Un cartel denuncia «más de 80 víctimas durante el régimen de Bukele», en una protesta para exigir la liberación de familiares detenidos durante el estado de emergencia del gobierno para frenar la violencia de las pandillas, en San Salvador, El Salvador, 16 de noviembre de 2022.

El parlamento salvadoreño aprobó realizar juicios masivos a detenidos en el estado de emergencia, que entró en vigor en 2022, buscando combatir el crimen organizado.

SAN SALVADOR — El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles disposiciones transitorias especiales para que los detenidos durante el estado de emergencia que rige desde principios de 2022 para combatir a las «maras» o pandillas criminales sean procesados en grandes grupos, un paso cuestionado por políticos opositores y expertos.

La Asamblea, dominada por diputados del partido del presidente Nayib Bukele, aprobó las medidas con 67 votos a favor y 6 en contra, bajo el argumento de que otorgarán mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales, mientras sus detractores las consideran una vulneración del debido proceso.

El gobierno de Bukele ha sido colocado en el ojo del huracán por organizaciones de derechos humanos a raíz de las detenciones masivas de presuntos integrantes de esas organizaciones criminales, su exposición pública en situaciones denigrantes y su ingreso en prisiones especialmente creadas para ellos.

Las nuevas disposiciones permitirán a la Fiscalía utilizar los mismos elementos de prueba para las personas que tengan algún tipo de relación, ya sea por sus vínculos personales, porque coincida el área en que cometieron los delitos o por la identidad de las víctimas, en un plazo de 24 meses.

El martes, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, estimó que con las nuevas disposiciones podrían ser enjuiciados hasta 900 imputados en un solo proceso. La Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios son las principales pandillas del país.

«Claramente vulnera principios que son fundamentales de presunción de inocencia (…) porque hoy tenemos capturas donde simplemente la policía y las fuerzas armadas han catalogado como sospechosa a cualquier persona y la han detenido», dijo a Reuters el diputado César Reyes, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que el país estaba «regresando a la época inquisitiva». «Es grave porque les van a imputar a la gente delitos que no han cometido, por el hecho de simplemente relacionarla con una estructura criminal», añadió.

En los 16 meses de estado de emergencia, que tiene un amplio respaldo popular ante el declive del índice de homicidios, han sido detenidos más de 71,900 presuntos pandilleros y liberados 6,000, según datos oficiales, mientras grupos civiles han denunciado 174 muertes y 6,400 abusos en el marco de la medida.