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La alcaldía y la policía de Minneapolis, bajo investigación por la muerte de George Floyd
La investigación está enfocada en revelar si la ciudad y el Departamento de Policía de Minneapolis tienen un «patrón del uso de la fuerza», incluso contra quienes ejercen su derecho a la protesta pública.
El procurador general de EE. UU., Merrick Garland, anunció una investigación contra el departamento de Policía en Minneapolis, la ciudad donde fue asesinado el afroestadounidense George Floyd en julio de 2020. Foto: Reuters
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la apertura de «una investigación de patrón o prácticas» para esclarecer la responsabilidad del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD, por sus siglas en inglés), así como de la alcaldía de la ciudad, en la muerte del afroestadounidense George Floyd durante un arresto en mayo del año pasado.
El anuncio se da solo un día después de conocerse el veredicto que encontró culpable de todos los cargos al ex agente de policía de Minnesota, Dereck Chauvin, por el asesinato de Floyd, mientras éste le suplicaba que le dejara respirar.
“La investigación que estoy anunciando hoy evaluará si el Departamento de Policía de Minneapolis se involucra en un patrón o práctica de uso de fuerza excesiva, incluso durante las protestas”, señaló en un comunicado el secretario de Justicia, Merrick Garland.
La nota indica que la pesquisa va a evaluar cómo se recurre al uso de la fuerza por parte de los agentes policiales en Minneapolis, así como si es usada “contra personas que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes al conocer la decisión del jurado que se trató de «un asesinato a plena luz del día».
El secretario Garland adelantó que la comunicación ya fue enviada al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el jefe del MPD, Medaria Arradondo, al fiscal municipal Jim Rowader, al coordinador municipal Mark Ruff y a la presidenta del Concejo Municipal, Lisa Bender.
Esta indagación está amparada en la Ley de Control y Aplicación de la Ley de Delitos Violentos de 1994. La misma impide a los gobiernos estatales y locales participar “en un patrón o práctica de conducta por parte de los agentes del orden que priva a las personas de los derechos protegidos por la Constitución o la ley federal”.
Fuente: Voanoticias.com
