Nicaragua arremete contra EEUU por informe del Departamento de Estado: «No lo reconocemos»
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, acusó a Washington de violar los derechos humanos y tildó el informe del Departamento de Estado de «calumnioso».
SAN JOSÉ, COSTA RICA — El gobierno de Nicaragua arremetió este martes contra Estados Unidos, un día después de que el Departamento de Estado publicara su informe anual sobre derechos humanos, en el que dio a conocer el panorama que vive este país centroamericano.
La vocera del gobierno nicaragüense y vicepresidenta, Rosario Murillo, en declaraciones televisadas, dijo desconocer el informe y acusó a los estadounidenses de «bárbaros y salvajes violadores de todos los derechos humanos».
El informe del Departamento de Estado cita un sinnúmero de anomalías en Nicaragua, como la privación «arbitraria» de libertad por motivos políticos contra opositores al presidente Daniel Ortega, presuntos casos de torturas y desapariciones.
«Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias, adjudicándoselas a ellos mismos… provocadores, agresores, invasores y directores de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local. Los denunciamos nuevamente como los más bárbaros y salvajes violadores de todos los Derechos Humanos», dijo Murillo.
El informe también destaca que existe una «represión trasnacional» donde los nicaragüenses «exiliados en Costa Rica y en otros lugares alegan acoso y opresión política por parte de los simpatizantes de la parapolicía y el Frente Sandinista de Liberación Nacional que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por parte de funcionarios de inteligencia dentro de la embajada nicaragüense en Costa Rica».
«Sus informes son de ustedes, sobre ustedes y para ustedes. No los reconocemos», concluyó Murillo.
El informe publicado por Washington hace un resumen de la crisis política que vive Nicaragua y que este mes de abril cumple seis años. En el documento se menciona por ejemplo, las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático combinados para obstruir la libertad de expresión.