ARCHIVO: Una valla propagandista en Managua muestra al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. [Foto: VOA / Houston Castillo]

Una investigación de una comisión de la ONU determinó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Los expertos pidieron más investigaciones exhaustivas e independientes de las violaciones y abusos documentados.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — Un informe de Naciones Unidas elaborado por un grupo de expertos de derechos humanos determinó que el gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad desde el año 2018.

Entre las violaciones se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

El informe, presentado el jueves, asegura que encontró un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, y señala que el gobierno de Nicaragua obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.

“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.

Simon agregó que las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral “para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras».

“El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”, indicó.

Una esperanza de justicia

Organizaciones civiles nicaragüenses valoraron el informe como “una esperanza de justicia”.

Olga Valle, de la organización nicaragüense Urnas Abiertas, un observatorio independiente que monitorea procesos electorales, quien estuvo presente durante la presentación del informe, destacó que en el informe se determinaron los actores involucrados en violaciones a los derechos humanos como «el gobierno de Nicaragua a través de diferentes instituciones».

Las organizaciones aportaron información, acercando a las víctimas con el grupo de expertos para analizar sus casos, dijo Valle.

El hallazgo de la comisión “reafirma lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos venido diciendo y documentando con respecto a la situación de derechos humanos, el cierre del espacio cívico y del espacio democrático”, dijo Valle a la Voz de América.

“Se han revisado una decena de casos vinculados con detenciones, persecución, en los que se puede determinar patrones de comportamiento que fueron generalizados”, indicó.

Wendy Flores, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, que documenta violaciones a derechos humanos perpetradas por el Estado, subrayó que el informe revela que se han cometido ejecuciones extrajudiciales que se mantienen en la impunidad, y que se determinan responsabilidades individuales.

Piden que se abra investigación

La comisión de la ONU estuvo compuesta por Simon, la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, y el chileno Alexandro Álvarez, exconsultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Buitrago dijo a la VOA que cree que el informe servirá para poner en claro «los elementos, los fenómenos, los patrones y el modus operandi de la situación de graves violaciones en Nicaragua».

«Creemos que la presentación de este informe también ayuda a entender qué ha sucedido dentro y fuera de Nicaragua en parte de los hechos que se pudieron investigar», dijo.

Los expertos emitieron una serie de recomendaciones que deberían adoptarse por el gobierno de Nicaragua y la comunidad internacional con el fin de “hacer frente a las violaciones, abusos y crímenes documentados”.

Dentro de las recomendaciones se encuentran el cese de la persecución por motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa.

También recomienda investigaciones independientes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad.

De igual forma sugiere que se garantice la reparación integral, la reparación y no repetición, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

En cuanto a la comunidad internacional, el grupo de expertos sugieren iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar las sanciones a instituciones e individuos.

El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.

El gobierno nicaragüense desconoció a la comisión y prohibió el ingreso al país de los expertos, de acuerdo a reportes de medios locales.

El informe será presentado oficialmente el próximo lunes 6 de marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Las organizaciones civiles están empujando por la renovación del mandato por dos años de la comisión de la ONU para que puedan profundizarse las investigaciones.

También esperan que la comunidad internacional escuche el llamamiento de la comisión de abrir nuevas líneas para la justicia y de ampliar las sanciones a los responsables.

“Una de las luchas principales que han tenido las víctimas y las organizaciones que hemos venido acompañando ha sido la búsqueda de justicia, y creo que es una lucha por la cual no se han cansado ni las madres de personas asesinadas ni quienes han sufrido torturas o desaparición forzada”, concluyó Flores, de Nicaragua Nunca Más.