Peruanos marchan por la paz mientras país espera más protestas tras destitución de Castillo

Manifestantes protestan en las calles de Lima contra la destitución del expresidente Pedro Castillo, el 3 de enero de 2023./Foto: Reuters.

A mediados de diciembre, el gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia en el país, una medida que permite a las Fuerzas Armadas ayudar a la policía a mantener el orden público.

LIMA — Miles de personas marcharon el martes en Perú reclamando «paz y tranquilidad», en momentos en que las autoridades del país esperan una nueva ola de protestas luego de una pausa en los mortales disturbios que dejaron 22 muertos y que coincidió con las fiestas navideñas.

Cargando una larga bandera roja y blanca, y muchos con la camiseta de la selección de fútbol, los manifestantes desfilaron por algunas calles de Lima, días después de que el país sufriera uno de los episodios mas violentos de los últimos años tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.

Castillo, un exmaestro de izquierda que estuvo en el poder casi 17 meses, había intentado disolver ilegalmente el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

«Esto es un clamor del pueblo peruano, lo que queremos es paz. Son millones de peruanos y los vándalos son unos pocos, ellos no van a tomar nuestro país a través de la violencia, por eso estamos aquí», dijo Mónica Sánchez, una de las manifestantes.

Otras marchas se registraron en las ciudades de Arequipa y Tacna en el sur y en La libertad en el norte. Además en las ciudades andinas de Huancayo y Puno, según la televisión local.

La manifestación denominada ‘Gran Marcha por la Paz’ fue organizada por grupos conservadores y religiosos. El evento había sido convocado también por la policía, pero la institución le retiró su apoyo en medio de críticas de una supuesta injerencia en marchas políticas que han polarizado al país.

El martes, la policía detuvo a una mujer en Lima que minutos antes había arrojado pintura roja a los agentes de seguridad en protesta por las recientes decenas de muertes.

Tras la expulsión de Castillo el 7 de diciembre, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder y anunció un gobierno de transición hasta que se realicen unas elecciones anticipadas, previstas inicialmente para abril del 2024.

Castillo, de 52 años, cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por la fiscalía por presunta «rebelión y conspiración» contra el Estado.