Cubanos gritan consignas durante protestas a favor y en contra de las gobierno, en medio del brote de la pandemia de COVID-19, en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021./Foto: Reuters.

Cubanos han convocado una marcha a mediados de noviembre que ha sido desautorizada por el gobierno comunista de la isla.

MIAMI, EE . UU. — Un grupo de jóvenes cubanos insisten en realizar una marcha pacífica en Cuba, convocada para el 15 de noviembre, pese a que el gobierno ha negado el permiso. Como antecedente más inmediato están las condenas contra activistas que participaron en las protestas masivas del 11 de julio.

En franco desafío a las autoridades, activistas de derechos humanos, intelectuales y otros miembros de la sociedad civil han convocado desde la plataforma Archipiélago a la «Marcha Cívica por el Cambio».

“Todos hemos pensado en las consecuencias y todos tenemos conciencia de que podemos ir presos”, dijo a la Voz de América Daniela Rojo Varona, quien desde La Habana funge como moderadora de Archipiélago.

Rojo Varona afirmó que los que buscan un cambio en Cuba no tienen alternativas. «Ante el poder autoritario, no podemos simplemente callarnos. Somos ciudadanos cubanos que tenemos un derecho y nos ha sido negado, y no vamos a dejar de insistir en conquistar ese derecho”.

El proyecto «Archipiélago surgió pocas semanas después del 11 de julio, cuando estallaron protestas en más de 60 pueblos y ciudades a lo largo de toda la isla. La cara más visible de l plataforma es el dramaturgo y actor teatral Yunior García Aguilera.

Gobierno cubano declaró inconstitucional la marcha

A pesar de que los activistas hicieron peticiones formales para efectuar una marcha cívica, las autoridades en varios territorios del país declararon inconstitucionales tales intentos y han citado a la Fiscalía a varios promotores. También han mostrado a las Brigadas de Respuesta Rápida (grupos de civiles al servicio del gobierno), que a menudo son llamados a detener cualquier protesta.

“La marcha que hemos convocado es totalmente cívica, totalmente pacífica. Si ellos insisten en reprimir, no estarían más que mostrando una vez más que son una dictadura y como tal debe ser tratada por la comunidad internacional”, aseguró Rojo Varona.

Rojo Varona, de 25 años y madre de dos niños pequeños, fue arrestada el 11 de julio y liberada 23 días después bajo cargos de «desorden público de carácter agravado». La fiscalía le pide de uno a tres años de cárcel.

Explicó que cuando fue detenida se sintió sorprendida «porque, en primer lugar, yo estaba [protestando] de manera totalmente pacífica».

«Hasta ese momento (…) tenía mis inconformidades y criticaba el sistema, pero el concepto de dictadura todavía no estaba bien implícito, y en ese momento fue que lo sentí, porque lo viví y lo entendí, porque lo encarné. O sea, así actúa la dictadura”, concluyó.

A Saily González Velázquez, activista por los derechos humanos y una de las coordinadoras de Archipiélago, la reacción de las autoridades no le ha tomado por sorpresa.

“La respuesta del gobierno ha sido ilegal, no ha respondido en modo alguno a nuestra notificación de manifestación entregada en los gobiernos provinciales y municipales, ellos no respondieron a eso”, explicó desde Santa Clara, en el centro de la isla.

Más allá de las “consideraciones personales” sobre los posibles manifestantes, González dijo que las autoridades “no respondieron a las exigencias, que eran básicamente garantías para que esa marcha se diera de la mejor manera posible”.

Gobierno dice que protesta busca cambio de sistema

La Habana negó el permiso y derecho a las protestas, argumentando sin dar detalles que los moderadores tienen supuestos «vínculos con algunas organizaciones subversivas» y una «intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», según una carta expedida a los opositores.

También el gobierno cubano los ha vinculado con las autoridades de Estados Unidos. Los organizadores han rechazado esta acusación.

Desde el departamento de Estado, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, apoyó a nombre de Washington el derecho a la protesta.

‘Poder en número’

Omar López Montenegro, analista político y Director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), dijo a la VOA que “empezando por el 11 de julio, yo diría que es la demostración de poder en número más grande que Cuba en términos de lucha estratégica noviolenta”.

La noviolencia como disciplina que ha permitido realizar protestas que han dado con el fin de grandes hegemonías se conoce como “poder en número”. Algunos ejemplos han sido la lucha de Mahatma Ghandi en la India contra el poder británico, Lech Walesa al frente del sindicato Solidaridad en Polonia o el movimiento Otpor contra el gobierno de Slobodan Milosevic en Serbia.

El factor sorpresa en las protestas del 11 de julio en Cuba fue decisivo en términos de resultados para los organizadores, dijo López Montenegro.

“Desde el punto de vista racional y objetivo, la primera línea de defensa del régimen, que son las organizaciones políticas y de masas, fue arrollada por este poder en número desplegado por la ciudadanía el 11 de julio. Los Comités de Defensa (CDR) no se pudieron movilizar, ni la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) por la sencilla razón de que los cubanos estaban en la marcha, una cosa lógica y elemental”, señaló.

López Montenegro, quien lleva años estudiando e impartiendo talleres sobre la no violencia, considera como “una buena movida” el hecho de que Archipiélago anunciara la marcha –a contrapelo de las críticas recibidas.

“El poder el número se construye, no se genera por azar. No se generó por el azar o la casualidad el 11 de julio, no se va a generar por el azar o la casualidad el 15 de noviembre. Creo que hasta ahora han hecho bien las cosas en el sentido de ir por pasos: llamando a la gente, creando una expectativa, manteniéndose a la ofensiva, que es importante en lo que va a continuar, en lo que van a hacer”, concluyó.

Las condenas como saldo de las protestas

Laritza Diversent es una abogada cubana radicada en Maryland, Estados Unidos, que fundó en Cuba la consultoría Cubalex, una plataforma que ha documentado las detenciones, condenas y delitos imputados a los manifestantes del 11 de julio.

Entre los imputados, “hay desde delitos menores hasta delitos graves y contra la Seguridad del Estado”, señaló Diversent.

Al ser notificadas las primeras sanciones, compiladas por medio de las peticiones que llegan a la consultoría, la abogada refiere que los delitos que más le preocupan son los delitos contra la Seguridad del Estado, que incluso [el de] sedición tiene previsto la pena de muerte” como condena.

Recientemente Diversent presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia sobre la situación de los detenidos del 11 de julio en Cuba.

“Desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J hemos registrado las detenciones de 1.130 personas, de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad. Varias personas excarceladas que denunciaron actos de tortura y malos tratos, entre los que se pueden mencionar golpizas, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de canes para amedrentar. Fueron obligados a desnudarse y gritar consignas a favor de la “revolución” como “Viva Fidel” y “Viva Díaz Canel’”, cita el texto presentado.

Entre las imputaciones aparecen resistencia, atentado, desacato y desobediencia, así como los de desorden público e instigación a delinquir, entre otros.

En cuanto a la probable manifestación del 15 de noviembre, Cubalex dijo que ha recibido denuncias incluso de personas que fueron excarceladas tras el 11 de julio y han sido citadas de manera urgente y sin el tiempo debido a las unidades policiales para ser sometidos a interrogatorios.

“Este fin de semana que pasó pudimos documentar unas seis personas que recibieron citaciones oficiales, y yo personalmente asistí a cuatro personas sobre cómo comportarse ante un interrogatorio, y esto es importante porque en estos interrogatorios la constante han sido la amenaza, el acoso y la coacción”, afirmó.