Sesión del Consejo de Derechos Humanos durante el discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 27 de febrero de 2020./Foto: Reuters.

El gobierno de Nicolás Maduro presentó ante el órgano de la ONU lo que considera sus avances en temas de derechos humanos, mientras que otros Estados señalaron “retrocesos”.

En medio de denuncias por “medidas coercitivas unilaterales”, el gobierno de Venezuela defendió «avances y logros» en materia de derechos humanos este martes, durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras que países miembros señalaron «retrocesos».

Este es el tercer examen de ese organismo que evalúa la situación de los derechos humanos en el país sudamericano. El gobierno de Venezuela fue evaluado antes en 2011 y 2016.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, encargada de presentar el informe nacional, aseguró que los cinco años del periodo correspondiente al examen transcurrieron entre «menos espacio para el derecho internacional público, restricciones en el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos del pueblo venezolano, derivado de este entramado de medidas coercitivas unilaterales”.

“La Venezuela agredida, acosada, puede mostrar números positivos, avances y logros, pero también es consciente de sus profundos desafíos -desafíos en materia de derechos humanos- y por eso hemos establecido líneas de asistencia y cooperación con la oficina de la Alta Comisionada de los derechos humanos”, indicó.

Parte de la sesión consiste en un diálogo entre la nación en cuestión y los demás Estados miembro. De los más de 110 países que participaron, muchos expresaron sus preocupaciones por «retrocesos» en temas relacionados con las libertades en la nación suramericana, mientras que algunos, afines al gobierno de Nicolás Maduro, destacaron los «avances».

Colombia recalcó lo que considera “falta de cooperación” de Venezuela con el sistema de DD.HH. de la ONU, mientras que Brasil recomendó garantizar las condiciones para elecciones “libres, justas e independientes” con el fin de “restaurar la democracia”.

El embajador de Suecia señaló lo que considera restricciones al derecho a la libertad de expresión en el país y el acoso a defensores de derechos humanos.

Delegaciones como la uruguaya recomendaron a Venezuela retornar al sistema interamericano de derechos humanos y aceptar el establecimiento de una oficina en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El Reino Unido llamó a que Venezuela conceda acceso a la ayuda humanitaria sin trabas. Otros Estados miembro, como Siria, se refirieron a las medidas contra Venezuela y pidieron su levantamiento inmediato.

Cuba, aliado del gobierno de Nicolás Maduro, felicitó a Caracas por los avances en la promoción y protección de los derechos humanos y la alentó a continuar defendiéndolos a través de acciones legales para contrastar las «medidas coercitivas».

La vicepresidenta Rodríguez habló del compromiso del gobierno por los derechos civiles y políticos, así como los sociales y económicos de los venezolanos.

La representación venezolana pidió un punto de orden en distintas oportunidades durante la reunión por el uso de lo que consideró terminología “contraria” al sistema de la ONU, como «régimen de Maduro», por ejemplo, cuando EE.UU. y Francia pidieron la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, o cuando Israel expresó preocupación por el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

Se espera que las recomendaciones finales sean aprobadas por el Grupo de trabajo del EPU el próximo viernes 28 de enero.

Las sesiones iniciaron este lunes 24 de enero y seguirán hasta el 4 de febrero. También se evaluarán otros 11 Estados.

* Con la colaboración de Luisana Solano, desde Caracas.