Líder de red de drogas de Minneapolis se declara culpable
Un hombre de Twin Cities, Clinton James Ward, admitió su culpabilidad ante un tribunal federal este jueves, reconociendo su rol central en una vasta red internacional de tráfico de drogas.
Según documentos judiciales, Ward se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir metanfetamina y otro por participar en una empresa criminal continua. Inicialmente, enfrentaba un total de 19 cargos por su conexión con cárteles mexicanos en la distribución de narcóticos a lo largo de Estados Unidos. Aunque aún no se ha fijado la fecha para la sentencia, Ward podría enfrentar una pena que oscila entre 30 años de prisión y cadena perpetua.
Las autoridades federales describieron la operación en la que Ward estaba implicado como «extensa» y destacaron la distribución de una cantidad de drogas «verdaderamente asombrosa» en el estado de Minnesota.
Durante un período de cinco años, se estima que Ward amasó millones de dólares importando fentanilo, metanfetamina y cocaína a las Ciudades Gemelas. Esta vasta red de distribución, calificada por las autoridades como la operación de drogas más prolífica en la historia reciente de Minnesota, se extendía a través de «una amplia red de distribuidores».
Las drogas eran transportadas bajo las órdenes de Ward en contenedores de carga, vehículos particulares y camiones de gran tonelaje, antes de ser fraccionadas en cantidades menores y distribuidas en Minnesota. La colaboración entre fuerzas de seguridad locales y federales fue crucial para desmantelar la red, interceptando varios de estos envíos. En una operación conjunta, la DEA y el FBI confiscaron más de 725 kilogramos de metanfetamina, 30,000 pastillas de fentanilo falsificadas, kilos de cocaína, 2.5 millones de dólares en ganancias ilícitas y 45 armas de fuego en la residencia de Ward en México.
Las autoridades sostienen que esta incautación representa solo una fracción del volumen total de drogas que fueron distribuidas durante años.
Ward fue arrestado en México hace casi un año por agentes de la DEA y el FBI, y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Su caso destaca por ser uno de los pocos en los que se ha acusado a un ciudadano estadounidense bajo el estatuto de «capo» o Empresa Criminal Continua (CCE, por sus siglas en inglés).
En relación con esta operación, otras catorce personas han sido acusadas, lo que subraya la magnitud de la red criminal desmantelada.