ARCHIVO: El flujo migratorio de venezolanos es una de las mayores crisis de los últimos tiempos y expertos insisten en la necesidad de mantener la atención internacional. [Foto de Archivo, Caracas, Venezuela, 14 de septiembre de 2019]

La Casa Blanca defendió la extensión y redesignación del TPS a venezolanos, en momentos en que el número de migrantes en camino a la frontera continúa en aumento, según datos de autoridades migratorias en la región.

WASHINGTON — Un día después del anuncio de la extensión y redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, la administración del presidente Joe Biden aseguró que esta decisión hace parte de un plan para atender la inmigración ilegal en la frontera de una manera “humana, segura y ordenada”.

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, aseguró en conferencia de prensa el jueves que “este es un sistema migratorio roto”, y que las recientes medidas son parte de las estrategias para “lidiar con esto”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) extendió el miércoles la fecha que determina la elegibilidad a la protección migratoria, añadiendo a todos los que hayan llegado en o antes del 31 de julio de 2023 como posibles beneficiarios.

La extensión podría beneficiar a unos 472.000 venezolanos en EEUU.

Jean-Pierre resaltó que, además de la redesignación del TPS, la administración incluyó en sus medidas el aumento en el apoyo militar en la frontera para evitar los cruces ilegales. Entre ellos, el envío de 800 militares para asistir a los agentes fronterizos.

“Nos encantaría hacerlo de manera bipartidista y realmente solucionar este problema que existe desde hace algún tiempo pero ahora el presidente lo está haciendo solo, tratando de involucrarse directamente”, agregó.

Las expresiones de Jean-Pierre ocurren en momentos en que el cruce fronterizo en Eagle Pass, Texas, ha experimentado la llegada de miles de migrantes en la última semana, obligando a tomar medidas restrictivas.

El miércoles, las autoridades fronterizas suspendieron los crucer vehiculares en el área para «aumentar la presencia de personal». La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) procesó aproximadamente 2.500 individuos durante la suspensión y los puso «bajo custodia».

«Mientras los encuenstros en esta área continuan, nos mantendermos vigilantes y maximizaremos las consecuencias contra quienes crucen sin base legal para permanecer en el país», informó el CBP en comunicación escrita.

El asunto migratorio también está al centro de las negociaciones en el Congreso para prevenir un cierre del Gobierno debido a una falta de consenso sobre el presupuesto. El más reciente plan de Kevin McArthy incluye una legislación sobre la frontera que incluye cambios al sistema de asilo, a la contratación de empleados, entre otros.

“Los miembros del Caucus de la Libertad han trabajado durante el fin de semana con el Main Street Caucus en un camino a seguir para financiar al gobierno y asegurar la frontera de Estados Unidos. Ahora tenemos un marco para nuestros colegas de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes”, dijo el representante republicano Scott Perry en declaraciones escritas el martes.

Jean-Pierre aseguró que las recientes acciones de la administración “son pasos para lidiar con el problema [de la inmigración] que se han tomado sin la ayuda de los republicanos en el Congreso”.

Otros senadores, como James Lankford de Oklahoma, llamaron la extensión del TPS una acción “absurda” que se “usará para incentivar y promover la inmigración ilegal”.

Ante el cuestionamiento sobre el aumento de migrantes llegando a la frontera sur de EEUU, Jean-Pierre aseguró que esto está siendo “fomentado” por “tendencias estacionales” durante las cuales identifican “esfuerzos de traficantes para alentar la inmigración”.

Al finalizar agosto, autoridades fronterizas de Panamá informaron que en lo que va de año, más de 320.000 personas han transitado la selva del Darién en su camino hacia el norte del continente. Lo que llamaron un “problema de seguridad nacional”.

“Lo que el Congreso ha intentado hacer es presentar una resolución que hace lo contrario de lo que intentamos hacer cuando intentamos luchar contra el fentanilo, justo cuando intentamos lidiar con los contrabandistas, cuando intentamos aplicar más medidas legales en la frontera. Están intentando revertir eso”, agregó Jean-Pierre.

En julio, la Patrulla Fronteriza reportó que se interceptaron 183.503 inmigrantes intentando cruzar hacia EEUU de manera ilegal, lo que representó un aumento al mes anterior. Los números de agosto aún no han sido revelados.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO / Foto: Reuters.

EEUU anuló el fin del programa TPS para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

SAN SALVADOR – Estados Unidos extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 340.000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua por 18 meses.

La extensión ofrece «seguridad y protección continuas» a los beneficiarios actuales nacionales de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua que están presentes en EEUU, anunció el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado.

De acuerdo con el anuncio, la ampliación del TPS para El Salvador será desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025. En el caso de Honduras, será ampliado desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025. Para Nepal será desde el 25 de diciembre de 2023 hasta el 24 de junio de 2025, y para Nicaragua se extenderá desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025.

La medida, que entró en vigor el 9 de junio, no aplica para nuevos solicitantes.

El Salvador es el país con el mayor número de inmigrantes amparados por el TPS, con 198.000, seguido por Honduras, con 60.000, según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El TPS se puso en marcha en 1990 con el propósito de otorgar alivio de deportación y permiso de trabajo a inmigrantes de países acosados por desastres ambientales u otras crisis “extraordinarias”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Alianza TPS pide entrar en proyecto final de Ley de presupuesto de EE.UU.

SAN SALVADOR — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el jueves la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Sudán y Nepal hasta junio de 2024.

La prórroga tendrá validez a partir del 31 de diciembre de 2022 e implica que los ciudadanos de esos países que han estado amparados con el TPS no podrán ser deportados mientras dure la prórroga. Además de obtener automáticamente un permiso de trabajo.

“Durante el período de designación del TPS, los beneficiarios son elegibles para permanecer en los Estados Unidos. No pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar siempre que continúen teniendo TPS. (…) También pueden solicitar y recibir una autorización de viaje a discreción”, se lee en el documento aún no oficializado por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Pew 193.940 salvadoreños en Estados Unidos están amparados por el estatus. Asimismo 58.625 hondureños; 3.120 nicaragüenses; 3.240 haitianos; 9.355 ciudadanos de Nepal y 2.555 de Sudán.

El TPS fue aprobado por el Congreso estadounidense en 1990 en la Ley de Inmigración.

Desde entonces países como El Salvador, Honduras y Nicaragua han recibido prórrogas del beneficio; hasta que en 2017, por decisión del expresidente estadounidense Donald Trump, el TPS terminó para algunos países.

No obstante, una demanda interpuesta por la salvadoreña Crista Ramos detuvo la cancelación del programa momentáneamente. El caso aún continúa en litigio.

Tepesianos temían deportación

Miembros de la Alianza Nacional del TPS, una campaña comunitaria organizada por algunos titulares del beneficio, explicaron a la Voz de América que las negociaciones de los últimos 16 meses “habían colapsado”, con lo que estaba en riesgo la revalidación de los permisos de trabajo y la estancia legal en el país norteamericano de los tepesianos. Hoy ven una esperanza.

“Pequeño, pero aun así una victoria. Esto no fue posible gracias a ningún cabildero, intermediario o político. Esto es un resultado directo de las familias migrantes de TPS que se organizaron y lucharon”, publicaron.

Una postura compartida por el salvadoreño Napoleón Campos, politólogo y experto en relaciones internacionales quien agregó que la prórroga es un «triunfo único y exclusivo de las comunidades organizadas en Estados Unidos».

Estados Unidos designa a un país con TPS si este presenta condiciones que impiden que sus connacionales regresen a él de forma segura o si ese país no puede sobrellevar su regreso.

El TPS impide la deportación de quien lo tiene en Estados Unidos pero no equivale a una residencia permanente.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO – Beneficiados del TPS aglutinados en la Alianza Nacional realizan con frecuencia actos para mantener vivas sus demandas en Washington DC.

Organizaciones y abogados de beneficiarios del TPS anunciaron esta semana la ruptura de las negociaciones que durante 16 meses llevaron con funcionarios de la Administración Biden para buscar una salida a las querellas en curso. El DHS ha rechazado la posibilidad de deportaciones por el momento.

WASHINGTON — Más de 300.000 inmigrantes -en su mayoría centroamericanos- corren el riesgo de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos después de anunciar que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana.

El equipo legal dijo a la VOA que la razón por la que se rompió la negociación es que los abogados de los TPS en la demanda estaban buscando una “protección modesta” para sus clientes y el gobierno de EEUU no estuvo de acuerdo en brindar ni siquiera una protección modesta a los titulares de TPS. Por eso – agregó- después de casi un año y medio, «la negociación se interrumpió».

La Alianza Nacional del TPS, organización que aglutina a inmigrantes amparados a este beneficio, dijo que las negociaciones llevadas a cabo durante 16 meses “habían colapsado” el martes, con lo que se pone en riesgo la revalidación de los permisos de trabajo y de estancia legal en el país, que vencen a finales de este año, y por ende se corre el riesgo “de ser deportados”.

José Palma, quien forma parte del equipo de trabajo de la Alianza Nacional con los abogados de la Casa Blanca, dijo a la Voz de América que la negociación buscaba encontrar una salida a la demanda Ramos Vs Mayorkas, en referencia al actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, interpuesta en una corte federal de California cuando el TPS fue cancelado por la administración del expresidente Donald Trump en 2018.

“La decisión más que legal es una decisión política. Pareciera que la administración Biden y el Partido Demócrata están pensando más en el impacto que un apoyo pueda tener en las elecciones que en el bienestar de las familias Tepesianas”, lamentó Palma.

Ha trascendido que llegados a ese punto muerto de negociaciones la querella vuelve a los tribunales donde ya ha sorteado varias fases durante cuatro años , las que van desde la decisión inicial y los procesos posteriores de Corte de Apelaciones.

Erasmo Ramos otro líder de la Alianza Nacional expresó a la VOA los riesgos a los que se enfrentarían las familias de perder el estatus. “Al no redesignar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer por las familias migrantes”, sostuvo.

Considera que por el contrario “está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, acotó.

La inmigrante salvadoreña Doris Landaverde, beneficiaria del TPS, mostró su decepción ante la situación al considerar que con el triunfo de Joe Biden en 2020 se proyectó muchas esperanzas y que ahora las ve rotas.

“Pensamos que ya habíamos salido de este martirio. Que las familias tepesianas estuvieron viviendo el miedo de ser separadas de sus hijos. Yo soy madre de tres niñas: 16, 11 y 9. Y es bien difícil”, expresó

Tras anunciarse la ruptura de los diálogos, la VOA solicitó una reacción de la Casa Blanca al respecto, pero no hubo respuesta.

Por su parte, ante solicitud de comentario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) agencia que gestiona la cuestión migratoria, señaló que no comentaba sobre litigios en curso, pero aseguró que “los titulares actuales de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras estarán protegidos durante los próximos meses”.

Datos compilados hasta 2018 indican que unos 180.000 salvadoreños seguían hasta entonces amparados al beneficio migratorio, unos 60.000 hondureños, más de 50.000 haitianos, y 4.000 nicaragüenses, más grupos menores de inmigrantes de otros países.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Migrantes de Venezuela esperan afuera de la oficina del Instituto Nacional de Migración para obtener un código QR y así registrar su situación migratoria y viajar por todo el país, en Tapachula, México, el 3 de febrero de 2022./Foto: Reuters.

El plazo de reinscripción comienza el 8 de septiembre y culmina el 7 de noviembre de 2022.

Los ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos podrán aplicar a la reinscripción del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), según anunciaron el lunes las autoridades migratorias.

Las solicitudes tendrán que hacerse en un periodo de 60 días, desde el 8 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2022.

“Solo los beneficiarios de la designación inicial de Venezuela para TPS que ya residían en Estados Unidos en marzo de 2021 son elegibles para reinscribirse en TPS”, indica el servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, en un comunicado publicado el miércoles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la notificación en el registro federal y en julio pasado había extendido la protección para los que ya poseen TPS, por 18 meses más.

El embajador de Venezuela ante EEUU, Carlos Veccio, explicó en un mensaje en video que aquellos que estén preocupados porque no les ha llegado todavía la aprobación de su solicitud, no deben de reinscribirse.

Los beneficiarios también podrán solicitar la renovación de su autorización de empleo (EAD) “si continúan en cumplimiento con los requisitos de elegibilidad”.

Sin embargo, el DHS reconoce que “no todas las personas que se reinscriben podrán recibir nuevos EAD” antes de que los mismos caduquen y argumentó que se trata de su propia capacidad para el procesamiento de las solicitudes de reinscripción que caduquen el 9 de septiembre próximo.

La Casa Blanca estima 323.000 venezolanos son elegibles para TPS bajo la designación inicial otorgada a Venezuela. En la actualidad, informa la Administración, hay cerca de 111.700 beneficiarios bajo esta designación.

La entidad inmigratoria informa que aquellos que a día de hoy no residen en EEUU o que llegaron al territorio después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para TPS.

Fuente: Vozdeamerica.com

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El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos por un período de tiempo limitado.

Miles de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) se beneficiarían de una nueva medida migratoria que podría allanarles el camino para obtener la residencia permanente.

WASHINGTON — Gracias a un reciente cambio normativo, se espera que miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) accedan a una antigua vía para ajustar su condición inmigratoria y así poder obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

A principios de este mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió un memorando que restauraba un proceso que había estado disponible por años y fue suspendido durante la Administración Trump.

Ese proceso permitiría a los inmigrantes que entraron a EEUU sin permiso legal, pero que ahora tienen el TPS, viajar fuera del país y a su regreso ser inspeccionados, procesados y admitidos en cualquier puerto de entrada.

Si están casados con un ciudadano estadounidense o tienen un hijo mayor de 21 años que sea ciudadano de EEUU, potencialmente podrían solicitar la tarjeta verde por medio de sus familiares.

La inspección es un requisito de las leyes de inmigración para ajustar el estatus de los no ciudadanos. Los que entraron en el país ilegalmente pero tienen un TPS no son considerados inspeccionados y por lo tanto no serán admitidos.

¿Qué es el TPS?

El Congreso estableció el TPS en 1990 cuando dijo que los migrantes de países que se consideran inseguros podrían vivir y trabajar en EEUU por un período de tiempo si cumplían los requisitos establecidos por el gobierno.

Actualmente, 15 países se encuentran en esa designación: Afganistán, Camerún, El Salvador, Haití, Honduras, Myanmar. Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Sin embargo, el TPS no conduce a una residencia permanente en EEUU.

¿Quiénes estarán comprendidos?

Aaron Reichlin-Melnick, director de política del American Immigration Council, explicó a la Voz de América que esta medida comprendería a las personas casadas con ciudadanos de EEUU o que sean padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.

“Esa es la vía más común en que las personas que son indocumentadas pueden ajustar su estatus y obtener una tarjeta verde”, explicó.

¿Esta política de viajes es nueva?

No. Se usó por décadas hasta que fue suspendida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en una decisión de un caso de inmigración llamado Cuestión de Z-R-Z-C.

En su memorando, la dirección de USCIS dijo que ya no considera como su política el fallo de la BIA, que creó una interpretación restrictiva para la inspección y admisión de los beneficiarios del TPS, también conocidos como tepesianos.

«Decía que a pesar del hecho de que uno solicitara la autorización de viaje, a pesar de que la otorgaran, a pesar que al regresar a EEUU uno presentara el documento, que decía ‘permiso’ a un agente de inmigración, no era técnicamente inspeccionado y admitido formalmente en Estados Unidos”, explica a la VOA Michael Turanscik, un abogado de inmigración de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Agrega que “la BIA creó una ficción legal cuando se regresaba a EEUU en el estatus que se tenía antes de obtener el TPS”.

Turansick asegura que el USCIS ha vuelto a usar “el sentido común”, la definición “simple” de inspección y admisión bajo la ley actual de inmigración al actualizar la política. “Cuando un individuo se presenta en un puerto de entrada ante un agente de inmigración para su procesamiento y se le permite la entrada en EEUU, eso es inspección y admisión para los beneficiarios de TPS que han recibido la autorización de viajar”.

¿Es una medida que beneficiaría a todos los que tienen TPS?

No. Esta política no otorga un estatus automático de residencia permanente a todos los beneficiarios de TPS que viven en EEUU. Según Turansick, es una opción para los individuos que entraron sin someterse a la inspección para regularizar su estatus.

Reichlin-Melnick señaló que esta política es “específicamente para quienes viven en un limbo legal en Estados Unidos y no han podido obtener ningún tipo de estatus permanente”.

¿Quién se beneficia?

Los abogados de inmigración sostienen que es difícil saber cuántas personas podrán ajustar su estatus bajo esta política, pero calculan que se trata de miles.

Bajo la Administración Trump, los beneficiarios del TPS podían solicitar una autorización de viaje, pero al regresar a EEUU mantenían el mismo estatus con el que salieron. En su reciente memorando, el USCIS informó que el cambio de política es retroactivo y los que viajaron durante los años de la presidencia de Donald Trump y fueron admitidos recibirán el estatus de inspeccionados.

¿Los recipientes del TPS tienen que solicitar autorización para viajar?

Sí. Deben demostrar al USCIS que necesitan viajar por alguna razón humanitaria urgente, como un familiar enfermo. Si el permiso para el beneficiario del TPS es solicitado por una organización sin fines de lucro, deberá probar que el viaje promoverá intereses sociales y culturales de EEUU.

El precio de la solicitud es actualmente de 575 dólares.

Si un tepesiano sale de Estados Unidos si haber obtenido de antemano una autorización de viaje, podría perder su estatus de TPS y no podrá entrar de nuevo en el país.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Datos de la embajada venezolana opositora en Estados Unidos, hasta la fecha apenas el 15 % de los aplicantes han obtenido el ansiado permiso de trabajo.

WASHINGTON — Una espera angustiosa. El retraso histórico de 9.5 millones de casos pendientes de adjudicación por parte del servicio de Ciudadanía e Inmigración mantiene en ascuas a la población migrante de Estados Unidos.

Demoras que afectan, entre otros solicitantes, a los venezolanos que aplicaron al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Y es que, según datos de la embajada venezolana opositora en Estados Unidos, hasta la fecha apenas el 15 % de los aplicantes han obtenido el ansiado permiso de trabajo.

“La espera ha sido terrible, no solo por la parte económica sino por la parte personal y profesional”, explicó un aplicante de TPS venezolano a la Voz de América, que prefiere mantener su anonimato.

Según aseguró, es un extrabajador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aplicó al TPS después que se le venció su visa de trabajo. Lo que en un principio, reconoce, parecía ser una solución a su situación, se convirtió en una promesa fallida.

“Ya estamos en abril… casi un año desde que apliqué y todavía no he recibido respuesta (…) He decidido abandonar el caso e irme a Europa porque no sé cuánto más va a tardar esto y la verdad es que ha sido terrible todo este tiempo esperando sin poder trabajar”, asegura este exempleado del BID en Washington DC.

De acuerdo con datos de la misión diplomática de Juan Guaidó en Estados Unidos, a falta de pocos meses para que el próximo 9 de septiembre venza el plazo dado por la administración Biden para aplicar al TPS, 186.000 venezolanos, de los 237.00 que aplicaron, siguen afectados por las demoras.

Según Brian Finchltub, Cónsul de Juan Guaidó en EEUU, su equipo está “muy al tanto de la situación con el retraso en los permisos de trabajo, no solamente para llegar por primera vez, sino también para su renovación. Estamos al tanto porque, lamentablemente, todos los días nos llegan casos más de historias de personas que están afectadas por esto”.

¿Y qué argumenta el gobierno estadounidense?

Según USCIS, hasta dos millones de personas aplicaron el pasado año para la obtención o renovación de un permiso de trabajo, un documento que lleva varios años sufriendo retrasos en su tramitación, en parte causados por la pandemia del COVID-19.

Adriana Kostencki, abogada de migración, aseguró en entrevista con la Voz de América que los tiempos de obtención de un permiso de trabajo se han cuatriplicado en el último año.

“Están actualmente tomando, incluso, más de 12 meses en que los aprueben. Entonces, bueno, la gente está haciendo estas solicitudes, pero no hay garantía de que cuando pides el permiso de trabajo, lo vayas a recibir en dos meses porque no está ocurriendo”, dice.

Ante este panorama, a principios de marzo, el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, pidió formalmente a la administración Biden la extensión del Estatus de Protección Temporal por 18 meses más e incluir a los venezolanos que llegaron a territorio estadounidense hasta el 31 de diciembre de 2021.

“También, de la misma manera que aquellos permisos de trabajo que están asociados al TPS sean extendidos de manera automática para de esta manera no afectar al ciudadano que ha estado esperando todo este tiempo a que le llegue su permiso de trabajo y evitar que tenga que volver a cancelar el arancel”, confirmó Brian Finchltub a la VOA.

Mientras tanto, a finales de marzo, legisladores estadounidenses se sumaban, de forma bipartidista, a la iniciativa de Carlos Vecchio a la espera de que sea el Departamento de Seguridad Nacional el que anuncie sus planes sobre el TPS para los venezolanos.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Vehículos militares y de las fuerzas del orden crean un cordón alrededor de los migrantes que se refugian en un campamento fronterizo improvisado cercano a lo largo del Puente Internacional en Del Rio, Texas, EE.UU. el 22 de septiembre de 2021./Foto: Reuters.

La ley ha sido anunciada como un método novedoso para discriminar a cabalidad quiénes representan una amenaza para EE. UU. y quiénes no.

Tal y como había sido adelantado en septiembre, la nueva política migratoria de revisar caso por caso los procesos de deportación en Estados Unidos entró en vigor el lunes.

“Al tomar nuestras decisiones de aplicación, enfocaremos nuestros esfuerzos en las mayores amenazas al tiempo que reconocemos que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que han estado aquí durante muchos años y que han contribuido positivamente al bienestar de nuestro país, no son prioridades para la remoción», dijo en un memorando Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La medida está basada en la guía para que los agentes de inmigración tomen en cuenta, caso por caso, a quién deportar y a quién no, centrándose principalmente en los individuos que constituyan una «amenaza» para la seguridad del país.

Con el anuncio, el DHS pone en vigor las nuevas directivas para hacer cumplir la Ley de Inmigración Civil, que fueron firmadas por Mayorkas el 30 de septiembre.

Las nuevas indicaciones otorgan facultades a los funcionarios de inmigración para un ejercicio discrecional a la hora de decidir quiénes son “una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza” y quiénes no.

Una referencia precisa es la de los dreamers, o “soñadores”, unos 640.000 inmigrantes que llegaron al país siendo niños, que batallan desde hace años por hacerse con la ciudadanía estadounidense sin que este paso llegue a ser aprobado por el Congreso.

La Administración del presidente Joe Biden ha sido criticada por la parte republicana por flexibilizar muchas de las normativas impuestas por su predecesor, Donald Trump, en materia inmigratoria, sobre todo tras la llegada de miles de inmigrantes que sin una documentación legal han entrado al país por la frontera sur, provenientes principalmente de países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

El nuevo proceso de revisión de los casos estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que deberá emitir un memorando en próximos días en el que pormenorice los nuevos criterios.

Extienden solicitudes de TPS online para varios países

El mismo lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la ampliación de la disponibilidad en línea de la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití.

La novedad consiste en que quienes soliciten un Documento de Autorización de Empleo (EAD), si lo hacen presentando al mismo tiempo los formularios I-765 y el I-821, pudieran recibir con más prontitud su EAD. Anteriormente, la opción de presentar el Formulario I-821 en línea estaba únicamente a disposición de los solicitantes iniciales de TPS y para algunos países de la lista publicada hoy.

* Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, desde Miami.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Representantes de la Alianza Nacional TPS en las afueras del Congreso en Washington DC para pedir su inclusión en Ley de presupuesto que se apresta a discutir el pleno luego de dar por cerrado acuerdo para echarla adelante. [Foto VOA/Tomás Guevara]

Esperan que congresistas hispanos les apoyen para no ser excluidos del proyecto de Ley de presupuesto que irá al pleno. El presidente Joe Biden da por cerrado acuerdo presupuestario con la bancada demócrata.

WASHINGTON DC — Dirigentes de la organización Alianza Nacional TPS, que lucha en favor de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, volvieron a reclamar en Washington este jueves que se les incluya en el proyecto final de Ley de presupuesto de Estados Unidos.

Una decena de activistas de la organización llegó al frente de uno de los edificios de la Cámara Baja para llamar a los congresistas demócratas a que apoyen su causa -con un pronunciamiento- “a no votar por el paquete presupuestario” que se negocia en estos momentos en el Capitolio si no incluye una solución para inmigrantes como ellos.

La semana pasada 43 congresistas de mayoría demócrata firmaron una carta enviada al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para exhortarle a revalorar la inclusión de inmigrantes del TPS y del Programa de Acción Diferida (DACA) en la ley final de presupuesto.

El activista Crimson Solano, quien viajó desde la periferia de Washington DC para la parada frente al edificio administrativo del Congreso comentó a la Voz de América que estaba decepcionado porque esa ventana de esperanza también se cerraba frente a ellos.

“Los demócratas congresistas o senadores que tengan una espina y quieran demostrar que no son lo que mucha gente piensa que son, al seguir utilizándonos, todavía tienen un tiempo para decir no, no voy a votar sino se incluye migración en ese paquete y decir: no vamos a escuchar a la parlamentaria”, apuntó Solano.

Este inmigrante seguía de cerca la disertación que al mismo tiempo emitía el presidente Joe Biden luego de reunirse con congresistas de su partido para dar por cerrado el acuerdo presupuestario, algo que, no obstante, aún no se ha materializado.

«Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome a mí, pero eso es el compromiso del consenso», afirmó el presidente desde la Casa Blanca.

La respuesta demócrata

Más tarde el jueves, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, el latino de más alto rango en el congreso, junto con otros correligionarios suyos emitieron una declaración conjunta sobre la inclusión de recursos que proporcionan un camino hacia la ciudadanía en el texto legislativo del paquete de reconciliación.

“Aplaudimos a nuestros colegas de la Cámara de Representantes por no tratar la reforma migratoria como una idea secundaria y, en vez, actuar con valentía al incluir un alivio concreto para los inmigrantes indocumentados en su paquete de reconciliación”, indica el texto.

La declaración asegura que “la reforma migratoria sigue siendo una causa justa”, por tanto, creen que es una “oportunidad histórica” que no deben dejar pasar.

“Seguiremos luchando por todas las opciones en nuestro alcance que nos permitan lograr una reforma migratoria para la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados como sea posible este año”, concluye.

Firman además la declaración los senadores demócratas Catherine Cortez Masto (Nevada), Ben Ray Lujan (Nuevo México) y Alex Padilla (California)

Fuente: Vozdeamerica.com

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Cientos de trabajadores beneficiario del TPS en concentración frente al Capitolio en Washington DC el lunes 20 de septiembre en petición por una residencia permanente ante su estatus temporal de más de dos décadas. [Foto VOA/Tomás Guevara]

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal presionan en Washington para que el Senado discuta legislación que facilite paso a la residencia permanente.

WASHINGTON DC —Cientos de beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) agrupados en la Alianza Nacional volvieron a Washington DC este lunes para hacer presión por un paquete de ajuste que les facilite un camino al a residencia permanente cuando en cortes federales siguen litigios luego de que se les cancelara la protección en 2018.

El coordinador nacional de la organización José Palma, quien llegó a Washington DC desde Boston, Massachussets, consideró en declaraciones a la Voz de América que la apuesta de impulsar una legislación que les ampare y evite que más de 319.000 trabajadores entren en listas de deportación es «una decisión política».

”Sabemos que la decisión de darnos residencia permanente es una decisión política, y todavía el Partido Demócrata puede empujar una residencia permanente para nuestra comunidad inmigrante”, comentó Palma.

En la antesala de la actividad de este lunes, la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó los planes del ala demócrata de incluir en el proyecto de Ley de Presupuesto un plan para que beneficiarios de TPS y del Programa de Acción Diferida (DACA) y otros inmigrantes con posibilidades de tener acceso a la residencia permanente entraran dentro del proyecto general.

La noticia cayó como balde de agua fría a la organización de beneficiarios del TPS que llegaron a Washington DC para persistir en el que consideraban el tramo final de su lucha por obtener un estatus permanente.

MacDonough es una intérprete imparcial de las reglas de procedimiento del Senado, cuyo cargo no es de elección popular y llegó a la silla de la Cámara Alta en 2012 bajo la presidencia del pleno del senador demócrata Harry Reid.

Con el escenario trastocado, los cientos de manifestante, entre ellos jóvenes hijos de beneficiarios del TPS recorrieron las calles céntricas de Washington DC para llegar a la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca y luego al pie del Capitolio de cara a la Explanada Nacional.

La joven Crista Ramos, demandante en la querella Ramos vs. Nielsen habla con la Voz de América sobre el caso por el que se mantiene vigente el TPS bajo las medidas cautelares de las cortes federales, que obligan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a emitir prórrogas automáticas mientras no exista un veredicto judicial definitivo.

Dice que las malas noticias han estado ahí desde el año 2017 cuando la administración del entonces presidente, Donald Trump, decidió cancelar el TPS a los primeros países que les iba venciendo la última reinscripción de la era Obama, pero Ramos asegura que cada paso les hace más fuerte en su lucha.

Esta joven californiana cree que cada fase les genera más fortaleza, pero también dice que a los jóvenes cuyos padres están amparados por el TPS, les impulsa a un mayor compromiso de seguir luchando al gozar ellos de plenos derechos como ciudadanos estadounidenses.

“Yo les digo a los niños de tepesianos que no se han unido a nuestra lucha que se unan porque nosotros tenemos una voz diferente, muchos de nosotros somos menores de edad y es una violación a nuestros derechos que nos quieran hacer decidir entre nuestro país y nuestras familias”, dijo Crista a la VOA.

Los beneficios del TPS llegados desde Nebraska, Carolina del Norte, Georgia, California y ciudades de la costa este y el Área Metropolitana de Washington coinciden en que no descansarán; hoy por hoy acuñan el lema “nuestras vidas no son temporales”.

Cecilia Martínez, salvadoreña y organizadora de la Alianza Nacional TPS en Long Island, Nueva York, comentó a la Voz de América que los altibajos en los procesos judiciales que han recibido durante cuatro años de organización les han hecho más fuertes. Sin embargo, reconoce echar de menos que no se sumen más beneficiarios del TPS para impulsar la lucha.

Según un estudio presentado el 16 de septiembre por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) los datos actualizados del TPS indican que el padrón actual reúne 319.500 inscritos, la mayoría salvadoreños 198.400, seguido de hondureños con otros 60.400. Nicaragua aún tiene unos 3.200 con lo que los centroamericanos representan el 82% de todos los beneficiarios del TPS entre los 11 países designados.

Ante el revés del domingo al plan demócrata de incluir en el plan de 3,5 billones de dólares del presupuesto una vía para los TPS, los liderazgos en ambas cámaras del legislativo federal mostraron decepción ante la decisión tomada por la parlamentaria que frenó el proceso porque violaba las reglas de procedimiento.

Los jefes en la Casa de Representantes y el Senado han dicho que intentarán encontrar otras formas para encaminar hacia el estatus legal a los “soñadores” y a los beneficiarios del TPS considerados “trabajadores esenciales del país”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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