La CIDH preocupada por acciones de Ortega

ARCHIVO – Policías nicaragüenses durante un operativo en Managua, Nicaragua.

A los opositores a los que el gobierno de Nicaragua retiró la nacionalidad, se les han cancelado además sus cuentas bancarias, expropiado sus viviendas y anulado el registro en el seguro social.

SAN JOSÉ — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el viernes su preocupación por las afectaciones que han sufrido alguno opositores nicaragüenses luego de que el gobierno de Daniel Ortega los privara “arbitrariamente de su nacionalidad” meses atrás.

Un comunicado en conjunto de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESC) y la CIDH reseña que a estas personas se les ha privado de varias cosas, como del derecho a la seguridad social, incluidas las personas mayores, cuyas subsistencia y vejez digna se verían afectadas por la medida.

A estos opositores también se les ha confiscado los bienes que tenían en Nicaragua y se les cancelaron sus cuentas bancarias. La CIDH también señaló que se les eliminó de registros de propiedades.

En algunos casos, asegura la CIDH, sus familiares o terceros que habitan dichas propiedades habrían denunciado el cobro de arrendamiento por la Procuraduría General de la República (PGR) como condición para permanecer en el inmueble y habrían recibido citatorios de la misma institución para formalizar «su estatus ocupacional».

La CIDH y el REDESCA consideran que “la pérdida de vivienda y patrimonio de tierras para el cultivo y trabajo, dejaría en situación mayor vulnerabilidad a las personas que fueron declaradas apátridas y a sus familiares”.

«Confiscación de bienes es una sanción arbitraria»

El gobierno de Ortega canceló la nacionalidad a 222 presos políticos una vez que los excarceló y que fueron acogidos por Estados Unidos; posteriormente tomó la misma medida con otros 94 nicaragüenses, entre ellos escritores, periodistas e intelectuales, como el exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez y la poeta Gioconda Belli.

La resolución aprobada por la Justicia nicaragüense se basó en una supuesta “traición a la patria” por parte de los señalados, por lo que les aplicó sanciones “accesorias” como la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de elección popular.

La CIDH recordó que el derecho a la propiedad privada se encuentra consagrada en el artículo 21 de la Convención Americana y puede solo ser restringido con base en los requerimientos de dicha norma.

“La Comisión y la REDESCA advierten que la confiscación de los bienes y el patrimonio y la privación arbitraria de la nacionalidad constituyen una sanción penal arbitraria y desproporcionada en contra de las personas identificadas como opositoras al gobierno nicaragüense”, indicó el organismo.

De igual forma urgieron al Estado de Nicaragua a cesar los actos de hostigamiento en contra de las personas opositoras, e instó a “garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus proyectos de vida, así como a ejercer sus derechos, en particular sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.