Migrantes de la caravana que atraviesa México reciben ayuda en el camino. Foto cortesía del Instituto Nacional de Migración de México.

CIUDAD DE GUATEMALA – Ante violentas acciones contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula, México, con la intención de llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican la situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados.

Ante el aumento del flujo migratorio el gobierno de México había dado a conocer que tiene activos unos 14.000 elementos de seguridad provenientes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Medios de prensa reportaron el domingo incidentes de violencia contra los migrantes por parte de la Guardia Nacional de México, algo que fue condenado después por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, dijo que “es triste, lamentable y totalmente cuestionable que se ponga a las fuerzas públicas para recibir a los flujos migratorios, cuando se sabe la complejidad de las crisis que esos migrantes enfrentan en sus naciones, como Nicaragua y Haití”.

Recordó además que no hay que olvidar que quienes integran la caravana buscan refugio por situaciones humanitarias.

“Son personas que estaban haciendo la gestión de asilo en el propio México y México no está atendiendo las solicitudes, solamente está deportando, al igual que lo está haciendo Estados Unidos, contrario a la promesa del presidente Joe Biden de poder restituir el sistema de asilo y refugio”, explicó Roldán.

Por su parte, el sacerdote José Luis González, coordinador de la Red Jesuita de Migrantes, considera que “no hay voluntad política y ese es el problema”.

“Lo que estamos observando es que se está provocando el sufrimiento de los migrantes conscientemente, es decir, todas las políticas que estamos viendo recientemente, como las deportaciones que vienen a la frontera El Ceibo o El Carmen, de personas de Honduras, El Salvador y Nicaragua, dejarlas tan lejos de sus países, eso es algo que nunca se había visto, incluso con gobiernos de Peña Nieto (México) y Donald Trump (EE.UU)”, recalcó.

El religioso señaló que estos migrantes estaban viviendo en Tapachula pidiendo ser recibidos, no están llegando con armas, ni entraron en la frontera con violencia, sino que después de meses de estar en Tapachula no ven otra solución más que caminar hacia el norte y “se les ha recibido con palos y patadas”.

“Esto demuestra una vez más que el sufrimiento de los migrantes no se debe a los ríos y los desiertos, se debe a las políticas migratorias”, agregó.

Tanto Úrsula Roldán como el sacerdote González consideran que los gobiernos deben implementar políticas públicas humanitarias, pero también la incorporación a programas de empleo y atención social en las regiones de donde están saliendo los migrantes, pues “es indignante la indiferencia que están mostrando”, aseguraron.

De momento autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto.

Por otro lado, el INM informó que fueron suspendidos de sus funciones dos agentes federales adscritos en el estado de Chiapas, por su actuación contra los migrantes y que no tolerará ninguna conducta que atente contra el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

Amnistía Internacional pidió en Twitter a México que «actúe con un enfoque humanitario ante la llegada de migrantes centroamericanos y haitianos que huyen de la violencia y crisis generadas por desastres naturales».

En respuesta al organismo, la Guardia Nacional respondió vía Twitter que han «aumentado los controles de supervisión para mejorar los procedimientos y prevenir abusos».

La Corte Suprema de Justicia ordemó día atrás restablecer el programa de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) o «Permanecer en México», pero el gobierno del presidente Joe Biden insiste en su desacuerdo con la medida.

“Se ha presentado una apelación a la decisión de la Corte de Distrito”, anunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el miércoles 24 de agosto ante los reporteros.