante el primer debate presidencial, celebrado esta semana en Cleveland, Ohio.

«Quiero que la ley y el orden sean partes muy importantes de mi campaña. Y cuando digo eso, de lo que hablo es de que las fuerzas orden tienen que encargarse», contestó el presidente en un primer momento al ser preguntado sobre la cuestión por un grupo de periodistas que se encontraban en la Casa Blanca.

Los reporteros, no obstante, no cejaron en su empeño e insistieron en preguntar concretamente por la violencia generada por los grupos supremacistas blancos.

«Siempre he denunciado cualquier forma [de violencia]… cualquier forma. Cualquier forma de eso, hay que denunciarlo», sostuvo Trump.

Las palabras de Trump se producen después de que el martes, durante el primer debate presidencial, el presidente rechazara denunciar específicamente a estos grupos al ser abordado sobre el asunto tanto por el moderador, Chris Wallace, como por el candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

A lo largo del cara a cara, Trump afirmó que casi todos los casos de violencia que se registran en el país al albur de las protestas sociales surgidas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia policial, «proceden de la izquierda». Wallace y Biden aprovecharon la tesitura para reclamar a Trump que condenara a los grupos supremacistas que, según las propias autoridades estadounidenses, representan el mayor peligro de terrorismo doméstico en el país.

“Cómo quieres llamarlo, dadme un nombre» —preguntó Trump, en referencia a los distintos nombres de algunos de los movimientos neonazis que existen en el país— «¿Proud Boys? Retrocedan y esperen», refiriéndose a uno de los grupos radicales asociados a las protestas violentas en EE.UU.

Pocos minutos después de que Trump pronunciara estas palabras, una sección de este movimiento modificó su logotipo para añadirle el lema «retrocedan y esperen».

Reacciones

Toda esta situación ha generado una gran controversia en el país, que incluso ha puesto en una situación incómoda a miembros del propio partido de Trump, el Republicano.

Tim Scott, el único senador republicano afroestadounidense, anunció que ha escrito una carta a la Casa Blanca reclamando una «corrección» por parte del mandatario. «Creo que se expresó mal ante el comentario de Chris Wallace… Creo que se expresó mal y que debería corregirlo. Si no lo hace, imagino entonces que no se expresó mal», dijo Scott en declaraciones a los periodistas recogidas por el portal The Hill.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell, salió al paso este miércoles suscribiendo las palabras de Scott y calificando de «inaceptable» el hecho de que el presidente no hubiera hecho la condena en términos claros.

Mucho menos abierto a la posibilidad de un malentendido se mostró el rival de Trump en las urnas el próximo 3 de noviembre. «No hay otra manera de verlo: el presidente de Estados Unidos rechazó condenar a los supremacistas blancos en el debate de anoche», sostuvo Biden vía Twitter.

Fuente: voanoticias

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El presidente Donald Trump habla a seguidores durante un mitin de campaña, en Old Forge Pennsylvania, el 20 de agosto de 2020. Foto: Reuters

WASHINGTON DC – En el último revés a los intentos del presidente de Estados Unidos por mantener sus finanzas en secreto, Donald Trump no podrá bloquear la orden judicial que le exige entregar ocho años de sus declaraciones de impuestos, según dictaminó un juez federal el jueves.

El juez federal del distrito Víctor Marrero, en Manhattan, rechazó las alegaciones de Trump de que la citación del gran jurado del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, a la firma de contabilidad del presidente Mazars USA era «tremendamente excesiva» y emitida de mala fe.

En una decisión de 103 páginas, Marrero también dijo que permitir que Trump bloquee la citación, que se emitió en agosto pasado, equivaldría a una «expansión indebida» de la inmunidad presidencial.

«La justicia requiere el fin de esta controversia», escribió Marrero.

Trump apeló rápidamente la decisión y presentó una moción de emergencia para retrasar la entrega de sus declaraciones de impuestos, diciendo que hacer cumplir la citación le causaría un daño irreparable al revelar su «información privada y confidencial».

Las reglas de litigio y secreto del gran jurado hacen que sea poco probable que los registros financieros de Trump se hagan públicos antes del 3 de noviembre, cuando el presidente busca la reelección.

En declaraciones a los reporteros en la Casa Blanca, Trump dijo que el caso probablemente regresará a la Corte Suprema, que el 9 de julio rechazó su argumento anterior de que era inmune a las investigaciones criminales estatales mientras estuviera en el cargo.

La Corte Suprema dijo que el presidente republicano aún podría impugnar la citación por otros motivos. Marrero también había dictaminado en octubre pasado que Vance, un demócrata, podría hacer cumplir la citación.

«Esta es una continuación de la caza de brujas más repugnante en la historia de nuestro país», dijo Trump a los periodistas.

Un portavoz de Vance declinó hacer comentarios.

Trump ha luchado durante mucho tiempo contra los esfuerzos de los legisladores y fiscales para obtener esos registros y, al retener sus declaraciones de impuestos, se ha apartado de la práctica de décadas de sus predecesores.

La citación está relacionada con la investigación criminal de Vance sobre Trump y su organización.

En una presentación judicial de este mes, Vance sugirió que la citación estaba relacionada con «una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada en la Organización Trump», incluido un supuesto fraude bancario y de seguros.

Marrero aceptó el argumento de Vance de que permitir que Trump retrasara la ejecución de la citación le daría al presidente «inmunidad temporal absoluta» frente a la investigación mientras esté en la Casa Blanca.

A menos que la ejecución de la citación afecte sus deberes constitucionales, «el presidente no tiene derecho a reclamar mayor protección contra el proceso judicial que cualquier otra persona», escribió Marrero.

La investigación de Vance comenzó luego de informes de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, pagó a la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels 130.000 dólares para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016 sobre supuestos encuentros sexuales, lo que él ha negado.

Fuente: voanoticias

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