Roberto Carlos Muñoz / Foto: Cárcel del condado de Sherburne

Las autoridades federales han presentado cargos contra un ciudadano guatemalteco de 39 años identificado como Roberto Carlos Muñoz, quien supuestamente arrastró a un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aproximadamente 300 pies con su vehículo mientras intentaba evitar ser detenido, según informó la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos.

Los registros judiciales federales indican que Muñoz enfrenta un cargo por agredir a un oficial federal y causar lesiones corporales en Bloomington. Cabe destacar que el acusado cuenta con antecedentes penales previos por conducta sexual criminal en cuarto grado.

Desarrollo de los Hechos

Según los documentos judiciales, el martes pasado agentes de varias agencias federales intentaron arrestar a Muñoz durante una parada de tráfico debido a su presencia ilegal en territorio estadounidense. Al negarse el sospechoso a cumplir con las órdenes, un agente de ICE procedió a romper una de las ventanas traseras del vehículo e introdujo su brazo para desbloquear la puerta.

En ese momento crítico, mientras el brazo del agente permanecía dentro del automóvil, Muñoz aceleró y huyó del lugar, arrastrando consigo al oficial federal. Durante el incidente, el agente intentó utilizar una pistola eléctrica contra el sospechoso, pero el intento resultó infructuoso.

Los documentos del tribunal describen que Muñoz condujo de manera errática, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, aparentemente con la intención de desprender al agente de su vehículo. En total, el oficial fue arrastrado aproximadamente 300 pies antes de lograr liberarse.

Consecuencias del Incidente

Como resultado del violento episodio, el agente de ICE fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario donde recibió atención médica por heridas significativas en el brazo y la mano. Las lesiones fueron tan severas que requirieron más de 30 puntos de sutura para su tratamiento.

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Archivo: Police ICE.

La situación de los migrantes en Estados Unidos se agrava con el paso de los días, en medio de una oleada de operativos encabezados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En las últimas semanas, cientos de migrantes han sido detenidos en diversas ciudades del país, en acciones que han generado alarma y protestas entre las comunidades afectadas.

Las redadas, que inicialmente se concentraron en la ciudad de Los Ángeles, han tenido como principal objetivo los lugares de trabajo donde laboran personas de distintas nacionalidades. Estas operaciones han resultado en múltiples deportaciones y detenciones de individuos sin documentación migratoria.

El ICE actúa respaldado por las políticas restrictivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, lo que ha facilitado la realización de operativos incluso en las cortes federales, donde muchos migrantes acuden para intentar regularizar su situación. Un caso emblemático es el de Oscar Gato Sánchez, ciudadano cubano que fue arrestado tras acudir a una audiencia en Houston, Texas. Luego de que un juez desestimara su solicitud de asilo, Sánchez fue detenido a la salida del tribunal, mientras su tía, Olaidys Sánchez, residente legal en Texas, presenciaba la escena entre lágrimas.

Según testimonios de defensores de derechos humanos, los agentes del ICE suelen operar de manera encubierta, sin identificarse en los pasillos de los tribunales, lo que incrementa el temor entre quienes buscan protección legal. Las detenciones no solo afectan a personas indocumentadas, sino también a quienes cuentan con algún tipo de estatus legal o están en proceso de obtenerlo como refugiados.

Aunque la mayoría de los detenidos pertenece a la comunidad latina, las redadas impactan a migrantes de diversas nacionalidades, especialmente en sectores como el turismo, la agricultura y los servicios de alimentación. Estas acciones han desencadenado protestas en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país y hogar de una numerosa población migrante, así como manifestaciones en otras urbes estadounidenses.

La tensión en torno a las políticas migratorias continúa en aumento, mientras organizaciones de derechos humanos exigen el cese de las redadas y una revisión de las medidas que, denuncian, vulneran los derechos fundamentales de las personas migrantes.

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Demandan a ICE por utilizar tácticas engañosas que violan la Cuarta Enmienda de la Constitución. Foto: Archivo

Los hombres en la puerta vestían chalecos antibalas con la palabra “POLICE” estampada, equipo táctico, pistolas y rifles, se presentaban como policías, pero no eran policías.

Eran agentes de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se hacían pasar como oficiales de departamentos de policía locales para que les abrieran las puertas de las casas y realizar arrestos.

Por utilizar esa táctica engañosa, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) presentó este jueves una demanda en contra de esa agencia federal de inmigración al considerar que los agentes de ICE violan la Cuarta Enmienda de la Constitución al ingresar a las viviendas sin orden judicial o consentimiento válido.

La demanda interpuesta en una corte federal de Los Ángeles refiere el caso de Osny Sorto Vásquez Kidd, de 26 años de edad, residente de la localidad de Hacienda Heights y amparado bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El cuento del delincuente

Una mañana de octubre de 2018, señala el documento, tres agentes de ICE llegaron al apartamento donde vivía Vásquez Kidd con su mamá y dos hermanos menores de edad.

Al tocar la puerta, uno de los agentes dijo ser detective de la policía local y que estaban investigando a un criminal peligroso que había utilizado esa dirección como su residencia.

Preocupada, la madre de familia decidió abrir la puerta para que entraran los supuestos “policías”, quienes empezaron a revisar las habitaciones, pero Vásquez Kidd no estaba.

A petición de los agentes, la mamá llamó por teléfono a su hijo y se lo pasó al “detective”, quien le dijo lo del cuento de que buscaban a un peligroso delincuente y que necesitaban hablar en persona con él para mantener a salvo a su familia.

Vásquez Kidd no pudo reunirse ese día con los “policías”, pero dos días después, muy temprano por la mañana, volvieron a llegar al complejo habitacional, le llamaron por teléfono para que saliera de su casa.

En el estacionamiento, varios agentes que en su vestimenta llevan se identificaban como “policías”, lo interceptaron y tras verificar su identidad, le dijeron que no llorara, que su familia no estaba en riesgo pues se habían inventado la historia del delincuente peligroso para arrestarlo.

Otros nueve casos similares son citados en demanda que interpuso la ACLU en conjunto con UC Irvine School of Law Immigrant Rights Clinic, la firma legal Munger, Tolles & Olson LLP, y las organizaciones Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Táctica de engaño

La ACLU acusó a los agentes de ICE de ingresar a casas sin orden judicial para realizar arrestos utilizando tácticas engañosas y argumentos como:

• Somos policías que investigan un delito y solo queremos hacer algunas preguntas. ¿Podemos entrar?
• Somos policías, tenemos un problema con su automóvil. ¿Puede venir afuera?
• Somos oficiales de libertad condicional, estamos buscando a una persona que vive en esta casa. ¿Podemos hablar con él?

La demanda busca imponer una restricción a los agentes de ICE para que no se hagan pasar como policías, que actúan con honestidad, conforme a la Cuarta Enmienda de la Constitución y a sus propias regulaciones.

Fuente: laopinion.com

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