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La Corte Suprema decidirá sobre el futuro del programa humanitario CHNV que protege a 500,000 migrantes
Foto: PxHere
En los próximos días, la Corte Suprema de Estados Unidos tomará una decisión crucial sobre el programa de visa humanitaria CHNV, que protege a cerca de 500,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta resolución surge tras una petición de emergencia presentada por el gobierno del expresidente Donald Trump, que busca poner fin a este beneficio implementado durante la administración de Joe Biden.
El caso, conocido como Svitlana Doe vs. Noem, llegó al máximo tribunal luego de que una Corte de Distrito suspendiera la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar el programa CHNV. Este programa, que operaba mediante la aplicación CBP One y patrocinadores en Estados Unidos, permitió la migración legal y segura de miles de personas mediante un permiso temporal para vivir y trabajar en el país.
La administración Trump y sus aliados republicanos argumentan que el programa representa un abuso del sistema de parole —también llamado perdón a la deportación—, ya que permite a extranjeros permanecer temporalmente en Estados Unidos con autorización laboral. Por ello, a través del Departamento de Justicia, solicitaron a la Corte Suprema que tome una decisión inmediata sobre el caso, saltándose el procedimiento habitual de apelación ante una Corte de Apelaciones, en un mecanismo conocido como “Shadow Docket” o “expediente en la sombra”, utilizado para decisiones consideradas de emergencia.
Esta estrategia judicial ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, especialmente después de que la Corte Suprema permitiera recientemente a la administración Trump cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), poniendo en riesgo la permanencia legal de unas 350,000 personas. Según una portavoz de una organización proinmigrante, este nuevo caso podría afectar a medio millón de personas que actualmente cuentan con permiso humanitario bajo la administración Biden, incluso antes de que expire su vigencia.
El “Shadow Docket” se refiere a decisiones que la Corte Suprema emite sin el proceso habitual de deliberación pública, informes completos o audiencias orales, lo que limita la transparencia y el debate público. Aunque históricamente poco utilizado, este mecanismo ha sido empleado con mayor frecuencia desde la llegada de la administración Trump, para resolver disputas con fuerte carga política, como las relacionadas con el muro fronterizo, restricciones por la COVID-19 y ejecuciones federales.
Expertos y organizaciones como el Brennan Center for Justice advierten que el uso del “expediente en la sombra” para casos de gran impacto contradice los principios de transparencia y el Estado de derecho, ya que permite decisiones rápidas sin un análisis profundo ni participación pública.
El 14 de abril, una jueza federal en Massachusetts emitió una orden temporal que impide la terminación del programa CHNV, argumentando que retirar abruptamente el estatus legal y la autorización de trabajo a cientos de miles de personas no es de interés público y socava el Estado de derecho. Mientras tanto, la Corte Suprema evalúa la solicitud acelerada de la administración Trump para suspender esta orden y proceder con la cancelación del programa.
El programa CHNV, iniciado en 2022 y ampliado en 2023, buscaba ofrecer una vía legal y segura para la migración humanitaria de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, evitando cruces fronterizos irregulares y riesgos asociados. Su cancelación afectaría a miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo esta protección temporal.
La decisión de la Corte Suprema tendrá un impacto significativo en la política migratoria y en la vida de cientos de miles de migrantes que dependen de este programa para su estabilidad y seguridad en el país.
