La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó el 24 de enero esta imagen para mostrar que los aviones militares de EEUU ya estaban operando en la remoción de inmigrantes indocumentados hacia los países latinoamericanos. [Foto: Cortesía Casa Blanca]

La deportación de migrantes irregulares en EEUU ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años: La agencia a cargo, ICE, sigue gestionando el proceso, pero con mayor cooperación de los gobiernos de la región. Los contratistas también se han hecho de un lugar.

WASHINGTON — Las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes irregulares prometidas por la nueva administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuarán al ritmo que ha tenido en su primera semana de gobierno, entre 1.000 y 1.2000 por día, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), brazo operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las operaciones a nivel nacional mantienen en alerta a amplias regiones del país donde habitan miles de indocumentados, a los que se les ha advertido que las redadas pueden incluir escuelas, iglesias y hospitales.

“Los peores van primero”, advirtió el director de la oficina de campo de ICE en Baltimore, Maryland, Matt Elliston, sobre las prioridades en esta etapa de operaciones enfocada en fugitivos y personas con orden de deportación.

Para agilizar el proceso, DHS se ha valido de más recursos como aviones militares con destino a varios países latinoamericanos, que el fin de semana abrieron un impasse diplomático con Colombia y una tensa relación con México.

¿Ha cambiado el proceso de deportación?

Hasta antes de la primera administración Trump (2017 – 2021) había todo un proceso de asistencia consular a los detenidos que se fue reduciendo, comentó a la Voz de América, una excónsul salvadoreña en Washington, que prefirió el anonimato por tratarse de un tema sensible.

“Había todo un sistema de coordinación entre ICE y los consulados para identificar a las personas detenidas”, dijo y explicó que se les emitía un pasaporte provisional y con ese eran removidos.

Pero esa modalidad fue cambiando en parte por los memorandos firmados por la administración Trump con los países centroamericanos en esa primera gestión.

“En ese tiempo verificábamos. Si alguien decía que era salvadoreño y no tenía ningún documento, se buscaba en el registro, incluso en el antiguo sistema de cédulas, para confirmar la identidad y poder repatriarlo”, explicó.

Los otros países centroamericanos también fueron reduciendo la asistencia consular y dando como válida la versión del detenido sobre su identidad con algún documento que indicara el nombre y nacionalidad.

Otra empleada consular salvadoreña en Boston, Massachusetts, explicó a la VOA -también bajo anonimato- que desde que se desmanteló la asistencia consular por órdenes del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, algunas veces los funcionarios de ICE llamaban para preguntar si había forma de ayudar en casos específicos de indocumentados.

“Una de las órdenes que llegaron era que se cancelaba la función de asistir a los deportados en los centros de detenciones de ICE, por orden suprema de la cancillería, por lo que el programa de protección consultar quedó cancelado, recordemos que en ese tiempo ya era presidente Trump”, dijo.

¿Cómo funciona el proceso de deportación actual?

En la actualidad, según ICE, la misma agencia federal “gestiona todos los aspectos del proceso” para aplicar las leyes migratorias, lo que incluye la “identificación y arresto” de los detenidos, además de operar los aspectos burocráticos antes de la repatriación de “extranjeros ordenados a ser removidos de Estados Unidos”, hacia un estimado de 150 países alrededor del mundo.

En su informe 2024, ICE explica que la agencia sigue priorizando en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales que amenazan la seguridad pública y nacional “incluyendo a conocidos o presuntos terroristas, pandilleros y aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra atroces” como las misiones más importantes.

Para agilizar estos procesos la administración ha dispuesto del uso de aviones militares del Departamento de Defensa, para cumplir la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 20 de enero en su primer día de mandato.

El viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó las primeras fotos de los aviones militares con indocumentados, dirigidos a algunos países latinoamericanos como Guatemala y México y posteriormente a Colombia, que desató una crisis diplomática en una sola jornada.

El Pentágono confirmó que puso a disposición dos aviones C-17 y dos C-130 para ser utilizados para repatriar inmigrantes de forma expedita. Según estimaciones del contralor del Departamento de Defensa, el costo de operación por hora C-17 es de 21.000 dólares, y el del C-130 varia entre 68.000 y 71.000 dólares la hora.

¿Crecerá el negocio de empresas que trabajan con ICE?

Ante los crecientes objetivos de ICE de ampliar redadas y deportaciones, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha asegurado que tras tener acceso a información pública de la agencia federal, queda claro que se está evaluando las propuestas de empresas privadas para expandir la capacidad de sus centros de detención de inmigrantes, así como centros de albergue temporales en al menos ocho estados de todo el país.

La ACLU señala que entre las empresas privadas que pujan por ampliar sus contratos están Management and Training Corporation (MTC), Core Civic, GEO y Group Inc. Estas tres empresas ya operan en la mayoría de centros de detención en todo Estados Unidos.

Estas empresas apuestan por ampliar sus capacidades en los centros donde ya operan como contratistas federales en estados como California, Nueva Jersey, Nevada, Texas, Nuevo México, Washington, Kansas y Michigan, según ACLU.

Esta organización dijo que consiguió la información luego de hacer una petición bajo la ley de información pública a ICE en septiembre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, y que ya existían algunos avances en reconversión de algunos centros en Michigan y Nuevo Laredo en Texas.

La VOA intentó obtener declaraciones oficiales de México y otros países centroamericanos en Washington a través de sus misiones diplomáticas para explorar la forma en que lidiarán con las deportaciones expeditas y masivas que se propone Estados Unidos, pero no hubo respuesta.

Otros países latinoamericanos como Perú, se han comprometido a recibir a sus ciudadanos deportados desde EEUU. El canciller peruano Elmer Schialer dijo que la nación andina les ofrecería asistencia para su reinserción laboral.