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Tribunal avala castigo a inmigrantes que soliciten “green card”
El presidente Trump ha complicado la obtención de «green card». Foto: USCIS
El Gobierno del presidente Donald Trump puede, por ahora, aplicar la regla de carga pública que negaría la Residencia Permanente a inmigrantes que hayan solicitado ayudas sociales.
Así lo determinaron 2 a 1 jueces del Cuarto Circuito en Virginia en una acción que aplica a nivel nacional en espera de una decisión de fondo de un tribunal de primera instancia, donde se deberá evaluar la legalidad de la norma.
Por ahora los jueces determinaron que Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) dice que cualquier extranjero que es “probable en cualquier momento convertirse en una carga pública es inadmisible”, algo que debe ser aplicable por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La decisión defiende a la Administración Trump sobre su plan de reducir el número de inmigrantes legales en el país con base en la regla, alegando inadmisibilidad por utilizar cupones de alimentos, Medicaid o ayuda para vivienda, entre otros programas sociales.
El principal quejoso de la nueva decisión es la organización CASA de Maryland, que representa a más de 100,000 personas, que demandó al presidente Trump y a los funcionarios del DHS en septiembre pasado por la regla, la cual acusó de “ambigua” y que definía a las personas como dependientes del Gobierno, a pesar de que la ley les otorga derechos sobre ayudas sociales.
Aunque logró un primer triunfo bajo la decisión del juez Paul Grimm, designado por Barack Obama, en el Tribunal de Apelaciones esa decisión fue revertida bajo la opinión el juez J. Harvie Wilkinson III, designado por Ronald Reagan, al considerar que la primera sentencia estaba “injustificada”, además de que no menoscaba los fondos de CASA de Maryland para reorientar la ayuda, como lo indicó el juez Grimm.
“Nada en la regla menoscaba la capacidad de CASA de proporcionar asesoramiento, derivación u otros servicios a los inmigrantes”, escribió Wilkinson. “Por supuesto, respetamos el hecho de que CASA cree firmemente que debe reasignar recursos para servir mejor a sus miembros en medio de un panorama legal cambiante y que preferiría operar en un entorno donde la regla no existe. Pero un número incalculable de organizaciones regularmente expresa su insatisfacción con las leyes y acciones públicas que pueden afectar su ordenamiento de prioridades de alguna manera”.
El DHS considera seis aspectos para definir a un inmigrante como “carga pública”.
1. Ayudas públicas.- Aquellas personas que reciben apoyos sociales durante 12 meses en un periodo de tres años.
2. Edad.- Contará si es menor de edad y quién mantiene a esa persona, también si es mayor de 62 años.
3. Salud.- Inmigrantes con enfermedades crónicas, como un problema del corazón, podrían enfrentar problemas, sobre todo si el seguro médico con el que reciben es subsidiado.
4. Estudios.- Los oficiales evaluarán el grado educativo de la persona, así como su nivel de inglés para considerarlos factores positivos o negativos.
5. Estados financieros.- Se revisarán los bienes de los inmigrantes, así como el dinero que tenga ahorrado y los ingresos familiares.
6.- Trabajo.- Aquellas personas que no hayan tenido, por ejemplo, un trabajo en los últimos dos años podrían enfrentar problemas, sobre todo si no hay una oferta laboral visible.
Nuevo conflicto legal
La decisión vuelve crear conflicto entre jueces, el Tribunal para el Séptimo Circuito ordenó al DHS que deje de aplicar la regla en Illinois y el martes pasado el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito impidió que la regla entrara en vigor en Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York.
Los jueces consideraron que la regla de la Administración Trump podría ser contraria al INA y distorsionar la forma en que una persona puede ser considerada como “no autosuficiente”.
“Aceptar la ayuda que se ofrece para elevar el nivel de vida, ayuda que fue creada por el Congreso para ese propósito, no significa que una persona no sea autosuficiente – particularmente cuando tales programas están disponibles no sólo para las personas que viven en la pobreza abyecta, sino para una amplia franja de estadounidenses de ingresos bajos y moderados”, indica la opinión. “El DHS va demasiado lejos al asumir que todos aquellos que participan en programas de beneficios no monetarios serían de otra manera incapaces de satisfacer sus necesidades y que, por lo tanto, pueden ser considerados categóricamente como ‘cargas públicas’”.
La fiscal de Nueva York, Letitia James, destacó la decisión del proceso que lideró en coalición y su oficina confirmó a este diario la protección bajo el triunfo en el Segundo Circuito.
“El Segundo Circuito ha reconocido ahora que la Administración Trump actuó ilegalmente al emitir su regla de carga pública”, dijo. “El cambio a esta regla del Gobierno federal fue erróneo cuando se emitió por primera vez, mucho antes de la crisis de salud pública que ahora asola a la nación. Desafortunadamente, las realidades de la pandemia actual subrayan la importancia de esta lucha, y seguimos comprometidos a hacer justicia para los neoyorquinos y para nuestros vecinos inmigrantes que buscan una vida mejor aquí”.
La Fiscalía General de Nueva York destaca que leyes federales permiten a los inmigrantes legales solicitar ciertos beneficios públicos de salud y nutrición suplementarios, si han estado en el país durante al menos cinco años, pero la reciente regla que aplica la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) impide que eso ocurra, ya que se modificó la definición.
“El Departamento de Seguridad Nacional… cambió el significado establecido de carga pública, que durante mucho tiempo había permitido que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios no son considerados carga pública, porque no dependen principalmente del Gobierno para su supervivencia”, acusó la Fiscalía.
La regla ha enfrentado al Gobierno con activistas y gobierno locales en una batalla legal a nivel nacional. Se esperaba que en febrero la Corte Suprema tomara una decisión final, pero avaló que USCIS aplicara la disposición, pero permitió que tribunales inferiores clarificaran su legalidad y alcance. Eso no ha ocurrido.
Fuente: laopinion
