Hombre de Minneapolis admite culpabilidad en millonario fraude a programas de ayuda durante la pandemia
Tezzaree El-Amin Champion, un residente de Minneapolis, se declaró culpable este miércoles en un tribunal federal por su participación en un complejo esquema para defraudar más de $6 millones a programas públicos y privados de ayuda durante la COVID-19, incluyendo cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y posesión ilegal de un arma como delincuente convicto.
Según documentos judiciales, Champion utilizó su empresa, Futuristic Management Group, para estafar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), así como a los programas de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL) y de subvenciones del Condado de Hennepin. Para ello, infló ingresos y gastos de solicitantes, presentó declaraciones fiscales falsas y documentos de arrendamiento fraudulentos. Las autoridades estiman que una parte de este esquema causó pérdidas superiores a $2.1 millones.
Además, Champion admitió haber explotado el programa Elevate Business del Condado de Hennepin, diseñado para apoyar a empresas en crisis. Su compañía, contratada por el condado pese a su historial delictivo previo, cobró sobornos a negocios no elegibles para acceder a fondos y facturó duplicadamente servicios de diseño web, engañando tanto al gobierno local como a las empresas beneficiarias.
Fraude bajo el disfraz de una organización sin fines de lucro
La investigación también reveló que Champion desvió recursos a través de Encouraging Leaders, una organización sin fines de lucro que fundó con la misión declarada de empoderar a jóvenes marginados en Minneapolis. Bajo su dirección, la entidad solicitó 42 subvenciones —incluyendo fondos del Departamento de Justicia de EE.UU., la ciudad de Minneapolis, y entidades filantrópicas como United Way— en un intento por obtener $3.8 millones. Logró recibir aproximadamente $1.5 millones, según su declaración de culpabilidad.
Consecuencias y próximos pasos
Durante un allanamiento a su residencia, las autoridades incautaron $126,000 en efectivo. Un juez federal ordenó a Champion restituir $3.48 millones como parte del acuerdo, y ahora enfrenta una posible condena de entre 11 y 14 años de prisión, según las guías federales de sentencias. Su audiencia penal se realizará en una fecha por definir.
El caso destaca la vulnerabilidad de los programas de emergencia durante la pandemia y cómo actores fraudulentos aprovecharon la crisis para desviar recursos críticos. Las autoridades enfatizaron que la investigación continúa abierta para determinar posibles cómplices en los esquemas.