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La Casa Blanca proclamó el mes de junio como el mes de la herencia de los inmigrantes. El reconocimiento ocurre mientras en el Congreso está estancado un proyecto de reforma migratoria y en medio del más alto índice de migrantes llegando a la frontera en 20 años. Informa Jorge Agobián.

Junio empieza con un reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos… El presidente Biden lo convirtió en una proclama.

“Ėl proclamó el mes del inmigrante el mes de junio para que de verdad se recuerde a cada persona, a cada estadounidense, que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo”.

Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que más allá del reconocimiento, también es un mes de llamado a la acción al Congreso, para aprobar una reforma inmigratoria, que presentó Biden a su llegada al poder.

“El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que va a tratar de trabajar con el Congreso, tenemos que llamar al Congreso, al Senado, para que de verdad tomen acción lo más rápido posible porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para volverse en ley”.

La Cámara de Representantes dió el visto bueno a parte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA, pero aún espera por la aprobación en el Senado, donde legisladores republicanos solicitan un compromiso para proteger la frontera.

“Queremos inmigración legal. Soy de un estado de inmigración. Pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera”.

El mes de la herencia del inmigrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. Miles de ellos, habían sido devueltos bajo el título 42, una regla instaurada durante el gobierno del presidente Trump, y que ahora la administración Biden ha modificado con la implementación de exenciones humanitarias.

El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse.