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La “resistencia al cambio democrático” lastra la estrategia de la Administración Biden en Centroamérica
Foto Archivo: Reuters.
Pese a las sanciones hechas por el gobierno estadounidense contra funcionarios señalados de corruptos en el Triángulo Norte de Centroamérica, no hay cambios en la región. Por el contrario, Centroamérica se vuelve cada vez más renuente a mejorar diplomacia con Estados Unidos, según expertos.
SAN SALVADOR / WASHINGTON — Las sanciones internacionales ejecutadas por Estados Unidos contra funcionarios señalados de corrupción no han sido suficiente para ver cambios en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que se muestran recientes a «cambios democráticos», coinciden en señalar expertos consultados por la Voz de América.
Para el analista de Diálogo Interamericano y experto en Centroamérica Manuel Orozco, no solo el tema de inmigración sino también el deterioro del estado de derecho en la región han puesto en aprietos las previsiones de la Casa Blanca a dos años de gestión.
«Los países del Triángulo Norte han entorpecido la estrategia de la Administración [Biden] mostrando menos interés en cooperar con Estados Unidos y evitando comprometerse en temas vitales, no solo sobre migración, sino sobre estado de derecho y lucha contra la corrupción, entre otros», explicó Orozco a la VOA.
Para el experto, el problema radica en que «existe una lucha de poder entre la agenda de Estados Unidos y la resistencia al cambio democrático de parte de los países de la región».
Una mirada que comparte la exdirectora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center (WWC) en Washington, Cynthia Arnson, quien sostiene que los retrocesos en la gobernanza democrática en el Triángulo Norte han sido enormes, pues aunque decenas de funcionarios han sido sancionados por la corrupción o por las violaciones a las prácticas democráticas, «el comportamiento de los gobiernos no ha cambiado; al contrario, sigue empeorando».
En el fondo, a su criterio, lo que se ve en la región son «tendencias autoritarias que importan más que la ayuda económica de los Estados Unidos; anteriormente esta era un instrumento muy importante para modificar el comportamiento de los gobiernos».
El analista Eric Olson, de la Seattle International Foundation, agrega a VOA que, a la complicada relación con Nicaragua hay que agregar la relación con El Salvador y la falta de avances con Guatemala.
“La relación con El Salvador no ha mejorado, más bien se ha estancando, se ha complicado y se ha hecho cada vez más difícil, pues cada vez el presidente Nayib Bukele toma un rumbo autoritario y en contra de la transparencia y las garantías básicas… al igual que Guatemala”, dice Olson.
En suma, este experto apunta en que a dos años de la administración del presidente Biden y los planes con Centroamérica “el balance es no tan positivo ni optimista”.
La política económica contra la migración ilegal
Para el experto en relaciones internacionales Napoleón Campos, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia es la política mejor desarrollada junto con la inversión para frenar las causas de la migración irregular.
Con la promesa de gestionar capitales privados, la administración Biden ya consiguió más de 1.900 millones de dólares para el norte de la región por medio de iniciativas privadas como HUGE, acrónimo en inglés de Honduras, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador.
Pero según Campos, una vez más el Triángulo Norte de Centroamérica no ha puesto de su parte para abrir condiciones económicas que logren detener el flujo migratorio de gran escala.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador se coloca a la cola de países del Triángulo Norte con menor entrada de inversión extranjera directa. En 2021, Guatemala captó 3.472 millones de dólares de dicha inversión; Honduras 876 millones de dólares y El Salvador 313 millones.
“Centroamérica no aporta a la generación de condiciones de transparencia, de ausencia de corrupción y de seguridad jurídica. En ese caso, los inversionistas privados prefieren no llegar a un país, por ejemplo, como El Salvador, donde se está claramente violando el ejercicio mismo de la Constitución Política, de las leyes de la regulaciones y de los tratados y convenios”, dijo Campos a la Voz de América, en referencia al estado de excepción declarado en marzo de 2022 con el objetivo de combatir a las bandas criminales.
Pese a que las sanciones son «drásticas» a criterio del analista guatemalteco Fernando Castro, la democracia en estos países sigue estando cooptada.
Centroamérica fue la única subregión del Hemisferio Occidental para la que el presidente Joe Biden formuló una propuesta durante la campaña electoral que incluía millones de dólares de fondos aprobados, además de movilizar al sector privado para participar e invertir en la región.
La migración, sin control
Aunque el discurso migratorio de Biden ha estado desmarcado de su predecesor Donald Trump, la inmigración sigue siendo un tema espinoso.
En el año fiscal 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 197.039 migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y aunque el número es menor en comparación con 2021, sí hubo más migración de menores de edad no acompañados.
«La estrategia de prevención de migración con la que inició el presidente Biden no tenía el peso proporcional con la ola migratoria que se desató durante estos dos años, más de millón y medio de personas detenidas en la frontera, sin incluir el número real de personas que salió, que oscila en el 60 % de quienes tienen una intención a emigrar”, agregó Manuel Orozco.
Este experto considera también que al inicio de la gestión Biden no se preveía una radicalización en Nicaragua, algo que a su criterio anuló la posibilidad que veía la Casa Blanca de tener a ese país en un segundo plano y concentrarse en Guatemala, Honduras y El Salvador.
De la misma opinión es Arson, quien agrega que la estrategia para el norte centroamericano enfocada a las causas de la migración ha sufrido tropiezos porque “en muchos sentidos, la Administración Biden carece de socios en los gobiernos nacionales” de esos países.
El panorama no pinta alentador para estos expertos, quienes concluyen que al adentrase a un tercer año de mandato, el presidente Biden no debería esperar grandes mejoras en el istmo.
Fuente: Vozdeamerica.com
