Inmigrantes con TPS demandan a exfuncionario de USCIS por bloquear su camino a obtener la “green card”

Acusan que política de Ken Cuccinelli fue ilegal por violar procesos administrativos. Foto: USCIS

El 20 de diciembre de 2019, el entonces director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, implementó una regla que complicó la ruta para la Residencia Permanente para inmigrantes bajo el programa Estatus de Protección Temporal (TPS).

Ahora, siete beneficiarios de esa protección migratoria están demandando –ante una corte federal en Washington, D.C.– a Cuccinelli por obstaculizar “ilegalmente” su camino a la obtención de la “green card” y, eventualmente, a la naturalización.

Esto porque dicha regla, que recuerda que una persona con TPS puede viajar al extranjero con permiso de USCIS, pero esa agencia se reserva el derecho de retirar la protección migratoria discrecionalmente.

También señala que los inmigrantes con órdenes de deportación, pero protegidos con TPS, volverían al país sin perder ese proceso, aunque volvieran legalmente al país, considerando el permiso de salida otorgado.

Los demandantes de Immigrant Justice Group y del Centro de Recursos de Centroamérica (CARECEN) acusan que ese “cambio disruptivo” fue emitido por USCIS sin previo aviso u oportunidad de comentarios del público, sin explicación y en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Ley de Procedimiento Administrativo.

El grupo es representando por Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton, LLP, quienes acusan que la regla, también es ilegal, porque fue autorizada por Cuccinelli, cuyo nombramiento fue declarado ilegal por un tribunal federal en marzo pasado en respuesta a una demanda separada presentado por Democracy Forward, CLINIC, RAICES y Debevoise & Plimpton LLP.

La demanda agrega que ese fallo invalidaba otras políticas del entonces director interino, porque carecía de la autoridad para implementarlas.

Aunado a ello, el 14 de agosto, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) llegó a la conclusión de que tanto Cuccinelli, en su puesto actual como subsecretario en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como el secretario interino, Chad Wolf, fueron nombrados ilegalmente y, por lo tanto, no son elegibles para desempeñar sus funciones actuales.

“La Administración Trump continúa su implacable cruzada contra los inmigrantes con el ataque más reciente a los miles de beneficiarios de TPS legalmente en nuestro país”, señala la directora de Servicios Legales de CARECEN, Pamela Yee.

Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, dijo que el cambio afecta el futuro de miles de posibles residentes permanentes y a sus familias.

“Es parte de una letanía de ataques de la Administración Trump al TPS, un programa creado por el Congreso que estabilizó las vidas de cientos de miles de personas que huyeron de guerras, conflictos y desastres naturales”, destacó.

Anne Harkavy, directora ejecutiva de Democracy Forward, destacó que al ser ilegal el nombramiento de Cuccinelli como director de USCIS sus políticas son inviables.

Los TPS protege a unos 400,000 inmigrantes y a sus familias y al menos 130,000 originarios de El Salvador, Haití y Honduras –quienes llevan más de dos décadas en el país y tienen familias que mantener– trabajan en áreas esenciales para enfrentar la pandemia de coronavirus, como personal médico, limpieza en hospitales, restaurantes y en posiciones del suministro de comida, según datos del Centro para el Progreso Americano (CAP).

Fuente: laopinion