Pedro Castillo lleva 70 ministros en 13 meses de gobierno

ARCHIVO / El presidente de Perú, Pedro Castillo/Foto: Reuters.

El juez dijo que Castillo usó el mensaje de hace una semana para alentar el alzamiento de la policía y el ejército, con el objetivo de capturar el sistema de justicia e instituciones públicas. La Fiscalía estima una condena entre 10 a 20 años de cárcel.

LIMA — El Poder Judicial de Perú dispuso el jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien está acusado de conspiración, rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública al tratar de cerrar el Congreso e instaurar un “gobierno de excepción” el 7 de diciembre.

Durante la audiencia, el juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó las pruebas presentadas por el fiscal Alcides Chinchay contra Castillo quien previamente, acordó con sus abogados no asistir, alegando presuntas irregularidades que no garantizaban su defensa frente a los cargos.

En la lectura del fallo, el magistrado dijo que Castillo usó el mensaje de hace una semana para alentar el alzamiento de la policía y el ejército, con el objetivo de capturar el sistema de justicia e instituciones públicas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo entre otras.

Agregó que el expresidente “tuvo plena conciencia de su decisión y pese a ello, materializó la misma» junto a su ex primera ministra Betssy Chávez, su exasesor Aníbal Torres y su exministro del Interior, Willy Huerta, para “perpetrar un grave atentado contra el orden constitucional, poderes del Estado y otras instituciones”.

El juez calificó la toma de carreteras y las protestas que se registran en estos días en diferentes regiones de Perú, que agudizan la crisis social y generan un clima de tensión en la población, como el resultado de la decisión de Castillo de “encabezar un golpe de Estado” desde el Gobierno.

Finalmente, mencionó que existiría un peligro de fuga debido a que Castillo tiene diversas investigaciones fiscales en su contra por delitos de corrupción de su gobierno. Además, se anotó que buscó asilo político en México tal como el mismo presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, lo confirmó en una conferencia de prensa el 8 de diciembre.

Con la decisión judicial, Castillo permanecerá en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito limeño de Ate, donde cumplió su detención preliminar de los últimos 10 días. En este mismo sitio está preso el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

La defensa legal de Castillo informó que interpondrá un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Perú para la liberación del expresidente. Además, también han llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que el maestro rural vuelva a ser restituido en su cargo y se declare nula la destitución hecha por el Parlamento.

Por la noche se conoció que la Fiscalía General le abrió una octava investigación a Castillo por un presunto cobro de sobornos a una empresaria para que sea beneficiada con obras en el Ministerio de Vivienda.

El expresidente ya es investigado por tráfico de influencias, organización criminal, colusión agravada, encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos Puente Tarata, Petroperú, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la obstrucción en la captura de los prófugos de su gobierno y el supuesto plagio en su tesis de maestría.

Reacciones

El fallo tuvo reacciones en el Parlamento.

Héctor Ventura, congresista de la bancada de Fuerza Popular y titular de la Comisión de Fiscalización que investiga los presuntos actos de corrupción de la gestión de Castillo, sostuvo que el exmandatario no solo pasará 18 meses bajo prisión preventiva, sino quizás más tiempo.

“Contundentes pruebas darán paso a firme sentencia que lo dejará muchos años tras las rejas”, señaló.

El tercer vicepresidente del parlamento, Alejandro Muñante, agregó que la justicia determinará el grado de responsabilidad del exmandatario ante el fallido golpe de Estado.

“Esta no es una sentencia final sino una medida cautelar contra el expresidente a efectos que la justicia pueda hacer su trabajo y en ese plazo pueda emitir una sentencia final”, apuntó.

Jaime Quito, integrante de la bancada de izquierda Perú Libre que llevó al poder a Castillo, aseguró que “la prisión preventiva se iba a dar porque hoy todo está controlado porque el único golpe que se ha dado en el país son los que están sacando las tanquetas y están declarando en Estado de Emergencia y toque de queda el país”.