Yunior Garcia, coordinador del proyecto Archipiélago, al salir de la sede de un Tribunal en La Habana que negó el permiso oficial para una manifestación. Foto del 30 de octubre de 2021. / Foto: Reuters.

Profesionales en Cuba que participaron en las protestas del 11 de julio dicen que el gobierno utiliza la expulsión del trabajo como represalia y para coaccionar por motivos políticos. No obstante, aseguran que saldrán a marchar el 15 de noviembre.

MIAMI, EE. UU. — El médico cubano Manuel Guerra fue expulsado de su puesto en la sala de ginecobstetricia del hospital de Buenaventura, un pueblo de la provincia de Holguín, al oriente de Cuba, por salir a protestar en julio contra el gobierno.

El médico de 27 años dijo que el detonante de su decisión de salir a la calle a protestar fue cuando un compañero de trabajo fue despedido por mostrarse contrario al Gobierno. “Cuando vi eso, me indigné y dije: ‘Si esto le pasa a este colega, nunca se van a poder decir las realidades”, declaró en una entrevista con la Voz de América.

Durante las marchas del 11 de julio, Guerra se plantó en primera fila junto a los manifestantes en el parque más céntrico de Holguín. Poco después fue arrestado y trasladado a un centro de instrucción penal, donde se le acusó de desacato.

El 15 de noviembre está convocada en la isla la “Marcha Cívica por el Cambio”, una acción que busca dar seguimiento a las protestas del 11 de julio. Pero hay quienes todavía están viviendo las consecuencias de haber participado en julio: muchos fueron detenidos y otros expulsados de sus puestos de trabajo, una estrategia que el gobierno está utilizando como represalia y coacción, dijeron entrevistados a VOA. No obstante, aseguran que saldrán de nuevo a protestar.

Medidas cautelares contra los manifestantes

Guerra dice que permaneció 24 horas arrestado y tiene impuesta una medida cautelar que lo obliga a presentarse en una unidad policial cada lunes para firmar un documento y estar controlado regularmente.

Pese a eso, asegura que estas acciones represivas no van a detener sus ideales. También se unió al grupo “Archipiélago”, liderado por el actor y dramaturgo Yunior García, principal promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre.

A medida que se acerca la fecha clave, las autoridades mueven fichas y, al igual que Guerra y García, otros miembros del proyecto Archipiélago han recibido citaciones en las fiscalías provinciales de cada territorio.

“Pase lo que pase, insistimos en nuestro derecho a tener derechos. Estamos decididos a conquistar cívicamente nuestro espacio de participación en la realidad del país donde nacimos. No se puede pedir permiso para ser honestos, para expresar nuestro pensamiento de manera franca y pública”, dijo el dramaturgo García a través de las redes sociales.

Guerra agregó que “lo que están previendo es la manifestación del día 15, no me cabe ninguna duda”.

La expulsión por «discriminación política»

David Martínez Espinosa, de 31 años, hasta hace poco era profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Tras su participación en las protestas del 11 de julio, vinieron las represalias y fue expulsado de la institución educativa.

Sin embargo, confiesa que su despido no le causó mayor sorpresa ya que, desde marzo, la rectora de la universidad le había llamado la atención por publicar sus apreciaciones sobre la política nacional en las redes sociales.

Empezó a recolectar firmas para presentarlas a las autoridades con el objetivo de solicitar autorización para la Marcha Cívica del 15 de noviembre, y eso provocó su suspensión inmediata como docente.

“En Cuba, cuando un profesional es expulsado de su cargo o de su puesto laboral por motivaciones políticas le es muy difícil encontrar trabajo con el Estado”, explicó el docente, a quién le ofrecieron la plaza de auxiliar de limpieza en la misma universidad donde hasta hace menos de un mes impartía clases de Química.

Martínez se enfrenta a un futuro incierto en la isla y sin la posibilidad de trabajar en otras universidades, ya que todas son públicas y dependientes de los organismos públicos. Por eso, el joven ha considerado solicitar una licencia para impartir docencia en su domicilio y fuera del sistema oficial de educación.

Como a muchos de los firmantes de la convocatoria a la marcha del 15 de noviembre, sobre Martínez pesan las advertencias de las autoridades. Pese a todo, quiere salir a la calle y que su voz sea escuchada en todo el mundo, para reclamar por los “derechos humanos y la libertad de los presos políticos” en la isla.

Pero hay otro motivo por el que quiere salir a la calle: “Voy a marchar contra la expulsión de los centros de trabajo por discriminación política”, finalizó.

Díaz-Canel, en contra de las marchas

Las históricas protestas del 11 de julio en la isla caribeña marcaron un punto de inflexión en el devenir del país, según expertos. Tanto dentro como fuera de la isla aseguran que estas movilizaciones finalmente podrían debilitar al gobierno cubano liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel. La única protesta masiva registrada antes de las de julio ocurió en La Habana en el verano de 1994, que se conoció como el “Maleconazo” y terminó en un éxodo masivo hacia Estados Unidos conocido como la Crisis de los Balseros.

Díaz-Canel ha criticado duramente a los manifestantes al considerar que la marcha prevista para el 15 de noviembre “es una provocación” y “un desafío a las autoridades” cubanas, en tanto que “no es más que una escalada en el modo de actuar contra la Revolución” con el apoyo, asegura, de Estados Unidos.

“Es un plan orquestado, se involucran tanques pensantes y portavoces del Gobierno de Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones”, manifestó, al tiempo que advertía de consecuencias contra aquellos que decidan marchar ese día.

Esta semana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, responsabilizó a Facebook por alojar en su plataforma a grupos que desde Cuba «realizan actividades ilegales», con el interés de desestabilizar el sistema político, en franca alusión al crecimiento de Archipiélago en la red social.

Rodríguez dijo que no se permitirá la marcha.

Los organizadores de la marcha han rechazado estar financiados por EE. UU. y aseguran que la manifestación pacífica está amparada por la Constitución. Su propósito, dicen, es pedir que se respeten los derechos humanos en la isla y la liberación de los presos políticos, especialmente los detenidos durante las protestas del 11 de julio.