Florida impulsa polémico proyecto de ley que criminalizaría migración irregular

Imagen de archivo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante un acto de campaña en 2022 en Tampa, Florida./Foto: Reuters.

Grupos a favor de los inmigrantes avisan que el proyecto de ley contemplaría como una felonía de tercer grado a quienes transporten o convivan con personas sin documentos legales, y castigaría con penas de prisión.

MIAMI, EEUU — El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó ante el Senado estatal un polémico proyecto de ley para endurecer las políticas migratorias. Según el documento, al que tuvo acceso la Voz de América, se prohibiría expresamente a los gobiernos locales y condales destinar fondos para aquellas personas que no puedan acreditar un estatus legal en Estados Unidos.

También requeriría que los hospitales recolectaran información sobre el estatus migratorio de los pacientes a los que atienden para luego entregar estos datos trimestralmente al departamento de salud estatal.

El punto de este proyecto de ley, denominado SB 1718, que ha causado más indignación entre la comunidad migrante es el que señala que se castigaría penalmente a quienes transporten a personas indocumentadas o convivan con ellas siendo conscientes de que tienen un estatus irregular. Esa ley contempla esto como una felonía de tercer grado, punible con prisión.

¿Qué dice el proyecto de ley?

“Se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos”, señala el documento sobre ese aspecto.

Es por eso que muchas organizaciones proinmigrantes en Florida han estado protestando en los últimos días para expresar su rechazo a este proyecto de ley que, según dicen, “criminalizaría a la comunidad migrante” y “a las familias donde hay varios miembros sin documentación legal”.

Organizaciones proinmigrantes en contra

María Bilbao, coordinadora de American Friends Service, una organización que ayuda a los migrantes en el sur de la Florida, lamenta ante la VOA que “este proyecto de ley no tiene ni pies ni cabeza”, pero recuerda que tanto la Cámara de Representantes como el Senado estatales son de mayoría republicana, por lo que tendrían el respaldo suficiente para que esta legislación prospere.

“Esto no es algo en contra de las personas indocumentadas, esto es algo en contra de una persona que es residente legal o es ciudadana estadounidense”, afirma haciendo referencia al castigo que obtendrían las personas residentes o ciudadanas estadounidenses que estén con un indocumentado.

Y es que, según denuncian, con esta ley en marcha, si las autoridades descubren en su mismo vehículo a una persona indocumentada podría ser acusada de cargos por una felonía de tercer grado y podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Es decir, que esta ley no solo criminalizaría a los indocumentados en Florida, sino también a los ciudadanos estadounidenses ya que estar con alguien sin papeles se castigaría de la misma manera que los que poseen drogas o roban vehículos en el estado.

“Esto sería un delito grave, de 5 a 15 años de cárcel, para una persona que estuviera manejando con una persona indocumentada o que tuviera a una persona indocumentada en su casa, en su iglesia o su centro comunitario”, explica Felipe Sosa, director ejecutivo de Hope Community Center, quien vivió durante 15 años indocumentado en Estados Unidos.

Berta Sales, una activista indocumentada, ha estado saliendo a la calle en los últimos días para protestar contra esta ley. “Ron DeSantis no tiene el poder de deportar a nadie porque no es el gobierno federal, pero sí que tiene el poder de encarcelar a ciudadanos y residentes por el simple hecho de tener viviendo en su casa a un indocumentado o por transportarlo”, dice.

La mujer, que lleva más de 20 años sin documentos legales en Estados Unidos, se pregunta “qué van a hacer esos padres de familia que tienen que llevar a sus hijos indocumentados a la escuela” al tiempo que denuncia que “esto es un ataque directo a la comunidad migrante”.

Sonia Moreno, otra activista indocumentada, se tapó la boca con cinta adhesiva y se ató las manos para ejemplificar, según dice, el impacto que tendría esta medida entre la población.

“No nos vamos a callar, nos quieren quitar la voz, nos quieren atar de pies y manos. Es más, nos quieren llevar a todos presos y aquí todos somos inmigrantes”, decía Moreno durante una protesta organizada para expresar el rechazo a esta política.

El gobernador defiende que tiene el amparo legal para hacerlo

El gobernador de Florida, a pesar de las críticas suscitadas por estos grupos a favor de la migración, subraya que está utilizando el amparo legal para impulsar este tipo de medidas. “Florida está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de fronteras abiertas de (Joe) Biden”, escribió el gobernador a través de su cuenta de Twitter.

DeSantis asegura que este tipo de políticas buscan reducir el tráfico ilegal de personas por organizaciones criminales, a pesar de que en el proyecto de ley no incluye ninguna excepción para, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que ayudan a la comunidad migrante.

Ya al inicio de la legislatura estatal, que tuvo lugar hace poco más de un mes, DeSantis aseguró que la cuestión migratoria sería uno de los aspectos más importantes que abordaría a partir de ahora.

“Debemos endurecer aún más nuestras leyes contra la migración ilegal, mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal en Florida”, sostiene.

En las últimas horas, varios grupos religiosos de Florida se han sumado a estas protestas. Respaldados por la Iglesia católica, denuncian que esta propuesta legislativa es una “agresión contra la libertad religiosa” porque, según dicen, su misión únicamente es la de ayudar, en este caso a los indocumentados.

“Nosotros somos llamados por la Biblia a los inmigrantes y a los que necesitan ayuda. Eso es parte de nuestra fe”, agrega Felipe Sosa.

Prometen demandas

Los grupos proinmigrantes avisan que estas políticas podrían acabar marcando el camino a otros estados más conservadores con leyes parecidas y prometen llevar esta medida ante la justicia si finalmente recibe el respaldo de ambas cámaras estatales.

“Nosotros vamos a poner una demanda al gobernador, y vamos a ganar esta demanda”, dice María Bilbao.

Con todo, muchos de los activistas lamentan que el problema de fondo es que la cuestión migratoria es algo que no se ha abordado a fondo desde el gobierno federal y lamentan que, a pesar de los pedidos, no ha habido ningún acuerdo bipartidista para impulsar una legislación al respecto y regularizar a los 11 millones de indocumentados que se presume viven en la sombra en Estados Unidos.

“Es muy frustrante porque legislativamente no hemos podido lograrlo. Se necesitan los 60 votos (en el Senado) y nunca se llegan a los votos, y realmente es muy frustrante para los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que ahora tengamos que estar luchando contra estas medidas administrativas”, declara Bilbao convencida de que “la lucha sigue y no está muerto quien pelea”.

“Tiene la intención de presentarse a las elecciones presidenciales”

Algunos de ellos creen que detrás de esta “política anti-inmigrante” está la intencionalidad del gobernador de Florida para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 por el partido republicano, a pesar de que él no ha confirmado nada al respecto y, hasta el momento, siempre ha dicho que su objetivo es cumplir con el mandato de su gobernación.

“Quiere ser el candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 y por eso está presentando esta legislación, quiere ser el más extremista de todos, para atraer al ala más conservadora del partido para que le dé apoyo”, dice Thomas Kennedy, director de la Alianza de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés).