Manifestantes indígenas marchan por Quito el 20 de junio de 2022./Foto: Reuters.

Ecuador sigue sumido en el caos, acumulando pérdidas millonarias por las protestas violentas en medio del llamado de varios sectores para que se inicie el diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

QUITO — Las movilizaciones en Ecuador han ido en aumento y se han vuelto más violentas, mientras la comunidad indígena va sumando adeptos que se unen para protestar por el alto costo de vida y exigir al Gobierno reformas sociales y económicas, como una reducción de los precios de los combustibles.

El presidente Guillermo Lasso declaró un estado de excepción para evitar destrozos, pero a pesar de ello la violencia han seguido aumentando y las pérdidas del sector productivo son millonarias, se calcula que ascienden a los 50 millones de dólares diarios.

El ministro de Economía, Simón Cueva, mencionó que el país gasta más en subsidios que en los bonos para dar bienestar a los ciudadanos.

“Los subsidios ya están este rato muy grandes para todo el Ecuador, es absurdo destinar esos recursos para subsidios generalizados que al final de una u otra forma acaban beneficiando también al contrabando, al narcotráfico, etcétera”, explicó Cueva.

El vandalismo se ha apoderado de las marchas hasta tal punto que en varios lugares los manifestantes han llegado a agredir a médicos y periodistas. Ante esta realidad, el líder indígena Leonidas Iza hizo un llamado a sus bases para que no aviven la protesta y dice trabajar por la paz, mostrándose más cauteloso en sus últimas declaraciones.

“Por favor, el paso libre para todos los trabajadores de la salud, ambulancias, enfermos, absolutamente todo lo que concierne a la salud. También respeto absoluto a los medios de comunicación a los trabajadores de la comunicación”, dijo.

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Lasso derogó el decreto que instauró el estado de excepción en tres provincias del país y emitió uno nuevo que extendió la medida a seis provincias, dejando sin opciones a la Asamblea Nacional, que pretendía reunirse para suprimir el primer decreto.

La huelga, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, lleva ocho días de violentas protestas en reclamo de la reducción de los precios de la gasolina, más presupuesto para la educación y la fijación de precios de los productos agrícolas, entre otras demandas.

En las últimas jornadas y mientras se prolonga el conflicto, las universidades, la Iglesia, las cámaras de la producción y Naciones Unidas han hecho varios llamados al diálogo y hasta ahora no se ha logrado establecer una mesa para iniciar conversaciones y reinstaurar la paz en el país.